La Revista Vivienda Infonavit es un espacio de difusión de análisis y opinión de temas sobre el sector vivienda y de otros relacionados con él. Dedicamos este número a la comprensión de la desigualdad de género en varios procesos relacionados con el acceso a una vivienda digna, así como las complicaciones que se han sumado debido a la contingencia por la COVID-19.
Convocatoria al Primer Premio de Economía Infonavit 2020
• Comprensión de las políticas públicas asociadas a la vivien- da en México. • Capacidad de argumentación para sustentar y justificar la propuesta de financiamiento ante el jurado evaluador. • Visión de corto, mediano y largo plazo del efecto esperado de acuerdo con el planteamiento del análisis. • Cumplimento de la estructura del documento planteado en las bases. • Calidad en la presentación y contenido del documento en términos de formato. • Los equipos podrán utilizar todas las herramientas tecnoló- gicas y de información que consideren, tales como bases de datos, modelos, documentos de investigación, etcétera. • Los participantes deberán hacer uso de la información del Sistema de Información Infonavit. 6. El jurado estará integrado por cinco miembros especialistas re- conocidos en economía, finanzas, seguridad social, desarrollo y políticas económicas de los sectores público y privado; así como por especialistas del Infonavit. 7. Fechas importantes para esta convocatoria: • Lanzamiento de bases y convocatoria: 19 de noviembre de 2020 • Inscripciones: 3 de diciembre al 22 de enero de 2021 • Período de aclaración de dudas: 3 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 • Fecha límite de entrega de documentación: 19 de febrero de 2021 • Publicación de finalistas: 5 de abril de 2021 • Sesión plenaria (presentaciones de finalistas y deliberación del jurado): 22 de abril de 2021 • Publicación de ganadores en la página de internet del Info- navit: 23 de abril de 2021
Financiamiento y acceso a la vivienda En México, poco más de 11 millones de personas enfrentan rezago habita- cional en sus viviendas; una problemática que se traduce en hacinamiento, precariedad o deterioro en sus componentes. Con la finalidad de abatir este rezago, así como la de crear espacios para que las y los estudiantes de nivel licenciatura profundicen y planteen soluciones sustentadas en el análisis técnico de los fenómenos que expli- can el mercado de la vivienda y el financiamiento hipotecario en nuestro país, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) convoca al Primer Premio de Economía Infonavit 2020. Temática Medidas de financiamiento y de política pública para impulsar el acceso a la vivienda en México, en particular para la población de menores ingresos. BASES 1. Podrán participar aquellas personas interesadas que se encuentren inscritas en programas de estudios de nivel licenciatura o equiva- lente en instituciones educativas de la república mexicana. 2. La participación será a través de equipos integrados por un míni- mo de tres y un máximo de cinco estudiantes, así como con un o una profesora; o bien, un estudiante de posgrado, quien fungirá como asesora o asesor. 3. Cada equipo entregará un ensayo no mayor a 5,000 palabras (sin incluir anexos) en el cual se realice un análisis del mercado hipotecario y de vivienda, y del rezago en la calidad de las vivien- das, que incluya propuesta de medidas de financiamiento o de políticas públicas para adquirir vivienda de calidad, en particular para la población de bajos recursos. 4. El ensayo de investigación deberá seguir el siguiente formato: • Resumen ejecutivo donde sintetice la propuesta planteada y el principal resultado en menos de 150 palabras. • Hipótesis de investigación. • Metodología. • Propuesta específica de medidas de financiamiento o de po- líticas públicas para el acceso a la vivienda. • Revisión de literatura. • Fuentes de información y estadística descriptiva. • Resultados. • Conclusiones. • Anexos. 5. Para llevar a cabo la evaluación de los ensayos y, en su caso, de las presentaciones, en cada una de las etapas del certamen los miem- bros del jurado calificador considerarán los siguientes criterios: • Planteamiento de una o varias propuestas de financiamiento o de política pública factible para el acceso a la vivienda adecuada. Se considerará la innovación, creatividad y facti- bilidad de implementación, entre otros aspectos. • Calidad de la investigación y del proceso de análisis. • Manejo de conceptos económicos y financieros, análisis de la información utilizada durante la presentación, las herra- mientas de análisis, solidez y congruencia de las respues- tas a las preguntas del jurado. • Comprensión de las características de los hogares en México y de las características y calidad de la vivienda en el país. • Comprensión de los mecanismos de financiamiento para la adquisición de vivienda.
