Balance y propuestas de mejoras al PRTR

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA: BALANCE Y PROPUESTAS DE MEJORA

1.4. LA GESTIÓN DE LOS FONDOS Y SU PROCEDI- MIENTO ADMINISTRATIVO Teniendo en cuenta las fases del proceso ad - ministrativo del gasto público, existe un deca - laje importante entre el compromiso de gasto realizado y su ejecución efectiva. De acuerdo con este procedimiento, primero se autoriza el gasto, contando con crédito presupuestario suficiente. A continuación, se establece el compromiso de gasto, con deter- minación de su destino y condiciones de ejecu- ción, quedando disponible el crédito para ello. Tras la ejecución efectiva del gasto, se genera un reconocimiento de la obligación de pago del importe autorizado tras la comprobación de que se ha realizado lo previsto. Finalmente, se produce el pago efectivo del importe autori- zado, según el calendario de tesorería y dis - ponibilidad de fondos por parte de la entidad pública que ha gestionado el gasto. Dentro de este punto interesa especialmente destacar la diferencia existente entre los im - portes autorizados, los compromisos asumi - dos, las obligaciones reconocidas y los pagos efectivamente realizados, pues contar con una visión sobre todos estos aspectos resulta clave para valorar el estado de ejecución de los fondos. En este sentido, tal y como se puede comprobar en el gráfico a continuación, existe un decalaje entre los gastos autorizados y las obligaciones efectivamente reconocidas. A fecha de 31 de diciembre de 2023, y conside - rando el período entre 2021 y 2023, se habían asumido obligaciones por el 79 % del total del gasto autorizado (60.266 millones de euros respecto al total de 75.755), suponiendo esto el 68,01 % del total del crédito (88.614 millones de euros). Por su parte, considerando única - mente el último año, se han asumido obligacio - nes por el 72,27 % (20.587 del total de 28.484 autorizado), representando el 57,27 % del total del crédito para ese año.

Dentro de este bloque relativo a las comunida - des autónomas, cabe destacar igualmente la creación del nuevo Fondo de Resiliencia Auto- nómica, previsto en la Adenda por un importe de hasta 20.000 millones de euros, canali- zados a través de varios instrumentos finan - cieros gestionados por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para financiar inversiones sostenibles en las comunida- des autónomas. El Gobierno indica que «este fondo permitirá una gestión más flexible y con mayor capacidad de decisión por parte de las comunidades autónomas, cumpliendo así con la principal demanda de las Administraciones autonómicas». Recientemente, se han activado los primeros 3400 millones de este fondo, cuyos recursos se destinarán a las siguientes áreas priorita- rias de inversión sostenible: • vivienda social y asequible y regeneración urbana; • transporte sostenible; • competitividad industrial y de las pymes; • investigación, desarrollo e innovación; • turismo sostenible; • economía de los cuidados; • gestión de aguas y residuos y transición energética. Se trata de materias que son competencia de las CC. AA. y en las que estas podrán decidir qué líneas de actuación llevar a cabo dentro de cada una, pero no dispondrán de la capacidad de impulsar proyectos en áreas distintas, como ha sucedido, en general, en el conjunto del Plan de Recuperación.

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