EH3976 TAMPS 08OCT2025 WA

La paz y la seguridad comienzan con la rectitud / CONFUCIO

2/editorial

el horizonte

Miércoles 8 de octubre de 2025

ciado, la Profepa recoge animales y luego se desentiende de ellos?... ¡Ay’joléee!  Y bueno hablando del “animalis- mo”, pareciera que en el Congreso les importa más el maltrato animal a una osa enferma, que la recien- te muerte de un bebé derivado de la mala planeación y erráticas edifi- caciones urbanas en zona de mon- taña... Y es que desde que sucedió el supuesto maltrato de perritos en un centro de bienestar animal de Santa Catarina y luego el escánda- lo de la osa “Mina”, la mayoría de los diputados locales se han mon- tado a ese tema... Ah, pero en cambio, no han he- cho ni un triste exhorto, ni siquie- ra un punto de acuerdo, y mucho menos promovido una modifica- ción a la ley, tras el fallecimiento de un bebé en la colonia Bosques del Vergel, provocada por la caída de una barda en el vecino fracciona- miento Catujanes, al sur de Monte- rrey... ¡Tacha grande!  Ya para cerrar... Le cuento que el periodismo de Nuevo León está de luto. El lunes de esta semana falleció Facundo Ríos Leos, fotoperiodista de amplia trayectoria, cronista de la vida pública y testigo incansable de la historia legislativa del estado. En sus 80 años de vida, el experi- mentado y reconocido colega tra- bajó en medios impresos y radio- fónicos; y por ello ante esta parti- da terrenal, los diputados del Con- greso local le rindieron un pequeño y simbólico homenaje: durante la sesión de ayer guardaron un minu- to de silencio en su honor... ¡Que en paz descanse este apasionado de reportar la verdad!

t amaulipas

Seguridad y educación: el punto de quiebre en Tamaulipas

El encuentro entre Miguel Ángel Valdez García, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, y Willy Zúñiga García, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, REPRESENTA una reconfiguración del eje político en Tamaulipas.

 Estimado y fino lector, coincidi- rá conmigo que el tema de la pro- tección a los animales ha cobra- do tremenda fuerza, gracias a una ampliada conciencia por defender toda forma de vida... Tanto, que el tema ha sido fuen- te de arduo activismo en fechas re- cientes, gran indignación social, creación de políticas públicas... y también marco de algunas pugnas políticas... Es más, hay quien piensa -y cons- te que es un comentario que des- pierta pasiones y polémicas-, que la preocupación por los animales a veces llega a tener a tener más im- portancia que la preocupación por lo que le pasa a algunos seres hu- manos... ¡Upsss! Pero, ¡en fin!, le digo esto como marco de uno de los temas que hoy nos ocupan... Y es que la Fundación Invictus, organización a la cual enviaron a la osa Mina, la que tanto revuelo me- diático e indignación social ha ge- nerado, ahora está solicitando do- naciones para poder atenderla y darle una vida digna.... ¿Huhh? Luego que la Profepa le quitó el resguardo definitivo de la osa al Parque La Pastora —resguardo que ella misma le había otorgado—, la envió a la Fundación Invictus para “salvarla”... Peeeero... Pareciera, por la cam- paña de donaciones que hace, que dicha organización ¡no tiene re- cursos económicos para ayudar a Mina!... ¡Ups-y! La pregunta obligada es, ¿pues para qué se la dan a una organiza- ción sin recursos? ¿No checaron eso antes?.. O... ¿será porque, como se ha denun-

torno educativo y eleve las penas para quienes lo alteren o lo dañen. El diseño de una Ley Estatal para la Protección del Entorno Escolar, con sanciones diferenciadas y pro- tocolos de actuación obligatorios, podría marcar el siguiente paso de esta política pública. De poco servi- rá la coordinación entre Educación y Seguridad Pública si el Congreso no actualiza el marco punitivo. La prevención y la sanción deben coexistir: una construye confianza, la otra establece límites. El reto no está en la narrativa, sino en la ejecución. Capacitar a docentes implica crear una estruc- tura estable de seguimiento, eva- luación y reacción ante incidentes. La mayoría de las escuelas públi- cas carecen de infraestructura mí- nima de seguridad. Sin presupues- to, las capacitaciones quedan en el terreno de la simulación. El trasfondo político del encuen- tro es más amplio. La administra- ción estatal busca legitimidad des- de la eficacia. En un estado donde la violencia escolar y social se entrelazan, cual- quier avance tangible en protec- ción educativa puede traducirse en capital político. Villarreal sabe que la seguridad no se gana con patrullas, sino con confianza, y que la confianza se gesta desde las aulas. Tamaulipas está frente a un cam- bio de paradigma: entender que la educación y la seguridad ya no son campos separados, sino vasos co- municantes de una misma estra- tegia. Si esta política logra soste- nerse, el Estado podrá empezar a desmontar la violencia desde su raíz formativa. Si fracasa, quedará como otro intento burocrático de administrar el miedo.

ción del tejido social. Su discurso de educación humanista adquiere aquí una función operativa. Entendemos que la prevención escolar se convierte ahora en polí- tica de seguridad. Este enfoque in- terinstitucional corrige una fractura histórica: la disociación entre la for- mación educativa y la protección ciudadana. Sin embargo, la respuesta institu- cional no puede agotarse en la ca- pacitación docente, porque el Esta- do enfrenta un vacío jurídico en tor- no a las sanciones por violencia den- tro de las instituciones educativas. Los reglamentos escolares y las disposiciones administrativas care- cen de fuerza legal suficiente para disuadir agresiones graves, tanto físicas como psicológicas. Los casos de acoso, hostigamien- to o agresión entre alumnos, e in- cluso hacia docentes, se resuelven con medidas internas, sin conse- cuencias penales proporcionales. El Congreso de Tamaulipas man- tiene un papel pendiente: endure- cer el marco legal que sancione de forma ejemplar las conductas vio- lentas dentro del sistema educa- tivo. La violencia escolar debe asumir- se como un delito agravado cuan- do ocurre en instituciones forma- tivas. Es insuficiente la corrección dis- ciplinaria o el traslado de estudian- tes conflictivos. Se requiere legis- lación específica que reconozca la condición de vulnerabilidad del en-

No se trata de coordinación ad- ministrativa. Es una maniobra de reconstrucción institucional frente a un síntoma persistente: la violen- cia trasladada al espacio educativo. Durante años, los gobiernos esta- tales trataron la inseguridad esco- lar como una extensión del desor- den comunitario. Las escuelas fueron testigos de balaceras cercanas, amenazas en- tre estudiantes y acosos escalados a niveles de violencia física. Casos como el del CBTIS 119 en Ciudad Victoria en 2022, donde un alum- no ingresó armado al plantel, o los episodios de suspensión de clases en Reynosa por enfrentamientos, revelaron la ausencia de una políti- ca de prevención estructural. En Matamoros, una agresión den- tro de una secundaria técnica exhi- bió otro rostro de la violencia: la in- cubada dentro del aula. El acuerdo anunciado entre Edu- cación y Seguridad Pública es un intento por construir un sistema de defensa cívica desde el aula. La elaboración de una agenda de tra- bajo para la formación docente en prevención, autocuidado y protec- ción es una estrategia de conten- ción social, no solo educativa. El maestro se redefine como agente de prevención. La escue- la deja de ser receptora de daños y pasa a formar parte del dispositivo de seguridad pública. La instrucción política de Améri- co Villarreal es clara: desmontar la violencia mediante la reconstruc-

¡¡Yássas!!

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