Trabajadoras esenciales
8. Premios:
• Primer lugar: $30,000.00 para cada estudiante, $30,000.00 para la asesora o asesor, reconocimiento de participación y difusión en los canales de comunicación del Infonavit • Segundo lugar: $15,000.00 para cada estudiante, $15,000.00 para la asesora o asesor, reconocimiento de participación y difusión en los canales de comunicación del Infonavit • Tercer lugar: $10,000.00 para cada estudiante, $10,000.00 para la asesora o asesor, reconocimiento de participación y difusión en los canales de comunicación del Infonavit. 9. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios men- cionados en esta convocatoria. Nota importante: Al inscribirse, los participantes aceptan todas las condiciones establecidas en las presentes bases. Las bases del concurso y los anexos correspondientes para el desarro- llo del documento de investigación podrán descargarse a partir del 19 de noviembre en la siguiente liga: https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/ portal/infonavit.web/el-instituto/el-infonavit/premioEconomia/ Para cualquier duda referente al concurso, bases, requisitos, especificaciones técnicas y entregables, consulta el micrositio de esta convocatoria en www.infonavit.org.mx o escribe al correo info_cids@ infonavit.org.mx
01 Trabajadoras esenciales Por Boligán 06 Índice
CARTA EDITORIAL
Vivienda, exclusión de género y COVID-19
El derecho a la vivienda adecuada para la época de la COVID-19 y después: precisiones conceptuales e implicaciones para los grupos históricamente discriminados PorMario AlfredoHernández Sánchez 16 El mercado laboral mexicano en el primer mes de la contingencia por la COVID-19 Por Joana Cecilia Chapa Cantú 22 La vulnerabilidad de la vivienda como indicador del contagio comunitario ante la COVID-19 en México Por Carmen ArmentaMenchaca, Joaquín R. García V. y Alejandra PalaciosM. 38 Reactivación de la economía y el empleo, promoviendo el sector de desarrollo urbano y vivienda con equidad de género e inclusividad Por Paloma Silva de Anzorena 46 Las grandes tempestades generan grandes oportunidades Por Norma Gabriela López Castañeda 56 Inclusión financiera con perspectiva de género y el acceso de las mujeres al mercado de crédito a la vivienda en México Por Irene Espinosa Cantellano 68 Uso diferenciado del espacio urbano por razones laborales entre mujeres de distinto perfil demográfico. Análisis espacial en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) PorMalinalli Hernández Reyes
El año2020seráuna referencia significativa en lahistoria de lahumanidad. Lapandemiapor laCOVID-19ha tenido un impacto generalizado en la poblaciónmundial tanto en términos de salud como en términos económicos. Al cierrede este año todavíahaymucha incertidumbre sobre la duración de los efectos de la pandemia y sus conse- cuencias estructurales. Los gobiernos delmundo conti- núan trabajando arduamente paramitigar los contagios, desarrollar una vacuna eficaz y reactivar la economía. Asimismo, este año experimentó un conjunto de expresiones sociales legítimas a nivel global en contra de la desigualdad y la discriminación en términos de género, raza, condición social, entre otros, y un reclamo de justicia. Estas diferencias pueden incluso exacerbarse con la crisis sanitaria, pues la propia pandemia ha afectado demaneramás pronunciada a la población vulnerable. La revista Vivienda Infonavit es un espacio de difusión de análisis y opinión de temas sobre el sector vivienda y de otros relacionados con él. Es imperativo reflexio- nar sobre la coexistencia de las problemáticas sociales y sanitarias y su impacto sobre la sociedad. Por ello dedi- camos este número a la comprensión de la desigualdad de género en varios de los procesos que están íntima- mente relacionados con el acceso a una vivienda digna, así como las complicaciones que se han sumado debido a la contingencia por la COVID-19. En este número se publican artículos escritos en su mayoría por mujeres que analizan la brecha de género desde distintas perspectivas. En los últimosmeses se han potenciado las desigualdades en el mundo entero, espe- cialmente en las actividades realizadas tradicionalmente por mujeres y niñas. Carina Arvizu escribe sobre ello en “Ciudades cuidadoras y vivienda”, donde advierte que se necesitará un gran esfuerzo colectivo desde la empatía urbana para superarlas. A estas alturas sabemos que existe una estrecha relación entre las cualidades físicas de las viviendas y su vulnerabilidad ante la propagación del SARS-CoV-2. Por ello resulta valioso el análisis de un índice multidi- mensional en el que se localicen los municipios donde las viviendas representan un riesgo para las personas,
como se expone en el artículo de María del Carmen Armenta y colaboradores. La inclusiónfinanciera ha demostrado ser una herra- mienta efectiva tanto para combatir las desigualdades socioeconómicas como para detonar el desarrollo eco- nómico. No obstante, lasmujeres enfrentan numerosos obstáculos para acceder a financiamiento formal, en par- ticular para la adquisición de vivienda. Irene Espinosa, subgobernadora del Banco deMéxico, aborda estas pro- blemáticas en su texto “Inclusión financiera con pers- pectiva de género”, donde además identifica áreas de oportunidad para la formulaciónde políticas públicas que permitan garantizar el acceso igualitario paramujeres y hombres en el ámbito financiero. La falta de acceso al financimiento, así como la inequidad salarial, han propiciado que las mujeres par- ticipen y conduzcan proyectos de autoconstrucción. En el artículo “Historias de mujeres en autoproducción de vivienda”, ElenaV. V. Solís Pérez recupera los pormenores de este proceso, poniendo en evidencia las peculiarida- des del rezago cualitativo en materia de vivienda, de la realización de esta práctica con asesoría en proyectos personalizados y de la participación de la familia en la toma de decisiones. En el artículo “El mercado laboral mexicano en el primer mes de la contingencia” Joana Chapa analiza las características socioeconómicas de la población ocupada enMéxico durante el primermes de la contingencia sani- taria. Dicho análisis calcula el impacto económico de la reduccióndel ingreso de las y los trabajadores que durante abril estaban en suspensión temporal de actividades. El tema en sí es tan extenso y se interrelaciona con tantas otras problemáticas sociales que resulta impo- sible resumirlo en unas cuantas líneas. Sólo nos queda enfatizar que la contingencia que atravesamos afecta a la población de forma sumamente diferenciada, pues recrudece problemas que ya estaban presentes antes del 2020. De no actuar ahora, las consecuencias sobre la des- igualdad podrían ser peores en presencia de la pandemia, y la forma en que podremos reducir sus efectos negativos es cerrando la brecha de género.
76 Forma urbana y vivienda en México
Por Roberto Ponce López, Diego Fabián Lozano García, Sebastián Fajardo Turner, Pedro Pacheco Solano y Alicia Sofía Landín Quirós 94 Ciudades cuidadoras y vivienda: un camino hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres Por Carina ArvizuMachado yMaira Gabriela Jurado Gutiérrez 100 La nueva cara de la política de vivienda en México rumbo al 2036 Por Yolanda FernándezMartínez 112 Historias de mujeres en autoproducción de vivienda Por Elena V. V. Solís Pérez 122 Arquitectas pioneras en México: mujeres que han hecho ciudad PorMaría Eugenia Hurtado Azpeitia
CarlosMartínez Velázquez Director General del Infonavit
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Vivienda Infonavit • NOVIEMBRE 2020
Colaboradores
Directorio
► ► CARMEN ARMENTA MENCHACA Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayec- toria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la prác- tica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privi- legiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemáti- ca de vivienda en los sectores de pobla- ción históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey. ► ► CARINA ARVIZU MACHADO Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Econo- mic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desa- rrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu). ► ► JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universi- tat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universi- dad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Cen- tro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Inves- tigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vincu- ladas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuen- ta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas. ► ► IRENE ESPINOSA CANTELLANO Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgo- bernadora del Banco de México, convir- tiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció
CarlosMartínez Velázquez Dirección General
con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organis- mos financieros internacionales. ► ► SEBASTIÁN FAJARDO TURNER Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS Estudiantes de noveno semestre de Inge- niería en Desarrollo Sustentable del Tec- nológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investiga- ción en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.
Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelo- na para la revisión metodológica de su investigación doctoral. ► ► MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Univer- sidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Internacionales, también por la Univer- sidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Opera- ción y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).
para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.
Carlos Javier Gutiérrez Ruiz Dirección Sectorial Empresarial
► ► ROBERTO PONCE LÓPEZ Doctorado en Estudios Urbanos y Pla- neación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profe- sor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo. ► ► PALOMA SILVA DE ANZORENA Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmen- te labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desem- peñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de adminis- tración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedráti- ca con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría. ► ► ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en orga- nismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.
MarioMacías Robles Dirección Sectorial de los Trabajadores
► ► NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA
Rafael Riva Palacio Pontones Comité Ejecutivo Nacional
Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maes- tra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Institu- to Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Adminis- tración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia. ► ► DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA Biólogo egresado de la Facultad de Cien- cias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Depar- tamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano. ► ► PEDRO PACHECO SOLANO Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investi- gación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey. ► ► ALEJANDRA PALACIOS M. Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica
Rogerio Castro Vázquez Secretaría General y Jurídica
Óscar Vela Treviño Subdirección General de Planeación Financiera y Fiscalización
Rodrigo Gutiérrez Porter Villegas Subdirección General de Crédito
Alicia Barrientos Pantoja Subdirección General de Administración de Cartera
► ► YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Luis César Priego Valdez Subdirección General de Administración y Recursos Humanos
Doctora en Arquitectura por la Universi- dad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Univer- sidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeña- do tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desa- rrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitec- tura de la FAUADY. Sus áreas de investi- gación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos. ► ► JOAQUÍN R. GARCÍA V. Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se des- empeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey. ► ► MALINALLI HERNÁNDEZ REYES Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efec- tos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma insti- tución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el
► ► MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA
Salvador Raúl González Reyna Subdirección General de Tecnologías de la Información
Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Uni- versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diver- sos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Mag- dalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social - FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asocia- ción Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.
Agapito Dominguez Lacroix Subdirección General de Operaciones
Gustavo Rivera Loret deMola Subdirección General de Comunicación
Laura AliciaMéndez Rodríguez Contraloría General
José Francisco Baños Gamboa Coordinación General de Riesgos
Manuel Alberto Victoria González Coordinación General de Valores
Vivienda Infonavit Año 4, número 1, noviembre 2020, es una publicación editada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Barranca del MuertoNo. 280, Col. Guadalupe Inn, AlcaldíaÁlvaroObregón, Ciudad deMéxico, C.P. 01029, Teléfono 5553226688, editora responsableMónicaAdriana LedónRuiz. Vivienda Infonavit es unaMarcaRegistrada otorgada por el InstitutoMexicano de la Propiedad Industrial Registro 1739678, Reserva deDerechos al UsoExclusivoNúmero04-2018-012409540600-102, otorgado por el InstitutoNacional del DerechodeAutor, ISSN2594-0767, Certificado de Licitud de Título y Contenido Número 17162, Impresa en Infonavit. Este número se terminó de imprimir en noviembre 2020 con un tiraje de 100 ejemplares. Diseño editorial: LaAldea. Edicióny diseño. Bajo control del Infonavit.
► ► MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ
Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estu- dios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones
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Vivienda Infonavit • NOVIEMBRE 2020
El derecho a la vivienda adecuada para la época de la COVID-19 y después: precisiones conceptuales e implicaciones para los grupos históricamente discriminados
La COVID-19 ha revelado desigualda- des previamente constituidas que han generado afectaciones diferenciadas en la manera de experimentar la pandemia, enparticular en los grupos históricamen- te discriminados. Entre otros motivos, porque las personas que los integran tie- nen más probabilidades de padecer las formas más graves de la enfermedad por sus características y dinámicas sociales; pero también porque son ellas quienes, al recluirse para mantener el distancia- miento social, se hanhallado enviviendas que no resultan seguras ni aptas para la satisfacciónde las necesidades de las y los integrantes de las familias. Así, la pande- mia se instaló enMéxico enmediode una pronunciada desigualdad en la manera de ejercer adecuadamente el derecho a la vivienda y, por lomismo, ha acentuado la importancia de imaginar y materializar, enel futuro próximo, las condiciones para atenuar esta situación. El propósito de este texto es utilizar el derecho a la no discriminación como dis- positivo teórico para analizar de manera general las características de lo que sería una vivienda inclusiva, segura y apta para la convivencia armónica en el contexto de la pandemia por la COVID-19 u otras emergencias sanitarias similares. Para ello, en primer lugar, mostraré la importan- cia del paradigma de los derechos huma- nos —en específico el que se refiere a la no discriminación—, con el objetivo de lograr la tarea fundamental que Amartya Sen identifica como responsabilidad de los Estados en contextos de riesgo: evitar
que los desastres naturales se conviertan en catástrofes sociales. Después anali- zaré algunas de las afectaciones al dere- cho a la vivienda que se han visibilizado enMéxico durante la pandemia, desde la perspectiva que aporta el reconocimiento del carácter estructural de la discrimina- ción, depositada sobre ciertas personas y grupos. Finalmente ofreceréunapropuesta de lo que implica el derecho a la vivienda adecuada y una vivienda inclusiva para la época de la COVID-19; un período que parece se extenderá demanera indefinida hasta que no exista una vacuna o trata- miento universalmente disponibles. No discriminación, desastres naturales y catástrofes sociales A lo largo de su obra, Amartya Sen se ha interesado por las condiciones sociales y políticas que permiten, enel largoplazo, la continuidadde los regímenes democráti- cos (2003). Senes originariode India, uno de los países conmayores riquezas natu- rales y capital humano, pero también con grandes estratificaciones sociales asenta- das tantoen la tradicióncomoensuheren- cia colonial. En su trabajo académico, Sen se ha preguntado con frecuencia acerca de las razones quepermitenqueuna sociedad observe a la democracia como una forma de gobiernoque vale la pena apoyar, inclu- so si sus instituciones son imperfectas y muygradualmentevanelevando lacalidad de vida de la ciudadanía. Su respuesta, articuladamás omenos desde inicios del sigloXXI, es que la democracia es el único
POR MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
La pandemia de la COVID-19 ha hecho patente que no basta con tener un techo para guarecerse, sino que, además, se necesita que sea adecuado para realizar en su interior las actividades que, en un evento como el confinamiento voluntario, no estaban contempladas originalmente en la elección y arreglo del espacio. Esta crisis es una oportunidad para evaluar la complejidad del derecho a la vivienda adecuada, su importancia generalizada y las necesidades de ciertos grupos para evitar revictimizaciones a causa de la discriminación.
