Impresión 3D y Propiedad Industrial e Intelectual

la transmisión de cualquier información, ya sea puntual, o ya sea sostenida en el tiempo (regulada en ese caso por acuerdos de confidencialidad “marco”). • La compra y/o descarga de archivos 3D en plataformas online no asegura por defecto que la adquisición aporte derechos ili- mitados de copia, modificación o reproducción al que adquiere dichos archivos. En el momento actual, los portales online que basan su actividad en la distribución de archivos 3D y la prestación de servicios de impresión tienden a absolverse a sí mismos de responsabilidad en cuanto a la posible vulneración de derechos de terceros, por lo que no actúan como agentes ac- tivos a la hora de detectar y comunicar posibles vulneraciones de derechos. • En cuanto a estas plataformas online que sirven como base para la distribución de archivos 3D, cabe destacar que en el marco di- gital, aunque en otros ámbitos, ya existen casos notables (por ejemplo, Napster y Megaupload) en los que plataformas que fa- cilitaban el almacenamiento y distribución no controlado de contenidos digitales fueron obligadas a ver cesada su actividad por considerarse medios necesarios e indispensables para la co- misión de infracciones (responsables secundarios). Es necesario tener además en cuenta que la dificultad para “perseguir” el uso privado no autorizado puede llevar a los perjudicados a actuar en primera instancia contra estas plataformas. • Desde el punto de vista de los proveedores de servicios en el ámbito del diseño, la ingeniería y la fabricación, es necesario considerar que de manera similar al caso anterior, podrían llegar a ser calificados como responsables secundarios de una vulne- ración, y por lo tanto verse involucrados en procesos de estas características. En este sentido, estos proveedores deberían considerar si la aplicación de un principio de “auto-exención” de responsabilidad es suficiente, o si es necesario alguna me- dida adicional que contemple el reconocimiento por parte del cliente sobre la posesión legal de los derechos asociados al con- tenido digital, elemento físico o información necesarios para llevar a cabo los servicios contratados.

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