puesta en práctica de instrumentos de gestión urbana, es esencial para la mejora integral de esta región y para lograr un aumento en la calidad de vida de los pobladores actuales y de los que se planea atraer. Es necesario continuar con la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento para el desarrollo habita- cional —a partir de la gestión de la valorización del suelo— que permitan contribuir al desarrollo de vivienda asequi- ble para sectores que tradicionalmente han sido excluidos. Las GIU asociadas a los corredores del nuevo servicio del tren suburbano y de los sistemas de Autobuses de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés) son una oportunidad para que las zonas contiguas a estos siste- mas cuenten con planes parciales sectoriales dentro de los programas municipales, que coincidan con una estra- tegia de valorización y gestión para el financiamiento del desarrollo urbano, particularmente en las zonas cir- cunscritas a los Centros de Transferencia Multimodal (Cetram). Un ente gestor de suelo y de la valorización, impulsado por el gobierno federal, es el instrumento que acompañaría a este planteamiento. Otros cobros, por ejemplo, asociados a los cambios de uso de suelo en zonas que no han sido consideradas urbanizables en el PTO deberían ser considerados en los instrumentos municipales, a partir de reconocer que estos terrenos potenciales son beneficiados por las GIU. En este sentido, cabe recalcar que la captura de estos incrementos y plusvalías urbanas tendría que ser una obligación de justicia social tributaria e inmobiliaria pro- gresista. Si realmente queremos lograr una sostenibilidad fiscal urbana, debemos comenzar por combatir la corrup- ción y transparentar los procesos de asignación de los dere- chos de desarrollo, captar las plusvalías urbanas y cobrar adecuadamente los tributos inmobiliarios (Lomelí, 2018). Para producir ciudades más justas será fundamental conciliar la planeación urbana con el mercado inmobi- liario, que ambas sirvan a los intereses de lograr ciuda- des más democráticas y equilibradas. El fundamento para ello es el principio constitucional que establece
que el suelo y las propiedades tienen una función social que otorga derechos y certidumbre jurídica al propieta- rio, pero que al mismo tiempo introduce obligaciones y compromisos con el interés general y con el desarrollo armónico de la sociedad. Reconocer, a partir del proyecto del AIFA, que los pro- cesos de valorización que provocan la infraestructura, parques, líneas de transporte, espacios públicos, etc., exis- tentes y creados, tienen un potencial para ser convertidos verdaderamente en una “palanca para el desarrollo” para la transformación territorial y que permitirán hacer efectiva la ordenación y planificación que se proponen los instru- mentos. Simultáneamente, se parte de la convicción de que esta palanca habrá de permitir la generación de los recursos para financiar y fomentar otros mecanismos, por ejemplo, para la ejecución de vivienda asequible en esta región. México ha contraído diversos compromisos inter- nacionales, particularmente en torno a la Nueva Agenda Urbana, y está procurando hacerlos realidad en inicia- tivas de desarrollo como la que aquí se ha presentado. Sin duda, otras regiones habrán de identificar las res- pectivas palancas de desarrollo y lograr una gobernanza activa que permita involucrar a todos los actores del desarrollo hacia metas y valores compartidos. El reto no es sencillo, por eso creemos que los aprendizajes y com- partir experiencias y casos de éxito es un apoyo de gran valor para quienes se enfrentan a situaciones semejantes. Finalmente, la Sedatu cuenta con una estrategia nacional y con programas para impulsar la política de suelo y vivienda en el marco del ordenamiento territo- rial y el desarrollo urbano sustentable. El gobierno de la república impulsa grandes proyectos de infraestructura orientados a promover un desarrollo social y económico en las regiones en las que se ubican, y en algunos casos enfocados a resolver aspectos de gran relevancia para el fortalecimiento de las capacidades más amplias del desa- rrollo sustentable del país. Armonizar estas grandes orien- taciones y hacer un adecuado aterrizaje en cada una de las regiones es una oportunidad que hay que aprovechar.
Referencias Aguilar, Luis F. (2019). La gobernanza del sector público . El Colegio de Jalisco, Zapopan, México . Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (agosto de 2020). Programa Territorial Operativo de la ZNVM, con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía . Congreso de la Unión, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, última reforma publicada en el DOF 1 de junio de 2021.
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