► ► El autor es doctor en Humanidades, con espe- cialidad en Filosofía Moral y Política. Puede ser contactado en el correo electrónico: marioalfredo. hernandez.s@uatx.mx
6 RVI • año 4, número 1 • noviembre de 2020 • 10 páginas • ISSN 2594-0767 • Infonavit, México
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régimen de gobierno capaz de proteger a las personas frente a contingencias naturales y sociales, dado su compromiso con la partici- pación igualitaria, la promoción de un pen- samiento crítico y la centralidad que otorga a los derechos humanos como vía de acceso a la justicia (Sen, 2005: 148-151). Participar políticamente ypensar el interés comúnmás allá de la tradicióny los prejuicios implica, de acuerdo conel economista indio, que las per- sonas tengamos condiciones de vida estables yqueno cedamos a la tentacióndepensar que tanto las desigualdades como las violencias son naturales o, incluso, merecidas (2007). Enesta tarea y en contextos de inestabilidad, los derechos humanos son también elmedio para restaurarmínimos vitales que sepueden perder por causas ajenas al control humano (Sen, 2009: 355-387). En Desarrollo y libertad (2000), Amartya Sen establece una distinción fundamental para evaluar lamanera en que unEstado res- ponde a contingencias como sismos, huraca- nes o, también, pandemias. Por una parte, si existe la institucionalidad de protección civil, redistribución de bienes básicos y garantía de servicios fundamentales como salud y educación, entonces estamos frente a una democracia que puede contener las conse- cuencias previsibles para los grupos sociales menos aventajados de los fenómenos naturales imprevisibles. Por la otra, si no existe dicha institucionalidad y las personas no tienen la certeza sobre cómo reaccionar, o acerca de si sus derechos serán protegidos durante y des- pués de la emergencia, los desastres naturales devienen en catástrofes sociales . “La desigual- dad desempeña un importante papel en el desarrollo de las hambrunas y otras graves crisis. De hecho, la ausencia de democra- cia es en sí misma una desigualdad, en este caso de derechos y poderes políticos” (Sen, 2000: 203). Para Sen, la diferencia entre los Estados que protegen a su población en contextos de desastre natural y los que no lo hacen tiene que ver, incluso, con lamirada compleja que se tiene sobre la agencia y capacidades de las personas. No sólo se trata de que existan libertades formalmente garantizadas y de que los servicios básicos continúen operando durante la emergencia, sino sobre todo de que los gobiernos intervengan cuando existen contextos previos de desigualdad desde los
que cada persona hace uso de dichas liberta- des y servicios. Por ejemplo, lasmujeres que son jefas de familia podrían experimentar dificultades para mantener sus empleos y procurar alimento a sus familias; las personas con discapacidad podrían tener dificulta- des para transitar por espacios que siempre han habitado, pero que han experimentado cambios físicos por temblores o el estable- cimiento de albergues temporales; o niñas y niños podrían ver interrumpida su asis- tencia a la escuela o ser obligados a adoptar modalidades de educación a distancia que sus familias podríanno estar preparadas para resolver en casa. Así, para Amartya Sen sólo los Estados democráticos constituyen redes de protección institucional en cuyo contexto las personas pueden amortiguar las afec- taciones a sus libertades y su capacidad de hacer un uso efectivo de ellas, con indepen- dencia de sus características identitarias o adscripciones grupales. Evitar que los desastres naturales deven- gan catástrofes sociales es “una importante parte del proceso de desarrollo concebido como libertad, pues implica la mejora de la seguridad y de la protección de que disfrutan los ciudadanos. La conexión es tanto consti- tutiva como instrumental” (Sen, 2000: 231). Así, y de acuerdo con Sen, los Estados demo- cráticos asumen un fuerte compromiso con los derechos humanos, porque constituyenun catálogo de protecciones relacionadas con el valor absoluto e innegociable de ladignidadde la persona, mismas que se van precisando en contextos particulares de desigualdady riesgo, como los que definen los desastres naturales. Incluso si los derechos no se han realizado de manera completa, y frecuentemente se use la crítica sobre que éstos no han podido evi- tar catástrofes sociales en el pasado, su valor como aspiraciones éticas universales que requierencambios institucionales permanece como orientaciónpara la política real. Por eso, los derechos humanos puedenmotivar dife- rentes vías para la acción, “desde la legislación e implementación de leyes adecuadas hasta la promociónde la solidaridad entre personas y la protesta pública contra las violaciones a esos mismos derechos” (Sen, 2009: 366; la traducción esmía). De entre estos derechos, el que se refiere a la no discriminación se ha constituido como central en el paradigma garantista
