Monitor NextGEN

FONDOS NEXT GENERATION EUROPEAN UNION DESTINADOS A ACTUACIONES DE I+D+i Y DIGITALIZACIÓN

Gráfico 5.5. Intensidad de concesión de las subvenciones de I+D+i+d convocadas según nivel de sector público. Hasta diciembre de 2022 (porcentajes)

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90

34

80

46

48

49

53

58

70

60

50

40

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51

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42

20

10

0

Total AA. PP.

SPE Porcentaje de las subvenciones

SPT

Total AA. PP.

Porcentaje del importe convocado SPE

SPT

Subvenciones resueltas Subvenciones sin resolver

Fuente: Gobierno de España (2023b), IGAE (2023) y elaboración propia.

del 81,6% en el tejido empresarial dado que la principal finalidad es la incorporación de las TIC en las empresas) y las subvenciones a la I+D+i (donde los organismos públicos de investigación, las fundaciones de investigación sanitaria o las asociaciones tecnológicas perciben el 44,3% de los fondos). El gráfico 5.6 muestra el peso que tienen, en términos de importe, las subvenciones en materia de I+D+i+d ya concedidas en comparación con el importe total concedido. En el conjunto de las administraciones españolas en España, a diciembre de 2022 el 63,9% del importe total concedido en subvenciones está orientado al fomento de la I+D+i+d (4.531 millones de euros), con una mayor presencia de las ayudas a la investigación (42,3% del total, 3.003,4 millones) respecto a la digitalización

(21,5%, 1.528 millones de euros). Este porcentaje todavía es más elevado en el caso de las ayudas convocadas por el SPE (91,4%, 4.067,5 millones), reflejo de la importancia de la I+D+i+d en la gestión de los fondos NGEU en el ámbito estatal. En cambio, en el SPT el porcentaje de subvenciones concedidas a la I+D+i+d es mucho más reducido (17,6%, 463 millones). El menor peso de las ayudas a la I+D+i que a la digitalización contrasta con el mayor peso que tiene en las licitaciones. Si se atiende al territorio donde se localiza la sede social de la entidad que resulta beneficiaria de las subvenciones de I+D+i+d, se observa de nuevo que existe una fuerte concentración del destino de las ayudas públicas a las entidades con sede social en la Comunidad de Madrid (1.244 millones de euros; 30,3%) y en Cataluña

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