Marco jurídico constitucional para la institucionalización de la política de vivienda Los datos sociodemográficos arrojaron que, hasta la década de 1960, la población urbana de México se igualó a la cantidad de las zonas rurales (Leal, 2012: 348). Fue precisamente en la transiciónde la década de 1940a la de 1950que el tema de la vivien- da comenzó a ser prioritario para la agenda pública. En este período, la población de México pasó de 20 a 26millones, y, como consecuencia, los procesos de urbanización ya representaban cambios significativos en la conformación de los asentamientos humanos (Leal, 2012: 348). El crecimiento demográfico casi se duplicó en sólo 20 años, pasando de 26millo- nes en 1950 a 48 millones en 1970 (Inegi, 2011); como consecuencia, la demanda de vivienda y de suelo urbanizable se convirtió en una necesidad para la política pública. Desde esta perspectiva, el gobierno federal formalizó los apoyos para la vivienda desde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El 21 de abril de 1972 se promulgó la ley que le dio vida jurídica a dicho instituto, y que, además, se alinea a lo establecido en la fracciónXII del artículo 123 constitucional (Gamboa, 2008), la cual ha tenido una serie demodificaciones desde el texto original del 5 febrero de 1917, determinantes para comprender cómo ha ido evolucionando la posición del Estado respecto de la política de vivienda y su relación con el concepto de seguridad social. 1 En este sentido, y pormandato constitucional, desde el 5 de febrero de 1917 se reco- noce la necesidad de ofrecer “habitaciones cómodas e higiénicas” a las y los trabajado- res, lo cual más adelante derivó en el concepto de la “habitabilidad de la vivienda”, la cual se precisa en la Ley de Vivienda (2006). Asimismo, se hacía referencia a la impor- tancia de los usos de suelo complementarios al habitacional —como actualmente se reconoce a los equipamientos públicos—, y además se destacan los conceptos de escala y de proximidad, al momento en que se determina un área mínima de terreno para destinar el uso de los requerimientos públicos de la comunidad en el mismo lugar de la zona laboral. La relación establecida es que cuando se exceda de 200 trabajadores, se deberá de destinar un terreno nomenor de 5,000m 2 para las actividades públicas y de apoyo a la comunidad. Esto significa que, por cada persona, habría que destinar 25 m 2 de área para los equipamientos y servicios públicos. Para el 5 de diciembre de 1960 semodificó el párrafo primero y se dividió el artículo en dos apartados; conserva el texto anterior en el apartado A; adiciona el apartado B con 14 fracciones (Gamboa, 2008). Es así como en la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional se precisan las bases mínimas sobre las cuales se organi- zará la “seguridad social”. Para ello, el inciso f establece: “Se proporcionarán a los tra- bajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados” (SCJN, 2020: 36). Para el 14 de febrero de 1972 se incorpora la figura de un FondoNacional de Vivienda con el fin de dar respuesta a la necesidad de vivienda de las y los trabajadores (SCJN, 2020: 52). Con esto se preparaba la creación del Infonavit un par demeses después. El 7 de febrero de 1983 se adicionó un párrafo al artículo 4 constitucional, 2 el cual señala que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Como consecuencia, las modificaciones al artículo 123 constitucional en materia de vivienda y dotación de equipamiento, y más adelante el reconocimiento en el artículo 4 de la vivienda digna y decorosa como un derecho, son el referente para analizar el origen y evolución de la legislación en materia de vivienda, tomando como principio el derecho al disfrute de una vivienda digna y decorosa. Ello dará
