La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi- canos (CPEUM) reconoce el derecho universal de los individuos al disfrute de una vivienda digna y decorosa. Sin embargo, en la realidad, muchas personas habitan inmuebles que se encuentran en situación de rezago habitacional. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) (2018), una vivienda se clasifica de esta forma cuando cuenta con alguna de las siguientes características: 1. Alguno de sus componentes básicos (techo, pisos o paredes) está construido con materiales con- siderados como no apropiados. 1 2. La vivienda no cuenta con excusado. 3. Sus habitantes se encuentran en hacinamiento (es decir, residen 2.5 o más personas por cuarto). En el estado de Veracruz existen al menos 1 131 271 viviendas en esta condición, 2 una cifra que representa 47.5% del parque habitacional de todo el estado y que se traduce en 3 940 962 personas afectadas. Uno de los factores que agrava esta situación es que 85.1% de las personas que residen en este tipo de inmue- bles no pueden ejercer su derecho a una vivienda ade- cuada a través de los instrumentos que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en virtud de que no cuentan con crédito a la vivienda como parte de sus prestaciones. Se trata, entonces, de un sector vulnerable, general- mente inserto en la economía informal y de bajo ingreso, sin acceso a fuentes de financiamiento de las institucio- nes públicas o privadas tradicionales, excluyéndolo de la posibilidad de recibir apoyos federales cuyo otorgamiento está basado en la atención de componentes de la vivienda y no en la vivienda en su conjunto. El rezago habitacional es un indicador que expresa fríamente, en términos numéricos y porcentuales, un problema público que aqueja a un gran sector de la pobla- ción veracruzana y que está compuesto tanto por el défi- cit material de la vivienda (es decir, por la cantidad de viviendas nuevas requeridas para satisfacer la necesidad total) como por el déficit cualitativo (esto es, la canti- dad de viviendas existentes que requieren algún tipo de acción de mejoramiento o ampliación, o en su conjunto una intervención integral). Tomando en cuenta lo anterior, es posible dividir en dos grupos a las personas que padecen este rezago: quienes carecen de un espacio físico que sea tanto habitable como adecuado, y quienes cuentan con una vivienda, pero la cual carece de espacio suficiente —es decir, presenta hacinamiento—; cuyos materiales de construcción presentan daños o no son adecuados para el entorno (hay peligro de colapsos, presentan goteras, filtraciones, etc.); o que no cuentan con instalaciones o servicios vitales, como agua potable, drenaje o ener- gía eléctrica.
Si bien el derecho a la vivienda está garantizado en el artículo 4 de la CPEUM, y moralmente por el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Pidesc) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1976), los datos oficiales actuales demuestran que en México —y por ende, también en el estado— nos encontramos muy lejos de poder afirmar que dicho derecho es respetado y garantizado en su totali- dad a la población (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2020). Asimismo, la Nueva Agenda Urbana (ONU, 2016) se compromete
a promover la creación de viviendas ase- quibles y sostenibles, así como la finan-
ciación de la vivienda —en particular la producción social del hábitat— en el desarrollo económico. Esto debido a que la vivienda social es un detonante del incremento económico y contribuye al creci- miento del PIB. De ahí que una de las soluciones satisfactorias para mitigar el rezago habitacional es el Programa de Vivienda Social. Kunz y Espinosa (2017) señalan que frente a la incapacidad del gobierno para generar las condiciones institucionales que permitan proveer de vivienda a todos los sectores de la sociedad, este programa ha sido una solución de facto. Agregan que los factores de éxito de este programa son la correcta implementación y gestión, así como la organización comunitaria y la arti- culación con el gobierno municipal. Características y factores del rezago habitacional en Veracruz Como ya se mencionó líneas arriba, en el estado de Veracruz existe un total de 2 381 716 viviendas; de las cuales al menos 1 131 271 se encuentran en condiciones de rezago habitacional (47.5% del parque habitacional). De las 3 940 962 personas que viven en un inmueble clasificado con rezago, una cuarta parte (25.2%) habita una vivienda que no es de su propiedad; es decir, que es rentada o prestada. De las viviendas en rezago donde la persona que habita es la propietaria del inmueble, solo 64.3% tiene escrituras a su nombre; el resto tiene escrituras a nombre de otra persona (10.4%) o no las tiene (24.4%). En la misma tónica, en aquellas viviendas en rezago donde habitaba la persona que es propietaria solo 5.7% tuvo la capacidad económica para adquirir la vivienda hecha. Este último punto contrasta con aquellas vivien- das que no presentan rezago, en donde 30.6% de los pro- pietarios que habitaban el inmueble lo pudieron com- prar hecho. En este sentido, las personas que habitan en viviendas con rezago tuvieron un ingreso promedio mensual de 7 228.70 pesos, mientras que aquellas que no viven en rezago percibieron en promedio 11 838.72 pesos
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