solicita la autoridad correspondiente, generalmente un dictamen de congruencia o un anteproyecto autorizado. En Hermosillo y Ciudad Juárez, a pesar de que existe la posibilidad de realizar estos cambios a la norma, la respuesta recurrente tanto de la autoridad como de los desarro- lladores es que pocas veces se recurre a estos instrumentos, ya que consumen mucho tiempo y el resultado es incierto. Caso contrario al de Tijuana, donde los cambios en las densidades y las alturas son frecuentes. 5 Adicionalmente, para Tijuana, los datos recabados permiten ver que el funciona- miento del Implan depende del ingreso por el pago de derechos de revisión de esos estu- dios. Al respecto, un informante desglosa el presupuesto del instituto: “[Refiriéndose al Implan] el Ayuntamiento le da 12 millones [de pesos] y el Implan tiene que generar los 6 millones restantes [este es ingreso adicional] de los diferentes trámites que se hacen, como [revisión de] estudios de impacto urbano, o estudios de impacto vial, etc.”. Estos hallazgos sugieren que las normas urbanas que se derivan de estos documentos tienen diferentes grados de flexibilidad para cada municipio. Primero, a través del involucra- miento de las empresas en su elaboración y, segundo, a través de las modificaciones a los planes, que se han circunscrito como prácticas reguladas por los municipios. Para el caso de Tijuana, esta práctica de cambios en la normativa se ha convertido en un instrumento importante de recaudo. Certidumbre en la aplicación de la norma Aunque la información de las entrevistas no permite calcular con exactitud el impacto de las normas en los costos de producción, los entrevistados son consistentes en men- cionar los efectos que genera la poca claridad en los trámites y en los tiempos y costos de producción de la vivienda. En concreto mencionan que la discrecionalidad y cambios en la aplicación de la norma les genera incertidumbre sobre la inversión inmobiliaria. Con base en las respuestas de nuestros informantes podemos identificar dos momentos en los que las autoridades cambian la aplicación de la normativa urbana (Tabla 2). El primero tiene que ver con los cambios oficiales en la normatividad; esto es, cuando un nuevo programa, reglamento o ley se aprueba, pasa por un proceso de consulta y revisión. El segundo se refiere a los cambios en la interpretación de la norma que surgen a partir de la rotación de personal. Esto último se debe a que quienes interpretan las normas pueden incrementar o disminuir los requisitos para aprobar un proyecto, o incluso reiniciar el trámite. Al respecto, uno de los desarrolladores en Tijuana menciona: Cada cambio de administración hay que soportar la curva de aprendizaje de quien entra a las dependencias. Muchas veces las personas no saben y tienen que familiarizarse con los procesos. Tiene mucho que ver quién está a la cabeza de las dependencias porque interpretan los planes y las normas de manera distinta. Eso retrasa los trámites.
Otro desarrollador con presencia en Hermosillo y Tijuana afirma:
[los cambios de administración afectan] mucho. Mira, la transición es lenta, […] ellos dicen 15 días, pero no es cierto. Generalmente toma 1.5 a 2 meses el poder entenderle al cambio. Y muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado en Tijuana, hace dos años que hubo cambio de administración municipal, y luego dos años duró, y ahora ya viene esta otra, que nos regresaron a los trámites, y como todavía no está firmado, se regresó al inicio. Entre los cambios solicitados, los desarrolladores mencionan algunos ejemplos, como añadir mayor detalle en los planos estructurales, en los estudios o requisitos adicionales, entre otros. Estos datos fueron consistentes para los tres municipios.
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