contemporáneo. En este sentido, la experiencia histórica de atrocidades y exclusiones depositadas durante el siglo XX sobre grupos delimitados por la etnia, la cultura, la religión, la opinión política u otras caracterís- ticas seleccionadas arbitrariamente, mostró que, en lamodernidad, la uni- versalidad de los derechos humanos quedó vinculada con la ciudadanía. Así, la titularidad de derechos se condicionó a ser reconocida la per- sona como integrante plena, en algu- nas ocasiones por nacimiento, de la comunidad (Bobbio, 1991: 37-52). Por esta razón, la construcción del Sistema de Naciones Unidas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial colocó al derecho a la no discriminación como el ele- mento fundacional en la redefini- ción del paradigma de los derechos humanos para el mundo contem- poráneo. De hecho, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 señala que todas las personas tienen, sin distinciones arbitrarias, el derecho a un nivel de vida adecuado, tanto para ella como para su familia, inclu- yendo la alimentación, el vestido, la asistencia médica, la vivienda y el acceso a seguros en caso de des- empleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otras situaciones que les impidan tener medios de subsistencia y que resulten ajenas a su voluntad (Bobbio, 1991: 47-52). Con frecuencia, este principio ha sido invocado para recordar a los Estados la importancia de proteger sin discriminación a las personas en contextos que afectan su calidad de vida y seguridad humana demanera superlativa, como los desastres natu- rales y las catástrofes sociales. Es decir, se reconoce que el derecho a la no discriminación se vuelve una herramienta fundamental en esta tarea, pues no todas las personas experimentan estas afectaciones de la misma forma ni cuentan con los mismos recursos para remontarlas (Hernández, 2019).
Una de las medidas para evitar enfermar de la COVID-19 es el lavado frecuente de manos y la sanitización constante de los espacios comunes. Ambas acciones implican contar de manera permanente con la cantidad de agua suficiente
En el orden internacional, refle- jado e incorporado en la normati- vidad mexicana, el derecho a la no discriminación consta de dos ele- mentos. El primero, alineado con la idea de igualdad formal, lo caracte- riza como el derecho a recibir un trato homogéneo y sin distinciones por parte de las leyes y las instituciones; mientras que el segundo, vinculado con la noción de igualdad sustan- tiva, y de manera complementaria, lo define como el derecho a recibir un tratamiento diferenciado con fines incluyentes e, incluso, compensa- ciones por el historial acumulado de discriminaciones inmerecidas (Rodríguez, 2006: 28-30). Así, el derecho a la no discrimi- nación se desdobla en un enfoque igualitario que implica despejar de obstáculos literales, simbólicos y actitudinales para que todas las personas puedan acceder en igual- dad de circunstancias a los mismos derechos y oportunidades; y también en un enfoque diferencial para reco- nocer los contextos particulares de desigualdad y plantear las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas necesarias para revertir la desigualdad históricamente acu- mulada sobre sectores específicos. Ambos enfoques permiten lidiar con una discriminación que ahora
se reconoce como estructural, por- que se fundamenta en un sistema de relaciones de subordinación previa- mente constituido al nacimiento de la persona; se acumula a lo largo del curso de la vida e intergeneracional- mente; y, además, porque traslada las dificultades para acceder a derechos y oportunidades de un subsistema social (por ejemplo, el que define el derecho a la educación) a otro (como el empleo) (Solís, 2017: 33-38). No es posible reconstruir aquí la riqueza de este enfoque igualitario y diferencial que posibilita la perspec- tiva de no discriminación. Baste con señalar algunas de sus consecuen- cias para la lectura de las diversas maneras en que los grupos históri- camente discriminados han experi- mentado afectaciones a su derecho a la vivienda como consecuencia de la pandemia de laCOVID-19 enMéxico (Conapred, 2020) y, por tanto, por- que el derecho a la no discriminación es fundamental para evitar, como quiere Sen, que los desastres natu- rales se vuelvan catástrofes sociales. El derecho a la vivienda
y la pandemia de la COVID-19
El pasado 27 de febrero se detectó el primer casodeunapersonaportadora del virus SARS-CoV-2 en territorio
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nacional, casi dosmeses después deque laOrga- nizaciónMundial de laSalud (OMS) declarara la emergencia de pandemia. El consenso de la comunidad científica internacional, desde ese momento, fue que se trataba de un virus altamente contagioso; transmitido incluso en ausenciade síntomas; que genera afecciones en el sistema respiratorio; y que podía ser fatal en el caso de personasmayores, mujeres embara- zadas o con alguna condiciónde salud crónica como obesidad, diabetes, insuficiencia renal o enfermedades cardiovasculares. Por eso se recomendó el distanciamiento social como la principal medida para mitigar la transmisión (Ramos, 2020). Esto ha significado un trasto- camiento en la forma de vida de la población a nivelmundial conefectos económicos, políticos ypsicosociales que apenas estamos empezando a calibrar. Quizá elmás tangible sea lamigración de la mayor parte de las actividades laborales, educativas y recreativas a los hogares, así como la urgencia de adaptar estos espacios para la convivencia de personas con distintas carac- terísticas ynecesidades (ONU, 2020). Esto en el entendido de que, en países como México, con economías precarias y un gran sector de la población trabajando de manera informal y sin salario ni seguridad social permanen- tes, quedarse en casa y protegerse del contagio representan un privilegio (Martínez, Torres y Orozco, 2020). Entonces, ¿cómo hacer para que el derecho a una vivienda adecuada se pueda ejercer sin discriminación en el contexto de la pandemia? Los elementos estructurales de este derecho, de acuerdo con las Observaciones General Número 4 (ONU, 1991) y la General Número 7 (ONU, 1997) del Comité de lasNacionesUnidas deDerechos Económicos, Sociales yCulturales, son, por una parte, libertades, y, por el otro, vín- culos con otros derechos. En este sentido, el derecho a la vivienda adecuada se compone de la protección contra el desalojo forzado y la destrucción arbitraria del hogar; la protección frente a la interferencia arbitraria en el hogar, la privacidad y la familia; y la posibilidad de elegir el lugar de residencia, su constitución, circular adecuadamente por la vivienda y el entorno, así como desarrollar en este espacio las actividades que promuevan la calidad de vida y la seguri- dad humana. El derecho a la vivienda también implica otros derechos como la tenencia de la propiedad, poder reclamarla y ser restituida la persona frente a despojos o cuestionamientos
