Mejoras en el acceso y uso de la Administración electrónica por parte de las personas mayores
El proceso de digitalización de las administra- ciones públicas resulta imparable a pesar de los riesgos que se han observado para los grupos sociales más vulnerables. Se trata de un sector tractor de la economía que ofrece, igualmente, importantes oportunidades y ventajas a la ciuda- danía. También trae consigo riesgos y retos para los colectivos vulnerables, como el de las perso- nas mayores; debiendo ser abordados de manera responsable por parte de las propias administra- ciones públicas. El análisis de la normativa y de los planes encargados de la regulación y desarrollo de la Administración electrónica ha demostrado la existencia de ciertas carencias y deficiencias en relación con el acceso y uso de esta por parte de las personas mayores. El problema reside fun- damentalmente en mitigar aquellos factores que impidan que las personas mayores que desean hacer uso de los servicios digitales de las admi- nistraciones públicas puedan hacerlo en igualdad de condiciones que otros colectivos. De hecho, la ciudadanía, en general, y las personas mayores, en particular, ya tienen reconocidos por ley los llamados derechos electrónicos (Ley 39/2015, ya mencionada) y los derechos digitales (Ley Orgá- nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y la Carta de los Derechos Digitales). A continuación, se presentan una serie de medi- das de actuación para mejorar la adaptabilidad de las administraciones públicas, en pleno proceso de digitalización de los servicios públicos, a las condiciones generales del colectivo de personas mayores:
les. Personas mayores y funcionariado.
4.5. Infraestructura: red y dispositivos. Bo- nos de conectividad social.
4.6. Conectividad social: red pública y abierta.
Todas estas medidas están adaptadas a los di- ferentes planes y normativas vigentes en España (desde el año 2021 en adelante). De este modo, aprovechando el desarrollo y el esfuerzo ya rea- lizado de digitalización por parte de las adminis- traciones públicas, se aúnan las propuestas que puedan ayudar a lograr sus objetivos. 4.1. Diagnóstico de las competencias o habi- lidades digitales del funcionariado El sector público en España es el garante de los servicios a la ciudadanía, así como de proteger sus derechos. Además, su papel es crucial para el avance y el progreso de la sociedad española, y debe ser un pilar básico de la digitalización del país. El desarrollo de un nuevo marco normativo para la función pública debe incorporar la capa- citación en competencias o habilidades digitales en los procedimientos de selección, captación y retención de recursos humanos. Todo esto no es posible si no hay un trabajo previo de investiga- ción y evaluación encaminado a la creación de un mapa de competencias y servicios en las adminis- traciones públicas que esté adaptado al proceso de digitalización. Como afirma el Plan Nacional de Competencias Digitales (2021), la formación en competencias digitales en el sector público posee una entidad separada y diferenciada del sector privado. En primer lugar, porque, para que la Administración pueda llevar a buen término un proceso de digita- lización integral, este depende de la buena capa- citación del personal público, tanto en las labores que no requieran más que el uso de competencias básicas o intermedias como en el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías por parte del personal más especializado. Por otra parte, la formación en
4.1. Diagnóstico de las competencias o habilidades digitales del funcionariado.
4.2. Asistencia directa a las personas mayo- res. Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro. 4.3. Aprovechamiento de la experiencia de las personas mayores usuarias en el diseño de aplicaciones.
4.4. Capacitación en competencias digita-
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