LA EXPERIMENTACIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
como se ha podido comprobar, la facilita- ción del acceso a datos es determinante para el desarrollo de actuaciones de expe- rimentación, para lo que se requiere una mayor apertura y voluntad política en esta dirección por parte de la Administración pública. En esta dirección, Arroyo y Fer- nández Albertos (2021) apuntan a que el camino más razonable para avanzar en esta dirección debería ser profundizar en el gru- po de trabajo estable entre los principales productores de datos en España: el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributa- ria, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Seguridad Social, y que podría ser el germen de una nueva estructura, contando con la participación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), garante último de que los procesos de explotación sean to- talmente compatibles con el mantenimiento de la confidencialidad y anonimidad de los datos 98 . 5. Adicionalmente, la Administración pú- blica puede dar respuesta a diferentes factores que suponen barreras al desarrollo de la experimentación. En este sentido, es necesario el desarrollo de actuaciones que permitan adaptar el diseño o evaluación de las políticas públicas a la singularidad de estos procesos, lo que requiere contar con una mayor flexibilidad en determinados procedimientos administrativos que pue- den suponer un obstáculo en este tipo de metodologías, e incluso ampliar los plazos para el diseño de las políticas públicas, siendo conscientes de que los tiempos para visualizar el impacto de una intervención es más amplio. Es decir, se trata de anticiparse a las necesidades de un proceso de experi- mentación de este tipo, que puede implicar alterar algunos procedimientos administrati- vos o incorporar nuevos pasos.
este tipo de metodologías (como son las universidades, centros de investigación, em- presas especializadas) y la Administración pública. Ya que, como se ha visto en apar- tados anteriores, en España la experimen- tación, incluyendo los enfoques de ciencias del comportamiento, es un campo relativa- mente desarrollado en organismos privados y públicos, pero estas prácticas no siempre se conocen o emplean por la Administra- ción, incluso cuando algunas de ellas tienen una enorme potencialidad de aplicación en actuaciones de políticas públicas. Por ello se debe seguir fomentando el vínculo entre investigadores y tomadores de decisiones; los fondos de experimentación comentados anteriormente pueden servir como enlace entre el ámbito investigador y las Adminis- traciones públicas. 7. Tanto en el caso de que las Administra- ciones hagan evaluación como si la externa- lizan, es necesario que su personal dispon- ga de habilidades y de un elevado nivel de cualificación interdisciplinar, lo que requiere, además, estar en continuo aprendizaje. Por ello, un proceso fundamental para el incre- mento de la experimentación en nuestro país es el desarrollo de actuaciones de for- mación, sensibilización y concienciación entre el personal técnico de las Administra- ciones públicas sobre lo que supone este tipo de metodologías, las oportunidades que ofrecen y las implicaciones que conlle- van para la mejora del conocimiento sobre los enfoques experimentales y de ciencias del comportamiento. En ese sentido, ejemplos como los de Ivàlua en Cataluña o el IGL de Nesta en Europa muestran que este trabajo de sensibiliza- ción y acompañamiento a las Administra- ciones es fundamental para aumentar la predisposición de los decisores públicos al desarrollo de este tipo de experimentos, tan- to en el diseño de una política pública como
6. Fortalecer una mayor conexión entre las entidades que desarrollan habitualmente
98. En este sentido, resultan interesantes los pasos dados recientemente en esta dirección por el Ministerio de Inclusión, lanzando el Portal del Dato: http:// portaldatos.seg-social.gob.es/. Se trata de una plataforma para instituciones e investigadores en temas de Seguridad Social cuyo objetivo es facilitar la realización de estudios en el campo de la protección social.
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