INFORME COTEC | Situación y Evolución de la Economía Circular en España
que «se deben fomentar acciones para implementar la Contratación Pública Verde, estableciendo medidas o elaborando criterios para ser utilizados por los distintos órganos de contratación» 26 . Este impulso a la compra circular se aprecia en otros planes públicos recientes. Es el caso del propio Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la seguridad social (2018-2025), adoptado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018 (Orden PCI/86/2019, de 31 de enero de 2019). Este Plan se marca como objetivo «servir de impulso a la estrategia española de economía circular», y recoge algunas previsiones específicas en este sentido. Se integran objetivos de compra circular, centrados en la durabilidad de los productos o el aprovechamiento de materias primas secundarias. No obstante, una lectura atenta nos permite afirmar que realiza una mera declaración genérica de objetivos, sin la definición de metas claras, ni la puesta en marcha de procesos de mejora normativa, de sistematización y creación de información y metodologías, de intercambios de experiencia o de puesta en marcha de sistemas de seguimiento que permitan un tratamiento fiable de la información. Debería impulsarse un cambio para aprovechar el potencial de
circular contribuiría directamente con el segundo factor clave de transformación, correspondiente a un Liderazgo transformador, orientando el cambio sistémico desde las decisiones públicas (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Marco Normativo. Como punto de partida, hemos de tener claro que una estrategia pública de compra circular debería tener como premisa prescindir de aquellas contrataciones innecesarias por disponer el órgano de contratación de medios o bienes propios, o por no atender la prestación a una necesidad real de interés público. Con todo, con independencia de los avances que se puedan producir en la reducción del consumo público y la mejora de la eficiencia contractual, los entes del sector público van a seguir necesitando prestaciones para atender a sus propias necesidades u ofrecer servicios a los ciudadanos. Así, en este plano, la introducción de la perspectiva de la economía circular se podría articular a través, entre otras, de medidas como (Comisión Europea, 2017): 26. La Estrategia española dispone también que «se debe avanzar también en la incorporación de requisitos BIM [Building Information Modeling] en la contratación pública conforme a lo que establezca el Plan para la implementación de BIM en las licitaciones públicas elaborado por la Comisión Interministerial para la implantación de BIM en la contratación pública» (creada por Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública).
la planificación, para el impulso efectivo y sistemático de las compras circulares del Estado, y la creación de criterios y metodologías comunes o mecanismos de intercambios de buenas prácticas, que puedan ser utilizados como criterios comunes por parte de otras administraciones territoriales. Por su parte, el «Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 (Hacia una estrategia española de desarrollo sostenible)» (2018) considera necesario «alinear la compra pública con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)», uno de los cuales es la producción y consumo responsables (que integra los objetivos de la economía circular), lo cual deberá realizarse, como indica el propio Plan, a través de la Estrategia Nacional de Contratación Pública (art. 334, LCSP). Esto atribuye a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), un papel central en el impulso de la compra verde y circular en España durante los próximos años. En relación con modelos de gobernanza, la implementación de criterios de circularidad en la compra pública hace parte del reconocimiento de las condiciones que obstaculizan el cambio (barreras) y la concertación para desmantelar dichas condiciones (factores de exnovación). En el marco del modelo UTC, la compra pública
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