Revista Vivienda Infonavit Año 6 No 1 (Junio 2022)

La mayor parte de los industriales del sector vivienda modi- ficaron sus modelos de negocio, buscando alinear los procesos productivos a los nuevos requerimientos, ya que, desde esa fecha y hasta la actualidad, el Infonavit ha sido el máximo colocador de hipotecas en México (Infonavit, 2022). Como consecuencia, la edificación de casas nuevas en el país se disparó hasta alcanzar su máximo histórico en 2008, cuando, únicamente a través de esta institución, se vendieron 494 073 viviendas nuevas en un año; de las cuales, 63.4% fueron adquiri- das por derechohabientes con salarios menores a cuatro VSMDF (Infonavit, 2022). En contraparte, la continua búsqueda por reducir costos de construcción al mínimo por parte de los desa- rrolladores originó que, en muchas ocasiones, se descuidara tanto la calidad de las viviendas como su diseño arquitectónico y su ubicación. Las consecuencias derivadas del mantra “casa para todos” —mal aproximado por algunos industriales de la construcción— fueron muy graves, por ejemplo: el deterioro de la cartera vencida del instituto, el abandono de vivienda y problemas de carácter social que hasta la fecha prevalecen y son fuente continua de debate y preocupación. 2 Todo esto evidenció la necesidad de avanzar en orden y conciencia. En un esfuerzo por mitigar dichos efectos adversos, en 2008, la Asamblea General del Infonavit modificó su visión institucional para los siguientes años, estableciendo que su gestión se basaría en tres líneas estratégicas: mejores viviendas, mejores entornos urbanos y mejores comunidades (Infonavit, 2022). Con base en estos principios, y de forma paulatina, la visión colectiva de habitabilidad fue evolucionando desde la concepción de un hogar como la construcción de cuatro paredes y un techo barato, hacia una versión más integral, aquella que establecía que al producir vivienda también se debía de “hacer ciudad”. No obstante, prevalecía una situación: ¿qué significaba “hacer ciu- dad” para desarrolladores, académicos, autoridades en los tres niveles de gobierno y derechohabientes del instituto? Cada uno de nosotros entendía algo diferente. En un intento por ampliar nuestra visión, distintos grupos de desarrolladores de vivienda, académicos y autoridades de algunos municipios, estudiamos proyectos en otras partes del mundo. Las buenas prácticas llevadas a cabo en Medellín y Bilbao nos sirvieron de ejemplo, 3 pero a nuestro regreso —allá por 2009— resultó complicado transmitir las ideas al resto de las autoridades y, desde luego, estandarizar a través de una regulación algunas de las buenas prácticas observadas en ambos casos. En 2021, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó el Programa Nacional de Vivienda 2021- 2024, donde delineó algunas bases para clarificar la definición de vivienda adecuada . En él se establece que, para ser catalogada como tal, se deberían de cumplir siete elementos:

1. Seguridad de la tenencia 2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura

3. Asequibilidad 4. Habitabilidad 5. Accesibilidad 6. Ubicación 7.

Adecuación cultural El Infonavit, por su parte, en línea con el Programa Nacional de la Sedatu, definió en 2020 las nuevas reglas generales de crédito 4 que desarrollan con mayor detalle estos elementos: se definieron zonas de consolidación urbana (ZCU) para cuidar la ubicación de los proyec- tos, así como criterios mínimos de movilidad y organización comunitaria, entre otros puntos. Además, también en 2021, la Sedatu, al actualizar el estimado de rezago habitacional de vivienda —ubicándolo en aproximadamente 8.5 millones— elaboró un diagnóstico sobre las características de las acciones que podrían resul- tar convenientes para abatirlo. La dificultad de hacer ciudad Los documentos creados por la Sedatu y el Info- navit han servido para aportar mayor claridad y homologar criterios entre los actores. Al mismo tiempo han dado cuenta de la dimensión del reto que enfrentamos como sector vivienda, pues la tarea es tanto cualitativa como cuantitativa. Pero ¿cómo se aterrizan estos conceptos en la cotidianidad de cada región? Las instituciones en el ámbito federal se mueven a un ritmo revo- lucionado, mientras que los gobiernos estatales y municipales —salvo honrosas excepciones— tienen otra velocidad.

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