lugar a diversos cuestionamientos a nivel internacio- nal en las cumbres ONU Hábitat I (1976), II (1996) y III (2016), así como en la Estrategia Mundial para la Vivienda hasta el año 2000 y 2025. El esquema jurídico de la vivienda Al año siguiente de lasmodificaciones al artículo4 cons- titucional, se publicó —el 7 de febrero de 1984— la Ley Federal de Vivienda, 3 la cual, en su artículo 2 señala que los lineamientos generales de la política nacional de vivienda tienen el interés de ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda, beneficiando al mayor número de personas, dándole prioridad a la población urbana y rural de bajos ingresos. Para el 27 de junio de 2006 se publicó la nueva Ley de Vivienda, de la cual hay que precisar tres cuestiones ymomentos significativos. Primero, que en su artículo 1 párrafo segundo precisa: “La vivienda es un área prio- ritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a lamateria, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley”. El segundo momento corresponde a la reforma del primer párrafo del artículo 3, publicada el 16 de junio de 2011, cuando se reconoce que las disposiciones de la Ley de Vivienda deberán de aplicarse bajo los principios de equidad e inclusión social. 4 El tercer momento corresponde a las modificaciones publicadas el 24 de abril de 2015, en donde se precisan las características de los “espacios habitables” y los “espacios auxiliares”. Asimismo, se destaca que las acciones de vivienda derivadas de la Política Nacional de Vivienda tienen la finalidad de “cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa”. 5 En estas últimas modificaciones hay un gran avance respecto del reconocimiento explícito del derecho a la vivienda digna y decorosa y de la necesidad de espacios auxiliares como “el lugar de la vivienda donde se desa- rrollan actividades de trabajo, higiene y circulación”. 6 Precisamente ahora, con la actual situación de confina- miento como consecuencia de la pandemia, resultamás importante que nunca reflexionar sobre la habitabilidad de la vivienda, así como de la importancia de estos espa- cios auxiliares, pues los lugares para el trabajo, la higiene y la circulación se han convertido en los protagonistas de la vivienda. Asimismo, nos han llevado a replantear una nueva configuración y dimensionamiento tanto del interior como del exterior de la vivienda. Los espacios con ilumi- nación natural y ventilación cruzada, junto con las áreas
especiales de higiene antes de entrar a la vivienda para desinfectar todo lo que viene del exterior, cambio de ropa y zapatos, son relevantes en la vida cotidiana. Las áreas para el trabajo y el estudio se convirtieron en el lugar cen- tral de la vivienda y en torno de ellas es que empezamos a visualizar el nivel de habitabilidad de lamisma. Por tanto, estos espacios que fueron reconocidos en el 2015 como auxiliares, se han convertido en los espacios esenciales de la vivienda en tiempos de pandemia. Los procesos de urbanización están vinculados con los requerimientos de suelo para satisfacer las necesidades poblacionales. La vivienda es una de ellas, y desde la posición del Estado para atender a las y los habitantes en situaciónde desventaja económica, la producciónde la vivienda en serie y de interés social se convirtió en el eje rector que dominó el crecimiento y expansión en las principales ciudades del país. La vivienda y su relación con la planeación urbana Sin embargo, la preocupaciónpor comprender el fenó- meno urbano motivó el origen de cumbres mundiales, en las que, con la ayuda de expertos de todo el globo, se pudieran delinear políticas urbanísticas, económicas, sociales y ambientales que derivaran en guías normativas y operativas para que cada país, conforme a sus capaci- dades y contextos, pudiera aterrizar y dar seguimiento cada 20 años. En 1976 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos en Vancouver, ONUHábitat I, organizada por la Coalición Internacional del Hábitat (HIC). La Declaración sobre los AsentamientosHumanos del 11 de junio de 1976 reco- noce la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, 7 porque establecen las bases de un nuevo orden económico internacional y advierte “que la condición de los asentamientos humanos determina en granmedida la calidad de vida, cuyomejoramiento indispensable para la satisfacción plena de las necesidades básicas, como el empleo, la vivienda, los servicios sanitarios, la educación y el esparcimiento” (ONU, 1976). A 32 años de la mencionada conferencia, Ortiz (2008) precisa que la Declaración de Vancouver va muchomás lejos al reconocer que: “La vivienda y los ser- vicios adecuados constituyenun derecho humano básico que impone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por todos los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clasesmás destituidasmediante la orientación de programas de autoayuda y de acción comunitaria”.
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Vivienda Infonavit • NOVIEMBRE 2020
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