La inversión en recursos tecnológicos debe acompañarse de un plan integral sobre su implementación, seguido de evaluaciones rigurosas que cuantifiquen el impacto en el rendimiento del alumnado
Por otra parte, la dirección de los centros educativos debe cerciorarse de que los
En tercer lugar, cabe destacar que la política pública a nivel regional y nacional puede desempeñar un papel fundamental en encauzar al alumnado hacia un uso de calidad de los dispositivos digitales. En las últimas décadas, las diferentes regiones españolas han aumentado de manera significativa su inversión en recursos TIC, pero esto no se ha visto necesariamente acompañado de mejoras en el desempeño académico del alumnado . Esto podría deberse, en parte, a que estas iniciativas fueron principalmente tomadas sin contar con un plan fundamentado para su implementación.
dispositivos digitales se estén integrando en las aulas con el objetivo para el que, presumiblemente, se diseñaron : producir mejoras en el desempeño académico del alumnado. Esto involucra tanto a la disponibilidad de recursos que posibiliten potenciales mejoras en el rendimiento del alumnado como a la formación del profesorado. A este respecto, la aceleración del debate de la digitalización en las aulas debido a la Covid-19 ha tenido su primer impacto en la política educativa a nivel nacional, donde se ha formalizado el primer acuerdo sobre competencias digitales docentes. En julio de 2020, el Boletín Oficial del Estado publicó el primer marco legal, acordado entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, sobre competencias digitales docentes (Ministerio de Educación y Formación, 2020). Esto marca un hito en la regulación digital en el ámbito educativo. Así, para su correcta implementación, este marco deberá estar sujeto a revisiones periódicas que evalúen su impacto y permitan identificar posibles mejoras en su diseño . Para ello, es de vital importancia que el marco ofrezca la flexibilidad suficiente para adaptar los contenidos a las necesidades que, en la era digital, cambian a gran velocidad. La siguiente medida implicaría a las familias del alumnado. Mientras que el informe se centra principalmente en el uso educativo de la tecnología en las aulas, se muestra también que, a nivel descriptivo, éste guarda una estrecha relación con el uso educativo en el ámbito del hogar. Un segundo estudio podría identificar si esta tendencia de “U” invertida entre el uso educativo de las TIC en el hogar y el rendimiento matemático se mantiene una vez se tienen en cuenta las características individuales del alumnado y del centro al que acude. Si esta tendencia se confirmara, en el ámbito privado también se debería identificar el tipo de uso que se hace de la tecnología, así como concienciar al alumnado acerca de las consecuencias de un uso que obstaculice el aprendizaje. Esta política es quizá menos trivial de implementar, debido a las complejidades específicas a cada hogar, pero podría canalizarse vía el centro escolar, mediante prácticas dirigidas a la orientación de las familias sobre cómo actuar ante este reto .
Ésta es precisamente una de las conclusiones de este informe: que la cantidad de uso no se corresponde siempre con mejores resultados. Si bien esta premisa aplica a todas las comunidades, sin excepción, el grado de penalización por un uso muy intensivo varía notablemente por regiones. Por ello, la política educativa a nivel regional deberá identificar los factores causantes de esta tendencia —incluyendo una evaluación sobre el funcionamiento de las políticas TIC vigentes en cada región— con el fin de impulsar políticas que garanticen que el uso de las TIC cumple su función de mejorar el rendimiento académico del alumnado. En definitiva, la inversión en recursos tecnológicos debe acompañarse de un plan integral sobre su implementación, seguido de evaluaciones rigurosas que cuantifiquen el impacto en el rendimiento del alumnado . Para que estas evaluaciones funcionen, debe generarse un registro detallado que recoja las diferentes características (en términos de recursos materiales y humanos, como la formación y apoyo del profesorado en la integración de los dispositivos en las aulas) que permitan identificar el impacto de estas iniciativas sobre el proceso de aprendizaje del alumnado.
Por último, el contexto actual de la Covid-19 permitirá evaluar el impacto de la docencia online en el rendimiento del alumnado. La situación actual se identifica con un “experimento natural” masivo, donde idealmente se compararía la situación de cada estudiante en el periodo pre-Covid (donde la modalidad de enseñanza era la presencial) con la situación del mismo estudiante durante el periodo de modalidad online. Si bien es aún temprano para evaluar el funcionamiento de esta modalidad, es innegable que su impacto se reparte de manera muy dispar en función de las características del alumnado, del profesorado y, de manera más general, del centro educativo. El presente informe se centra en información del año 2017 y, por tanto, no recoge los efectos de la pandemia, la siguiente edición de PISA será clave para analizar cuál ha sido el impacto de este cambio de instrucción docente en el rendimiento del alumnado. En especial, será importante analizar hasta qué punto la brecha digital se ha visto ampliada debido a la incidencia de la Covid-19 .
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