Esta empresa no creó ninguna fundación, pero sí implementa protocolos para acercarse a las y los vecinos de manera corresponsable y transparente. Esto permite, entre otras cosas, publicitar, afinar y acordar las medidas de mitigación de los impactos tanto viales como urbanos de sus proyectos, así como establecer una comunicación respetuosa con las y los habitantes para resolver cualquier problema y acordar mejoras. En términos de políticas públicas, esta buena prác- tica se puede generalizar si los municipios solicitan a los desarrolladores socializar sus proyectos y sus medidas de mitigación de impacto vial, urbano y ambiental. El concepto de socialización de proyectos urbanos tiene que afinarse y entenderse todavía: falta que los municipios definan procesos claros y criterios de evaluación de los procesos de socialización y que estos sirvan para trans- parentar el desarrollo tanto inmobiliario como urbano, y para fomentar la colaboración multisector a favor del desarrollo sustentable de las ciudades. Políticas públicas a implementar Con base en estos tres casos de éxito es posible extraer dos lecciones principales, válidas para el desarrollo de viviendas horizontales o verticales, y de cualquier valor. La primera: es del interés de instituciones y autorida- des del sector público fomentar empresas instituciona- lizadas y socialmente —o más bien, urbanamente— res- ponsables, para que estas sean sus aliados en el fomento de ciudades más sustentables con comunidades vecinales participativas y armónicas. Esto implica un cambio de estrategia para las autoridades, ya que no se trata de que el gobierno implemente los proyectos sociales, sino de que generen los incentivos para que empresas y vecinos colaboren para mejorar los barrios en transformación.
Así, los gobiernos pueden implementar sus proyectos sociales prioritarios y, a la vez, fomentar que se hagan otros a través de las alianzas empresa-habitantes. Los incentivos pueden ser financieros o requerimien- tos legales: se pueden dar estímulos fiscales para que las empresas inmobiliarias desarrollen espacios públicos con ecotecnologías y procesos comunitarios para cambiar hábitos, sobre todo en cuanto al uso del agua y la gestión de basura. Asimismo, se puede solicitar a las empresas que inviertan un porcentaje de sus ventas en acciones de desa- rrollo comunitario sustentable. También se puede requerir a las empresas que socialicen sus proyectos y sus medidas de mitigación de impacto para fomentar la colaboración multisector en favor del mejoramiento de los barrios. La segunda lección aprendida es que el financia- miento de estos esfuerzos para generar comunidades vecinales sustentables y resilientes debe venir de la combinación de tres fuentes: la empresa inmobilia- ria invierte, integrando buenas prácticas de desarrollo comunitario, ya que eso le permite generar plusvalía y reducir los conflictos sociales; el gobierno (en sus tres niveles) brinda incentivos fiscales y legales para que las empresas integren procesos de desarrollo comunitario y generen espacios públicos sustentables, y así potenciar la transformación de los barrios hacia la sustentabilidad; la sociedad civil (fundaciones y habitantes) invierte tiempo y recursos que se optimizan al aliarse con otras organizaciones y, al institucionalizarse, pueden captar donaciones y recursos a fondo perdido. En este sentido, lo estratégico es que estos incentivos y requerimientos sean parejos para todas las empresas en todos los territorios, por lo cual es importante que se promueva desde la Federación y los estados, y que se apliquen a nivel municipal.
Referencias Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Censo General de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/ app/areasgeograficas/#collapse-Resumen Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2020). Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México. https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-territorial-operativo-de-la-zona-norte-del-valle-de-mexico-con-enfasis- en-el-proyecto-aeroportuario-de-santa-lucia?idiom=es Organización de las Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Notas 1
La resiliencia se entiende en el sentido plasmado por la Ley General de Cambio Climático de los Estados Unidos Mexicanos vigente como la “capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático”. La resiliencia comunitaria insiste en el aspecto colectivo de esta capacidad; es decir, en la importancia de la organización comunitaria de las y los habitantes, así como en su eficiente y sostenible cuidado y aprovechamiento de los espacios públicos, para enfrentar los retos del cambio climático a través de la mitigación y de la adaptación. La resiliencia comunitaria debe tener un enfoque de equidad de género e inclusión social ya que, para cada organización comunitaria, es preciso identificar las vulnerabilidades y oportunidades locales para definir las estrategias ad hoc . 2 Estas cifras pueden ser consultadas en el portal www.tumasyo.mx/resultados 3 Ver Sedatu (2020). Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, en https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-territorial-operativo-de-la-zona-norte-del- valle-de-mexico-con-enfasis-en-el-proyecto-aeroportuario-de-santa-lucia?idiom=es
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