de su titularidad, acceder a ella y habitarla sin discriminación, y la prerrogativa de participar en las decisiones comunitarias, nacionales e internacionales que la pueden afectar (ONU Hábitat, 2020). Como puede apreciarse, el derecho a la vivienda adecuada no sólo se refiere a la infraestructura y su funcionalidad, sino que implica visualizarla como el espacio complejo en el que la persona, su familia y comunidades deberían poder interactuar y desarrollar acti- vidades tanto de autocuidado como de cuidado de las y los demás, con dignidad, libertad, auto- nomía y privacidad. Con frecuencia, el derecho a la vivienda se reduce a la obligación de los países a habilitar planes para la construcción de casas de interés social, a bajo costo o que permitan la rehabilitación y recuperación de espacios públicos y comunes antes precari- zados o privatizados. No obstante, y frente a lo que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha calificado como la peor crisis en materia de vivienda de la historia —por su conversión enmotivo de especulación financiera que acentúa las desigualdades—, se plantean responsabilidades públicas para que, sobre todo, se generen las capacidades de agencia y mecanismos para la expresión de la voluntad que permitan a las personasmejorar las casas que ya existen, incluso si eso significa contener y regular la injerencia de los poderes fácticos (ONU, 2020a). La pandemia de la COVID-19 ha hecho patente que no sólo se necesita tener un techo para guarecerse, sino que debe ser adecuado también para las actividades que la persona podría verse obligada a desarrollar en casa y que no estaban contempladas al momento de elegir y organizar originalmente el espacio. El distanciamiento social ha convertido a la casa en el ámbito único donde se habita, descansa, trabaja, se brinda y recibe educación, se realiza ejercicio físico, se accede a bienes culturales, se procura apoyo y cuidado a quienes lo necesitan (por su edad, condición de salud o discapaci- dad) y se cultivan a la distancia los vínculos familiares y afectivos, entre otras funciones relevantes. “La vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa contra el corona- virus. Tener un hogar, ahora más que nunca, es una situación de vida o muerte”, afirmó en marzo de 2020 Leilani Farha, relatora espe- cial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada (ONU, 2020b). Como
ocurre con otras coyunturas políticas y sociales, la pandemia de la COVID- 19 es una oportunidad para evaluar la complejidad del derecho a la vivienda adecuada, su importancia genera- lizada y las necesidades de ciertos grupos para evitar revictimizaciones a causa de la discriminación. 1 La precariedad que define a este derecho en el mundo contemporá- neo se contextualiza no sólo por la pobreza o las fluctuaciones del mer- cado inmobiliario que únicamente benefician a los grandes inversores, sino sobre todo por la reducción del derecho a la vivienda a un servicio que estratifica su acceso en condi- ciones dignas, seguras e igualitarias. La gentrificación, la disminución de la inversión pública en vivienda armónica con el entorno, la ausen- cia de infraestructura que favo- rezca la movilidad, la especulación financiera, la corrupción y la falta de regulaciones óptimas en rela- ción con el suelo, los megaproyec- tos o la protección de las dinámicas comunitarias son todos fenómenos previos a la pandemia que han difi- cultado aúnmás la posesión de una vivienda adecuada para los retos que genera la época de la COVID-19 (Cole et al. , 2020). A continuación se enlistan, de manera no exhaustiva, algunos de los contextos de discriminación par- ticulares que ahora afectan el dere- cho a la vivienda: ► No toda la información sobre la naturaleza de la enfermedad, formas de contagio, medidas de prevención y opciones de tratamiento médico se ha ofrecido en formatos accesi- bles para personas con discapacidad (interpretación en lengua de señas mexicana, subtitulado electrónico demensajes videográficos, versiones de lectura fácil o en sistema braille) ni con pertinencia cultural (con tra- ducción a lenguas indígenas y adap- tada a las cosmovisiones y dinámicas de integración de los pueblos origi- narios). La consecuencia es que en una misma casa podrían convivir
personas que no cuentan con toda la información para cuidarse a ellas mismas y a las otras personas en caso de contagio o enfermedad. ► Por un tiempo indeterminado se ha obligado a lamayoría de las perso- nas con trabajos formales a realizar- los por vía remota desde la vivienda, sin verificar la disponibilidad o habi- litar este espacio por parte de quienes les emplean, con acceso a internet y otras condiciones que faciliten el desarrollo de estas actividades sin distracciones o que permitan la con- ciliación de la vida laboral y la vida familiar. El resultado es que la casa se ha vuelto un espacio donde las per- sonas tienen que trabajar y, por ello, se han visto obligadas a adecuarlo con sus propiosmedios, incluso ocu- pando habitaciones omobiliario que originalmente estaban destinados a otras funciones o al uso común. ► También por un período impre- ciso, la educación se ha desplazado a la casa con apoyo de la conecti- vidad a internet, los recursos de la educación a distancia y, en gene- ral, de las tecnologías de informa- ción y comunicación. Personas de todas las edades, niveles educativos diversos y necesidades de capacita- ción para el trabajo han tenido que adecuar habitaciones destinadas al descanso, convivencia o recreación para no verse forzadas a interrumpir su formación. Aquí de nuevo apare- cen las estratificaciones: dado que no hay un acceso a internet gene- ralizado respaldado por el Estado y dado que la vivienda se ha redu- cido a la infraestructura mínima, tendrán mejores resultados educa- tivos las familias que puedan asu- mir los costos y adaptar este espacio común a las necesidades de quienes lo comparten. ► Las casas han integrado dinámicas de sanitización e higiene paraman- tenerse como espacios seguros, tales como la desinfección de objetos de uso común, vigilancia de síntomas posibles de la enfermedad y distan- ciamiento social de las personas de
