Tabla 1. Porcentaje de satisfacción de la funcionalidad y tiempo de traslado de los usuarios, por período de construcción de las viviendas en el fraccionamiento
Período de construcción de las viviendas en el fraccionamiento
Satisfacción con la funcionalidad de la vivienda
Satisfacción en relación al tiempo invertido en trasladarse la/el jefe de la familia a su trabajo
ID
I
1965-1990 1990-2010
90.00% 52.00% 56.70%
83.30% 28.00%
II
III 20.00% Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de habitabilidad de los fraccionamientos de interés social en la zona metropolitana de Pachuca. Posterior a 2010
En la Tabla 1 se observa que, en ambas variables, el fraccionamiento de interés social I —cuyo desarrollo corresponde al período de 1965 a 1990— tiene un impor- tante porcentaje de satisfacción entre sus habitantes respecto del tamaño, utilidad y distribución de los espa- cios, así como con la cercanía a las fuentes de trabajo. En contraste, los fraccionamientos II y III —edificados después de 1990— muestran que tan solo la mitad de los encuestados está satisfecha con la funcionalidad de su vivienda y apenas en tres y dos de 10 casos, respectiva- mente, consideran adecuada la cercanía de su hogar con el lugar de trabajo. Se observa que el fraccionamiento II tiene una ligera diferencia a la baja en comparación con el fraccionamiento III para el caso de la funcionalidad, y un pequeño incremento comparativo para el tiempo de traslado al trabajo. ¿Qué puede inferirse, entonces, de esta evaluación de los propios usuarios? Con base en las encuestas, el fraccionamiento I, edi- ficado en el primer período expuesto correspondiente a la primera fase (Estado regulador y ejecutor), tiene una mejor valoración en cuanto a funcionalidad; es decir, las viviendas son consideradas por sus habitantes como cómodas y suficientes en tamaño y espacios; asimismo, destaca su adecuada ubicación. Podría inferirse entonces que, en esta fase, la calidad de las viviendas y su ubicación son óptimas, porque parecería que el propio Estado ase- guraba que las condiciones de localización y ubicación fueran adecuadas, sin que hubiera intervención directa del mercado vía la industria inmobiliaria. En contraste, y para estos casos de estudio, el fraccio- namiento II del período de transición hacia el neolibera- lismo, edificado entre 1990 y 2010, tiene buena ubicación, pero poca satisfacción de los usuarios respecto del desem- peño espacial; en este momento se observa que la calidad en la funcionalidad de las viviendas comienza a mermar. Por último, en la fase del modelo neoliberal consoli- dado, los encuestados que habitan en el fraccionamiento
III, edificado posterior a 2010, refirieron tener una mejor satisfacción que los encuestados de un período previo. Podría pensarse que hubo cierta corrección del mercado en cuanto a la funcionalidad, sin embargo, la localización no es adecuada. Podría inferirse que, posterior al 2000, el agotamiento de suelo urbanizable fue significativo. Con lo hasta aquí expuesto puede darse un panorama general sobre cómo las políticas de desarrollo urbano y vivienda a nivel nacional se manifiestan en condiciones y características de los espacios habitacionales a escala metropolitana o municipal. Es así que se considera que las evaluaciones de los programas nacionales no solo deberían estar del lado de los organismos autónomos gubernamen- tales, sino también prestar atención y generar espacios para la valoración y participación de la sociedad civil (asocia- ciones vecinales, observatorios ciudadanos, entre otros). ¿ Cuál sería la ruta a seguir para la definición de la política de desarrollo urbano y vivienda en una nueva etapa? Para comenzar, es fundamental que el propio Estado establezca firmemente la congruencia entre su papel de intervención, la política de desarrollo urbano y vivienda y el modo de producción imperante. De tal suerte que no se generen contradicciones entre la acción guberna- mental y las estrategias de la iniciativa privada. Dicho en otras palabras, que cada actor establezca su nivel de participación. Otro aspecto fundamental es la participación activa de la sociedad civil, no solo como un ente pasivo en la evaluación de los programas y estrategias implementa- das por los ejecutores público-privados de los planes de desarrollo urbano y vivienda, sino como agente activo durante los procesos de diagnóstico, diseño, gestión, eje- cución y evaluación de los mismos. Si llegara a existir una adecuada colaboración entre el Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil, deberían
50 Vivienda Infonavit • JUNIO 2022
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