En virtud de lo anterior se visibiliza una problemática inherente al tema de la vivienda: lamovilidad. Esto es así porque tan importante es la oferta de vivienda para las y los traba- jadores y grupos vulnerables de la sociedad, como los modos de desplazamiento y la locali- zación estratégica de los equipamientos y servicios básicos, los cuales son prioritarios para las áreas habitacionales. Hay que destacar cinco de los 10 principios establecidos en la LGAHOTDU (2016), los cuales se refieren al derecho a la ciudad “para garantizar a todos los habitantes de un asen- tamiento humano, acceso a la vivienda, infraestructura, equipamientos y servicios básicos a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos porMéxico en lamateria”. En este sen- tido, el tema de la vivienda queda vinculado a la dotación de infraestructura, equipamientos y servicios básicos, ymás aún, desde el reconocimiento constitucional 14 de estos derechos a nivel nacional, así como en los tratados internacionales. Asimismo, se precisa el principio de Equidad e inclusión, a través del cual se pretende: “ Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, ser- vicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo con sus pre- ferencias, necesidades y capacidades”. La vivienda vuelve a ser el tema articulador entre la oferta de suelo y la organización y distribución tanto de las actividades económicas como de las obras y proyectos urbanísticos, desde una perspectiva de género y para dar respuesta a las necesidades de la población. 15 El tercer principio se refiere a la Productividad y eficiencia de las ciudades para fortalecer la competitividad económica, en donde las redes de vialidad y movilidad son determinantes para posicionar a las ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas. Es importante destacar que la estructura urbana, así como la zonificación de las zonas habitacionales y su continuidad, proximidad y vinculación tanto con la traza urbana como con los usos de suelo existentes y futuros, representan los elementos prioritarios para que las personas tengan experiencias urbanas favorables al salir de sus casas para incorporarse a sus actividades cotidianas, sobre todo a las actividades laborales y económicas. 16 El cuarto principio se refiere a la Protección y progresividad del espacio público, el cual hace énfasis en “crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos”. Las áreas habitacionales —desde su conceptualización, diseño y construcción— contemplan las zonas del espacio público, sin embargo, éste no ha tenido la “condición de centralidad” ni de habitabilidad. 17 Desde esta perspectiva, las áreas habitacionales deberían proponerse desde enfoques teórico-metodológicos sustentados en la teoría de los lugares centrales deWalter Christaller (1933), 18 el espacio colectivo deMaurice Cerasi (1976) 19 y teoría de la red urbana, de Nikos A. Salingaros (2003) para poder tener una lectura y comprensión desde la disciplina de lamorfología urbana (Álvarez de la Torre, 2017). Es decir, recurrentemente las áreas verdes públicas han sido las zonas residuales, las cuales quedan fuera de la posibilidad de ser áreas rentables, y, por lo tanto, terminan quedando en los extremos del desarrollo inmobiliario, dejando a las personas sin un área central significativa, sin el llamado espacio colectivo de Cerasi (1976) que les da sentido, orientación e identidad a los complejos habitacionales. Sobre todo cuando las unidades habitacionales cumplen con las dimensionesmínimas, pero que, sin embargo, podrían ser compensadas con los espacios públicos debidamente planeados y diseñados según las necesidades de las y los habitantes. También es importante señalar que la dotaciónde equipamientos y servicios básicos, junto con los espacios públicos, pueden existir en la zonificación y, con base en ello, se consolidan los destinos de las zonas habitacionales. Sin embargo, esto no significa que, en los plazos de tiempo requeridos, los habitantes puedan disfrutar de una escuela primaria, del mercado o del parque, todo debidamente equipado y funcionando, ya que la dotación de equipamien- tos, junto con la construcción y operatividad, requiere que todos los sectores públicos y de la sociedad trabajen articulada y sistemáticamente para proveerlos a la población.