A propósito de la accesibilidad Antes de avanzar, conviene señalar de manera breve la importancia que la pan- demia de la COVID-19 ha revelado acerca de la accesibilidad como elemento funda- mental de la vivienda inclusiva y asequible sin discriminación. Se trata de un término
11 En este sentido, el derecho a la accesibilidad beneficia a las personas con discapacidad per- manente, pero también a las personas con disca- pacidades temporales, a las personas mayores, a las mujeres embarazadas o con hijos pequeños que requieren apoyos de movilidad. La mayoría de estos recursos se han descubierto como necesarios ahora que personas con distintas necesidades en relación con la movilidad, sensorialidad e intelec- ción pasan tanto tiempo en la misma vivienda. En consecuencia, la pandemia es una coyuntura que reafirmaría a la accesibilidad como eje de la política pública que busca acortar las brechas de desigualdad en materia de vivienda y entre los grupos históricamente discriminados. que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha definido, en su artículo 9, como el derecho de todas las personas a acceder y utilizar en igualdad de condiciones el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidas las tecnologías para estos propósitos. Como ha señalado Christian Courtis, probablemente es uno de los derechos —junto con el derecho a la vida independiente y la inclusión en la comunidad— que surge en el contexto del modelo social de la discapacidad, dirigido específicamente a proteger a esta población, pero que tiene implicaciones para todas las personas que deben poder vivir en un mundo y en viviendas que se adapten a sus necesidades y corporalidades (Courtis, 2007). El ejercicio de este derecho implicaría la identi- ficación de aquellos obstáculos y barreras, de tipo literal y metafórico, que excluyen la presencia y la proximidad de las personas con discapacidad respecto de bienes primarios como los que se refieren a la salud, la educación, el empleo, la seguridad social o la procuración de justicia o, en este caso, la vivienda. Por eso resultan funda- mentales los recursos como rampas, elevadores, barandales y espacios reservados para personas con discapacidad motriz, el sistema braille y la traducción al lenguaje de señas mexicano que benefician a las personas ciegas y sordas, o las versiones en lectura fácil que sirven de apoyo a las personas con discapacidad intelectual.
Las casas han integrado dinámicas de sanitización e higiene para mantenerse como espacios seguros, tales como la desinfección de objetos de uso común, vigilancia de síntomas posibles de la enfermedad y distanciamiento social de las personas de la comunidad inmediata
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Características de la vivienda inclusiva
la comunidad inmediata. Más aún, cuando una persona debe aislarse por sospecha, confirmación de estatus de portador o desarrollo de la COVID-19, se han tenido que encontrar maneras de que esto no afecte al resto de habitantes. No obstante, la realidad es que, en la mayo- ría de las casas enMéxico, no hay disponibilidad de un baño que pueda usar exclusivamente la persona que debe aislarse o una habitación en la que pueda evitar la interacción con otras y otros. El resultado es que, pormás que sus integrantes adoptenmedidas de autocuidado e higiene, la falta de una vivienda adecuada para el cuidado de la salud constituye un riesgo común. ► La discriminación y violencia por género se ha acentuado como consecuencia del confinamiento. Históricamente, las mujeres han asumido las tareas
una infraestructura adecuada permite que este líquido llegue de forma constante y tenga las características de salubridad adecuadas para los diversos usos. Las casas en zonas urbanas populosas, enámbitos rurales precarizados o enasentamientos irregulares no sólo podríanno contar conflujo constante de agua, sino incluso carecer de cone- xióna las vías de suministro. Conello, en las viviendas los contagios podríandiseminarse en vez de frenarse. ► Todavía en el siglo pasado se consideraba que las casas deberían incluir espacios particulares o comunes para la recreación, la cultura y el esparcimiento. Así, por ejemplo, hasta la década de 1970 enMéxico, muchas unidades habitacionales construidas por el Estado incluían tanto lamaterialización de patios interiores o jardines donde las familias podían tener pequeños huertos, exponerse
Las siguientes son algunas de las que considero las principales características de una vivienda inclusiva, apta para la protección de la salud frente a crisis sanitarias que amenazan con convertirse en sello de nuestra cotidianidad:
Puede ser considerada por todas y todos sus habitantes como el espacio para la coe- xistencia, el desarrollo de sus identidades y el fortalecimien- to de su sentido de la autono- mía y la cooperación para el autocuidado y el cuidado de la salud de las otras personas.
