Soberanía tecnológica
• Apoyar la generación de patentes internacionales en el sector público en sectores y tecnologías relevantes para la autonomía estratégica de la UE32. Las o fi cinas de transferencia de conocimiento pueden desempeñar un rol fundamental en este sentido si se dotan de los mecanismos adecuados. • Incentivar acciones desde la Administración española que promue- van la generación de patentes esenciales en el país. Para ello será un punto relevante la transposición de las directivas europeas relacio- nadas con la propiedad industrial que se han comentado en el quinto apartado de este informe.
31 En ese sentido, siguiendo el precedente de la Orden ETD/668/2021, de 25 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayu- das en el ámbito de la inteligencia arti fi cial, se identi fi can cuatro buenas prácticas relacionadas con la gestión de la tecnología y la propiedad industrial: (1) in- cluir en el acuerdo de consorcio los aspectos relativos a la estrategia de protección y gestión de la propiedad de los resultados del proyecto y a su protección legal; (2) incluir entre los gastos subvencionables los destinados a la protección de los activos intangibles obtenidos durante los proyectos mediante títulos de propiedad industrial o intelectual; (3) fomentar incluir en los costes de investigación contractual acordados por las empresas los conocimientos y paten- tes o propiedad intelectual que se adquieran u obtengan por licencia; (4) incluir como valoración positiva en el impacto de los resultados del proyecto el uso de tecnologías propias protegidas mediante derechos de propiedad industrial o intelectual, así como la existencia de un plan estratégico propio de protección de activos intangibles y su posible modelo de explotación donde se incluya un estudio que indique que la solución esperada sea novedosa y diferencial. 32 Según un informe de la OCDE del sistema español de I+D+I, a menudo la propiedad intelectual generada por el sector público puede requerir más desa- rrollo para su comercialización. Durante varios años, una serie de incentivos que han apoyado la obtención de patentes en el sector público ha conducido a la adopción de estrategias para proteger la propiedad industrial e intelectual impulsadas principalmente por fi nes “curriculares”. Es posible que este hecho, unido a la falta de recursos para la valorización, haya dado lugar a la solicitud de patentes con menores posibilidades de implementación, muchas de ellas con potencial, pero en un estado muy embrionario. Las reformas llevadas a cabo recientemente han intentado evitar este problema, lo que explica en cierto modo el descenso del número de patentes con protección limitada al territorio nacional.
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