La transformación de la normatividad en materia urbana: de lo internacional a lo nacional Derivado del acelerado crecimiento que tuvieron las ciudades modernas a partir de la década de 1970, se gene- raron cambios sustanciales en la legislación en materia de desarrollo urbano (Comisión Económica para Amé- rica Latina y el Caribe [Cepal], 2007; Prebisch, 2012; Arriagada, 2000). La primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, celebrada en Vancouver, Canadá, en 1976, promovió a nivel interna- cional la necesidad de transformar la manera en que las ciudades de todo el mundo estaban desarrollándose, lo cual ocasionó que muchos países se pronunciaran a favor y propusieran reformas de ley en ese sentido (López Velarde, 2011). Este replanteamiento tenía la finalidad de diferenciar el crecimiento de la ciudad frente al desarrollo integral que permitiera equilibrar los temas económicos y las necesidades sociales de la población puesto que, en varias ciudades, el crecimiento del territorio lleva varias décadas siendo superior al poblacional. Un detonante para la reconfiguración de la planeación de las ciudades igualmente importante ocurrió en 1966 con la creación del Instituto de Planificación Urbana y de Investigación de Curitiba (IPPUC), en Brasil. A través de este se dio un ejemplo exitoso en el contexto latinoa- mericano, donde se mostraba una manera de ordenar y regular el crecimiento de la ciudad, de tal forma que las decisiones sobre temas urbanos no recayeran totalmente en el gobierno local. México fue uno de esos países que se sumó a la iniciativa de cambio en la normatividad urbana, por lo que, durante 1976 se generaron modificaciones a la Constitución y a las leyes que permitían controlar y regu- lar el crecimiento de las ciudades, sobre todo en los artí- culos 27, 73 y 115, los cuales incluían de manera general reformas sobre la propiedad y los límites de la tierra (entre la propiedad pública y privada); cambiaba la facultad del Congreso para emitir leyes y planes para el mejoramiento de las ciudades, modificaba las competencias entre los estados y municipios para la regulación en materia urbana de sus territorios (otorgándole mayor peso a los munici- pios) y, finalmente, la inclusión de la participación ciuda- dana en la gestión urbana (López Velarde, 2011). De igual forma, a nivel municipal se promovió la crea- ción de institutos de planeación en los que se pudieran tomar decisiones en función del interés público sobre el privado; esto por medio del Sistema Nacional de Planeación y la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976. No obstante, el primer instituto de planeación no se consolidaría hasta 1994 en León, Guanajuato, y en 1995 en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Ciudad Juárez se define como un organismo
público descentralizado de la esfera municipal, con patri- monio y personalidad jurídica propios, y autonomía en la toma de decisiones. Este modelo de planeación per- mite dar continuidad a los proyectos en cada cambio de gobierno, a través de la generación de estudios y proyectos urbanos con visión a corto, mediano y largo plazo, donde se proponen los criterios de planeación y programación de acciones municipales. El modelo de desarrollo inmobiliario en México A pesar de que la normativa mexicana respalda su con- cepción, los institutos no están presentes en todas las ciudades mexicanas. Su creación ha estado determinada, en gran medida, por el contexto político que regía en su momento. Su aparición ha significado un arduo trabajo pero, sobre todo, su conservación. Son muy pocos —en proporción de los más de 50 que están activos y vigentes en el país— los que sobrepasan los 20 años de existencia y autonomía, de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Institutos de Planeación, fundada en 2003. Aunque los objetivos de los institutos son muy cla- ros, existen condiciones que debilitan su labor, es decir, la incidencia en los resultados finales en el crecimiento de la ciudad. Algunas dificultades que se han observado en el contexto de Ciudad Juárez son la deficiencia que se puede presentar en la capacitación y especialización constante en temas urbanos, los cambios administrativos que atienden a períodos políticos y a la perpetua presión del sector inmobiliario. Todo esto implica cuestiones multidimensionales que dificultan aún más la toma de decisiones sobre la ciudad. Los conflictos se visualizan fuertemente en el tema del desarrollo de vivienda. Este es uno de los retos más grandes que existen en materia urbana, no solo para los institutos de planeación, sino para todo el Sistema Nacional de Planeación. Así, el sector público no ha logrado satisfacer la alta demanda de vivienda asequible y de calidad en México (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], 2021). El gran crecimiento que han tenido las ciudades está vinculado directamente con la necesidad de vivienda de quienes migraron a ellas en busca de mejores condiciones laborales. El Estado, al no poder proveer este bien, tuvo que delegar sus facultades al sector privado y al mercado. Esta situación permitió que el desarrollo de la vivienda se diera a merced de los desarrolladores e inmobiliarias, quienes optaron por la construcción de vivienda hori- zontal y a bajo costo, sin considerar criterios de susten- tabilidad, calidad o dotación de servicios y equipamiento en muchos de los casos. Este modelo expansivo influyó en el crecimiento del territorio ocupado por las ciudades, incluso hasta tres veces más rápido, en proporción al cre- cimiento de la población (Sedatu, 2021).
94 Vivienda Infonavit • JUNIO 2022
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