Está adecuadamente integra- da con el entorno. No repre- senta riesgos por su ubicación, protege a sus habitantes de los desalojos forzados y per- mite que las personas que la habitan realicen de manera
Cuenta con espacios ade- cuados para el acceso de las personas al juego, ejercicio, recreación y bienes cultura- les, de manera particular para niñas, niños y jóvenes. Conlle- va observar a los derechos a
de cuidado y apoyo hacia niñas y niños, personas con discapacidades temporales o permanentes, personas mayores o con condiciones de salud particulares. Dada la complejidad de todas las actividades que el día de hoy realizamos en casa, incluso demanera no consciente ni deliberada, se podría añadir una triple y hasta cuádruple jornada laboral sobre ellas. ► La pandemia ha significado una revolución para el mundo del tra- bajo, generando afectaciones mayo- res a los derechos laborales en vista de la puesta en suspenso de la gran mayoría de las actividades económi- cas. Muchas personas han perdido sus empleos, disminuido sus ingre- sos, visto cambiados sus regímenes de contratación o perdido las inversio- nes ennegocios pequeños ymedianos. Esto se ha enlazado con la crisis de la vivienda, porque esasmismas perso- nas han dejado de pagar sus rentas, sus hipotecas o, incluso, se han visto
al sol y al aire fresco, así como desarro- llar deporte y actividades lúdicas en general. También se habilitaban zonas próximas de uso común, áreas verdes, foros al aire libre o bibliotecas públicas (Sánchez, 2012). Esta tendencia se ha interrumpido y la precarización de la vivienda la ha reducido a sus utilida- des mínimas; por ello, el derecho a la recreación, cultura y esparcimiento se ha rebajado —como otros dere- chos sociales—a servicios opcionales supeditados a la posesión de recur- sos para pagarlos. Ahora que las y los integrantes de la familia están confi- nados en casa, estos recursos serían de importancia superlativa para con- tribuir a la salud física ymental de sus integrantes. Hacia una vivienda inclusiva para y después de la contingencia por la COVID-19 Como señaló el Comité de Derechos
sencilla las tareas que conllevan interac- tuar con otras y otros en el entorno cerca- no, tales como adquirir bienes esenciales, acceder a servicios médicos o escuelas, sin dificultades ni la necesidad de apartarse mucho de la casa.
la recreación y la cultura como derechos sin más, fundamentales para la conserva- ción de la salud física y mental de quienes podrían convivir durante tiempos prolon- gados por el confinamiento.
El espacio no es un vacío. Esta siempre lleno de políticas, ideologías y otras fuerzas que dan forma a nuestras vidas y que nos retan a comprometernos en la lucha por la geografía
Permite que las personas se protejan de las posibles afec- taciones a su calidad de vida y seguridad humana originadas en el exterior, pero también posibilita que las interacciones cotidianas se realicen libres
Permite el cuidado y autocui- dado de la salud de las per- sonas que podrían ingresar de manera eventual para proveer servicios, atención médica, tra- bajo del hogar o apoyo y cuida- dos. Por ello es preciso facilitar
Cuenta con la infraestructu- ra necesaria para garantizar de manera permanente el derecho al agua potable y, en consecuencia, la higie- ne y sanitización del espacio común. También cuenta con
de violencia y discriminación, incluso por períodos prolongados de confinamiento. Esto implica que debe contar con espacios comunes para facilitar el diálogo y zonas particulares donde cada una o uno pueda reservar su intimidad, lo cual desafía la lógica de la vivienda precaria y reducida a mínimos vitales, o la amenaza de los desalojos forzados.
espacios y aditamentos para la interacción controlada y con sana distancia tanto entre las y los habitantes de la casa, como con las personas externas, así como también la posibilidad de generar un ambiente de confianza para dialogar el estado de salud de cada persona y sus riesgos de contagio.
las facilidades para que la casa esté conec- tada al drenaje y se tenga la posibilidad de disponer de los desechos orgánicos e inorgánicos de manera regular y segura (OMS y Unicef, 2020).
Toma en cuenta las opinio- nes de todas y todos para organizar la distribución del espacio, las tareas cotidianas —que pueden incluir cuidado y apoyo para ciertas perso- nas— y aquellas emergentes,
Permite que, en caso de reque- rirse, las personas puedan continuar desarrollando sus trabajos a distancia, manufac- turando productos o brindando servicios, de tal forma que no se interrumpa la percepción de
Responde a las necesidades de las personas en contextos de movilidad humana, como migrantes y personas despla- zadas, tanto de manera volun- taria como forzada, quienes podrían no estar familiariza-
forzadas a abandonar sus casas o mudarse a localiza- cionesmásmodestas o con familiares. Aún no es posible cuantificar la magnitud de los desalojos forzados y las personas que terminarán en situación de calle, pero por el momento son diversos los movimientos de personas que se están organizando para promovermedidas legis- lativas que les permitan conservar sus casas en ausencia de ingresos para costearlas (Helfand, 2020). ► Una de las medidas fundamentales para evitar enfer- mar de la COVID-19 es el lavado frecuente demanos y la sanitización constante de los espacios comunes. Ambas acciones implican contar de manera permanente con la cantidad de agua suficiente. Hay una relación intrínseca entre el derechoa laviviendayel derechoal agua, dadoque
Humanos de las Naciones Unidas a inicios de 2020, el principal obstáculo para garantizar el acceso a la vivien- da adecuada no radica en el marco normativo, ya que la mayoría deEstados han incorporado la visión compleja de este derecho, articulado por libertades individua- les y por la relación con otros derechos. Más bien, los obstáculos se encuentran en la inexistencia demedidas positivasdirigidas aacortar labrecha entredichoestándar normativo y los contextos reales de desigualdad que definen las posiciones de los grupos históricamente discriminados (ONU, 2020a). Por esta razón, el derecho a la no discriminación se convierte enuna herramienta para lograr el acceso de todas las personas a la vivienda en condiciones dignas, seguras y armónicas, tanto con
relacionadas con la protección común de la salud, lo que puede implicar cambios en las rutinas individuales y colectivas, siem- pre permitiendo la libre expresión de las opiniones de quienes allí viven. Esto signi- fica evitar, al interior, prejuicios y actitudes como la misoginia, el adultocentrismo, la homofobia, el clasismo o el racismo.
ingresos. Esto implica proveer a la vivienda de conectividad a internet y de la posibi- lidad de adaptar el entorno de tal forma que se pueda conciliar la vida familiar y la vida laboral, evitando que los gastos para estos propósitos tengan que ser absorbidos totalmente por las familias sin apoyo del Estado o las y los empleadores (OIT, 2020).
das con el entorno, la cultura o la lengua local. Esto implica visualizar a la vivienda como un derecho universal que no debe ser restringido por causa del nacimiento, los documentos de identidad o la ciuda- danía, y del cual la persona es titular bajo cualquier circunstancia.
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