INFORME COTEC | Situación y Evolución de la Economía Circular en España
esas áreas estratégicas: 1) transición verde y digital, 2) sostenibilidad sumada a la construcción de resiliencia climática, y 3) la cohesión territorial a través de la colaboración entre los diferentes actores para impulsar un crecimiento inclusivo, solidario y equitativo. Para ello es fundamental favorecer modelos de gobernanza de acuerdo a su capacidad de dar soporte a las colaboraciones público- privadas, y dar un paso más allá de los enfoques «de abajo hacia arriba» o viceversa, para dar paso a la co-generación de redes y proyectos intersectoriales para lograr avances significativos en materia de Economía Circular. En este marco las autoridades públicas deben predicar con el ejemplo, y asegurar que sus procedimientos de contratación respeten criterios ecológicos, aprovechando los mecanismos de la Compra Pública Circular. 6. Acelerar el desarrollo de políticas y normativas de Economía Circular y residuos. Dada la situación de los residuos en España y sus trascendencia para el desarrollo de modelos circulares, se presentan una serie de reflexiones y una propuesta de mejora político- normativa que se consideran fundamentales para acelerar la transición hacia la economía circular en España:
III. Apostar por las medidas fiscales (bonus/malus) para incentivar la reducción del depósito en vertedero (Comisión, 2019) y la incineración, y desincentivar el consumo de plásticos de un solo uso. El PLRSC prevé expresamente la introducción de impuestos en esta materia. Se echa en falta el recurso a estos instrumentos económicos para incentivar al reciclaje y generar y promover un mercado interno estable de materias primas secundarias (LIR, 2021). La introducción de un impuesto nacional de vertido e incineración es la pieza clave para mover el sistema hacia los escalones superiores de la jerarquía de residuos, y para cumplir los objetivos de recogida separada de orgánico y de reducción de depósito en vertedero. Si la opción del depósito sigue siendo conveniente desde un punto de vista económico, no se producirán los incentivos necesarios para mejorar los niveles de reutilización y reciclado, por mucho que se definan en las normas objetivos ambiciosos en este plano. La implantación del impuesto sobre vertido e incineración deberá de ir acompañado de las medidas de financiación o compensación económica necesarias para dar apoyo a los entes locales en la asunción de los sobrecostes que se van a producir en la gestión de los servicios de tratamiento, y en el desarrollo de las inversiones necesarias para cumplir los objetivos de recogida separada y reciclado. Debe servir de referencia el caso de Cataluña, que ha configurado un impuesto de
I. Apostar de forma decidida por un modelo regulatorio focalizado en los escalones superiores de la jerarquía de residuos. Mayor convicción a la hora de introducir medidas en materia de prevención. El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados (PLRSC) prevé únicamente un grupo genérico de posibles medidas que serán adoptadas discrecionalmente mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, como la adopción de medidas de ecodiseño, de fomento de la reutilización, de apoyo a los modelos de producción y consumo sostenible, gestión eficiente de materia primas fundamentales, etc., en donde no se ha clarificado e impulsado, por ejemplo, el régimen jurídico de los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (en adelante SDDR). En este sentido, el PLRSC es más un paso en el camino que una apuesta decidida por la Economía Circular. II. Reconocer y desarrollar normativamente el contenido del derecho de los consumidores a la «reparabilidad», como el modelo de la Ley 2020/105 de lucha contra el despilfarro y la economía circular de Francia. El Plan Español de Economía Circular (2021- 2023) prevé el desarrollo de una normativa sobre «etiquetado para la economía circular», que haga referencia a la vida útil de los productos de consumo, incluyendo su índice de reparabilidad.
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