EDITORIAL
Bloqueos, Estado ausente y minería presente
Cuando semanas atrás, representantes de un grupo de comunidades de las lade- ras del Corredor Minero del Sur –junto con representantes del gobierno y de la minera Las Bambas–, anunciaron ha- ber llegado a un acuerdo tripartito ‘que ponía fin’ al bloqueo impuesto por ellas para que se atiendan sus demandas, lo que sentimos quienes promovemos el desarrollo del sector fue un sincero be- neplácito. No obstante, este duró poco. Y es que, apenas unas horas después, pobladores de otro tramo de la vía iniciaron un nue- vo bloqueo, sumando así días al tiempo acumulado que ese conducto ha sido ce- rrado por las continuas interrupciones, alrededor de 50 días este año y más de 350 desde el 2016, año en que Las Bam- bas inició sus operaciones. Detrás de estos hechos recurrentes hay razones de fondo, que son las principa- les; pero también de forma. Ninguna de ellas, sin embargo, parece haber mere- cido la atención –y menos la acción– de los sucesivos gobiernos que los han en- frentado. Entre las de fondo, la principal es la total ineficiencia de las regiones para invertir bien los recursos con que cuentan gra- cias a los aportes de la minería. Prueba de esto es que de los S/ 40,000millones transferidos a ellas por canon en los últi- mos 10 años, han invertido solo el 60%, y en muy pocos casos en obras públicas que generen beneficios para su pobla- ción. Y como lo hemos visto durante los últimos años, esta carencia ha tenido el efecto ya conocido: pobladores que, ante la incapacidadde sus gobernadores y alcaldes para atender sus necesidades –y en muchos casos, azuzados por esas mismas autoridades– le demandan esas obras y servicios a la empresa minera de su zona.
Pero ese efecto, además, ha sido alimen- tado –y no pocas veces empeorado– por razones de forma; esto es, por los fla- grantes errores en que han incurrido los gobiernos al ‘manejar’ tales conflictos. Al respecto, la lista es larga, pero los más recurrentes son tres: la sumisión de las autoridades a prácticas de abierta ex- torsión y/o violencia; el aprovechamien- to político de la situación de las partes; y, acaso el más grave, la suscripción de ‘acuerdos’ con condiciones, objetivos y plazos claramente irreales y, por tanto, incumplibles. Y como advierte el refrán, demás está apuntar que la consecuencia de estos ‘remedios’, como lo hemos com- probado en todos los casos, ha sido el recrudecimiento de la ‘enfermedad’. Por todo lo dicho, ante la recurrencia de esta situación en el ámbitominero –pero que se replica de diferentes formas en todos los ámbitos de actividad en el país– es urgente que el gobierno adopte acciones concretas que apunten a lograr soluciones definitivas y sostenibles. Empezando por las de forma, con el fin de crear el ambiente propicio para ejecutar las viables a corto plazo, pero complementándolas con otras tareas de fondo, a ser ejecutadas a largo plazo. Entreestas, una fundamental: resolver la alarmante ausencia del Estadoen vastas zonas del país; ausencia por la que sus pobladores dirigen sus demandas a las empresas mineras, las que no solo tienen presencia en ellas, sino que, en la práctica, lo reemplazan y asumen sus responsabilidad y funciones.
RUMBOMINERO
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