Cabe subrayar que desde la LGAH(1976) hasta la LGAHOTDU (2016) 20 se precisa que los instrumentos de planeación deben contemplar un apartado estratégico que se vincula con el instrumental para determinar losmecanismos e instancias responsables que garanticen el cumplimiento de tales estrategias en los tiempos establecidos. Sin embargo, el apartado instrumental de un programa de desarrollo urbano en cualquiera de sus escalas carece de vinculación con las acciones de planificación de los demás sectores públicos y privados. El quinto principio es el de Accesibilidad universal y movilidad, que hace referencia a la proximidad entre las diferentes actividades de las personas y la adecuada accesibilidad para que puedan desplazarse. La flexibilidad de los usos de suelo compatibles y las densidades sustentables, junto con el diseño coherente de la estructura vial, para dar origen a las calles completas, son los elementos que ahora destacan en la relación de la planificación urbana y la movilidad (Sedatu, 2019). Desde esta perspectiva, la vivienda se convierte en el centro de este posicionamiento y, sin embargo, ya había sido previsto desde 1917 pormandato constitucional. Al mismo que tiempo que se publica la LGAHOTDU se emite la Cartilla de Movilidad, Vivienda y Derechos Humanos (2016). En este sentido, empezamos a ver cómo se van alineando conceptos desde el nivel internacional hasta el nacional —con énfasis en el res- peto a los derechos humanos—, con el fin de que el tema de la vivienda adquiera una nueva dimensión en la escala urbana. De nueva cuenta, cuando hablamos de vivienda no podemos limitarnos únicamente al proceso constructivo o en pensar sobre un productomás que se oferta a la sociedad; estamos hablando de las personas que viven en determinadas zonas de la ciudad o de los asentamien- tos humanos. El gran desafío es lograr que las condiciones urbanísticas y arquitectónicas les permitan habitar tanto dentro como fuera de sus viviendas, disfrutar la ciudad y tener acceso a equipamientos públicos y servicios básicos para garantizar no sólo una vivienda digna y decorosa, sino una vida digna y decorosa. En este sentido, la vivienda y la movilidad se convierten en dos ejes prioritarios para resolver en las ciudades, desde la gestión del suelo hasta el diseño de la estructura urbana, así como su conectividad y vinculación con lo ya existente. Por ello, en la Cartilla deMovilidad, Vivienda y Derechos Humanos (2016: 4-5) se precisa que: […] el Estado tiene la obligación de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce del derecho de todos al libre tránsito, propiciando que los distintos medios de transporte, públicos o privados, sean de calidad, eficientes, con criterios ambientales; garantizando con ello un lugar seguro para transitar, vivir en paz y con dignidad. El derecho a la movilidad está vinculado también con el derecho al espacio público, e incluso con el lugar donde las personas han elegido habitar. La relación entre el derecho a la movilidad y vivienda es estrecha, pues este último implica que la morada se encuentre en un lugar que permita el acceso oportuno a opciones de empleo, servicios de salud, escuelas y otros servicios sociales. Estos dos temas se han colocado en la agenda internacional de manera central, ejemplo de ello es que, en septiembre de 2015, laAsambleaGeneral de lasNacionesUnidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), como un plan de acciónmundial en favor de las personas, el planeta y la prosperidad (4-5). En virtud de lo anterior, sólo quedaba pendiente un tema fundamental para visualizar a la vivienda y a la movilidad como los elementos primordiales en la conformación de los asentamientos humanos y su potencial de habitabilidad. La gestión del suelo urbanizable para poder ofrecer vivienda a las y los trabajadores es uno de los temas que, de origen, quedó como el gran desafío de la política pública. A inicios de la década de 1970 se institucionalizó la política de vivienda, antes de que existiera algún instrumento jurídico que tuviera las facultades de ordenar el territorio, pero, incluso contando con este instrumento—que en su momento fue la LGAH (1976)—, no se contaba con una política de suelo. Lo que se tenía era la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), creada en 1973, que el 16 de diciembre de 2016, por decreto presidencial, se convirtió en el
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Vivienda Infonavit • NOVIEMBRE 2020
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