INNOVACIÓN PÚBLICA EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Los controles de prueba aleatoria (RCT) constituyen el estándar más alto en materia de experimentación social. Se basan en la determinación aleatorio de un grupo sobre el que se aplica una serie de programas o políticas públicas cuya eficacia se quiere comprobar. Los resultados se comparan con los obtenidos en un grupo de con- trol, también elegido aleatoriamente en la población, atribuyendo las diferencias entre ambos a la política pública aplicada. Los laboratorios de comportamiento es otra de las modalidades de experimenta- ción que, aunque en menor medida que los RCT, también se han utilizado en el ámbito educativo. La aplicación de la economía del comportamiento a la experimenta- ción social intenta reproducir, en entornos controlados y aislados, las condiciones de respuesta conductual de personas que ac- túan como consumidores o usuarios de un determinado bien o servicio, evaluando su reacción a pequeños “incentivos” ( nudgets ) diseñados para modificar las conductas de las personas. El desarrollo de la experimentación en políticas educativas no está tan centrado en evaluar si un enfoque o intervención educativa es eficaz o no, sino en valorar su potencial para que dicha intervención pueda convertirse en política pública, e identificar las condiciones en las que debe escalarse a toda la población. • El conocimiento ciudadano, derivado de procesos de participación de la sociedad civil: en la medida en que la ciudadanía es el destinatario final de toda política pública, es relevante recoger la opinión de los ciuda- danos sobre sus necesidades y demandas, contrastar la evidencia y resultados con las expectativas y percepciones sociales, así como integrarlos en los procesos de diseño de las mismas. Incorporar ese conocimien- to, tan cercano al usuario final, permite ajus -
tar, facilitar y legitimar la implementación de las propuestas, acercándolas a verdaderas soluciones para la sociedad en su conjunto. La educación, como servicio público funda - mental, preocupa y ocupa a toda la socie - dad, y los procesos de participación pueden integrar diferentes agentes de la sociedad civil, según el objetivo de la política pública a diseñar (familias, organizaciones sociales, empresas, sindicatos, patronales, asocia - ciones, etc.). Pero entre todos ellos, el más fundamental -y a la vez olvidado- es el alum - nado, que, como destinatario final y último de las políticas educativas, precisan de procesos de participación infantil y juvenil que permitan recoger su conocimiento en algunas áreas e integrarlo en el diseño de propuestas.
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