En México, 49.5 millones de personas trabajan de manera formal en el sector industrial, comercial o de servicios (Instituto Nacional de Esta- dística y Geografía [Inegi], 2021). La mayoría de estas personas no tiene tiempo para invertir en la autoconstrucción de su vivienda y prefiere comprar casas terminadas a empresas profesionales de desarrollo inmo- biliario. De cara a los retos que nos presenta la crisis climática es preciso que dichos desarrolladores implementen buenas prácticas para ofrecer viviendas dignas, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sosteni- ble (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). Para ello, las empresas tienen que trabajar de la mano con las y los consumidores de las viviendas vendidas para que ambos grupos adopten nuevos hábitos que contribuyan a ciudades sustentables. Es del interés de las autoridades del sector público fomentar estas buenas prácticas, ya que la lucha contra el cambio climático requiere de la participación y coordinación de todas las esferas: pública, privada y social. En este contexto, se busca que las autoridades se vuelvan arti- culadoras de esfuerzos locales para generar alianzas con las y los actores de los sectores privado y de la sociedad civil. Esto puede tomar muchas formas, pero creemos que, en el sector vivienda, una de las estrategias más eficientes es la de incentivar a los desarrolladores inmobiliarios para que adopten buenas prácticas de desarrollo comunitario y sus- tentabilidad y que, de esta forma, las y los vecinos de los barrios en los cuales intervienen aprendan a organizarse, a adoptar hábitos susten- tables y a ser resilientes. 1 Hoy, la idea de muchas autoridades del sector público es diseñar e implementar ellas mismas los programas sociales y de desarrollo urbano. Esta estrategia no puede generar cambios a largo plazo, ya que las admi- nistraciones de gobierno tienen una capacidad de acción solamente de tres —en el caso de las municipales— a seis años —las estatales y nacio- nales—. Además, cada administración tiene sus prioridades geográficas y sociales, mientras que el desarrollo inmobiliario se da en una gran diver- sidad de zonas urbanas. Al incentivar que las empresas inmobiliarias adopten buenas prácticas de desarrollo comunitario y sustentabilidad, los gobiernos podrán impulsar cambios y dinámicas de transformación hacia la sustentabilidad mucho más amplios y duraderos de los que pue- den hacer ellos mismos. Hasta ahora se ha pensado mucho al respecto de buenas prácticas en materia de diseño sustentable de las viviendas, el cual puede contribuir a mitigar el cambio climático a través de la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en países como México es estratégico atender también las vulnerabilidades de la población con acciones de adaptación a la crisis climática. Por ello, aquí se insiste en la necesidad de promover buenas prácticas de desarrollo comunitario y resiliencia alrededor de tres tipos de acciones concretas: ► El fomento de la organización vecinal para acompañar la creación de comunidades resilientes. ► La generación de espacios públicos sustentables que consideren la gestión integral de basura y la captación de agua pluvial. ► La socialización de proyectos inmobiliarios a través de diálogos empresa-vecinos para presentar y afinar, de manera colaborativa, las medidas de mitigación de impactos viales y urbanos. Propongo aquí revisar tres casos de éxito de empresas inmobiliarias que integraron procesos de desarrollo comunitario, y luego extraer lec- ciones de política pública que las autoridades puedan escalar y replicar.
42 Vivienda Infonavit • JUNIO 2022
Made with FlippingBook Digital Publishing Software