Revista Vivienda Infonavit Año 6 No 1 (Junio 2022)

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación de mayor amplitud sobre las condiciones de habitabilidad de la vivienda social en la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo. Aquí se presenta un esbozo de la política de desarrollo urbano y vivienda en tres períodos (de 1950 a 1990; de 1990 a 2010; y de 2010 a 2020), contrastándolos con la evaluación hecha por los habitantes de tres fraccionamientos de interés social (cada uno correspondiente a un período). El resultado de las encuestas muestra la pertinencia de considerar las evaluaciones de los programas nacionales por parte de la sociedad civil como usuarios, asociaciones vecinales y observatorios ciudadanos, entre otros.

La ciudad expresa espacialmente las formas de relación socioeconómica que el Estado implementa como estrate- gias de desarrollo nacional. De tal suerte que las acciones de política y desarrollo urbano siempre serán el resultado de los vínculos económicos y de poder entre el Estado, la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto. La planeación urbana en el México posrevoluciona- rio se caracterizó de forma amplia bajo tres modelos: el primero, de tipo estatal-funcionalista, sustentado en la fuerte visión keynesiana 1 de hegemonía e inversión del Estado; la segunda, en una marcada transición hacia un modelo neoliberal; y la tercera, por un franco desarrollo de la planeación neoliberal-estratégica, promovida por la inversión financiera y privada. Primer período (1950-1990) El urbanismo corbusierano (Jaramillo, 2014), caracte- rizado por el impulso de la modernidad y del progreso, delineó la planeación de las ciudades mexicanas entre las décadas de 1940 a 1960. Bajo esta perspectiva, “el Estado debía planificar el desenvolvimiento de la ciu- dad” (Jaramillo, 2014). Durante esta importante etapa de expansión urbana y bajo un paradigma de moder- nidad con énfasis en el desarrollo normativo de planes urbanos, se regulaban las densidades y los usos del suelo. Conceptualmente destacaban el orden, la jerarquía, la racionalidad, la articulación y la zonificación. Así, el “Estado era el encargado de suministrar directamente los equipamientos y valores de uso colectivo que lograba regular a través de la elaboración de grandes planes vía la normatividad y la provisión estatal de infraestructura” (Jaramillo, 2014). Adicionalmente, el Estado debía regu- lar las escasas intervenciones de la iniciativa privada, a fin de evitar las acciones individualizadas de beneficio exclusivo, al priorizar el beneficio colectivo en el acceso de equipamientos e infraestructura. Asimismo, a través de los planes rectores de gran escala, el Estado promovió la horizontalidad del

crecimiento. La estructura espacial de la ciudad se debió al fomento del uso del automóvil a través del diseño de grandes ejes viales. Si algo debe destacarse de este período fue la atención gubernamental para satisfacer la demanda de los sectores populares urbanos en aspectos como la vivienda, los equipamientos y la infraestructura. Dicha demanda fue generada por un exceso de población marginada que migró a las ciudades debido al impulso de la industrialización, así como a la concen- tración de la actividad productiva en grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Sin embargo, la verticalidad de la toma de decisiones no con- sideró la participación u opinión de la ciudadanía, a pesar de ser el elemento central de atención y dirección de la política del desarrollo urbano y la vivienda en esta fase. Por su parte, en el período de 1950 a 1980, la política nacional de vivienda se basó en la producción a gran escala de vivienda de interés social por parte de institu- ciones estatales 2 creadas para tal efecto, cuyas atribucio- nes para ese entonces consistían en la gestión, producción y financiamiento de la vivienda. También se buscó el desarrollo y la ejecución del Plan Nacional de Vivienda del Sector Público Federal, además de la promoción de medidas de estímulo para la inversión de programas de construcción de viviendas de interés social (Auditoría Superior de la Federación [ASF], 2016). Se considera que, durante esta etapa, la vivienda social —al ser ejecutada por instituciones del propio Estado— alcanzó mejores niveles de calidad en cuanto a tamaño, funcionalidad y diseño, aunado a la dotación de infraestructura y equipamiento, así como a la adecuada localización en un momento de creciente urbanización a nivel nacional. De 1980 a 1990, la fortaleza y solidez del Estado mexi- cano permitió que, a través de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), se constituyera como “la década de mayor crecimiento y expansión de las ciudades en México”. Este período se caracterizó por

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