sucedido con el Ministerio de Salud. A pesar de que existen manuales claros, con tiempos definidos, al amparo de la Ley Antitrámites, la situación ha empeorado en el año 2025. La Ventanilla Ágil de la Construcción, mecanismo que surge al amparo de la Ley Antitrámites, define en su manual operativo 80 días para la resolución de las licencias categoría B1, pero actualmente toma 130 días. En promedio, en el 2023, llegó a tomar 72 días. Por su parte, el Ministerio de Salud se tarda 81 días, cuando en el manual el tiempo del trámite dura 16. ¿Quién está siendo sancionado? ¿Qué medidas están tomando las autoridades? Los retrasos evidencian que, para cumplir con la Ley Antitrámites, el reto va más allá de la aprobación de la reforma a los reglamentos y a los manuales operativos. El problema de implementación de la simplificación y digitalización es la falta de seguimiento del Ejecutivo al cumplimiento de la Ley. Como bien el dicho: el ojo del amo engorda el ganado. Y este ganado está flaco de resultados. Esto debe avanzar. Y veo como positivo la presión norteamericana que, bajo el entendido de barreras al comercio y a la inversión, insisten que el país debe avanzar en la implementación de la Ley Antitrámites- Por lo mismo es que la VAC, en lugar de retroceder y languidecer, va a seguir avanzando. Inspirándonos en este modelo, debemos extender la lógica de la VAC al sector vivienda en general. Y, pasar del Ejecutivo a todas las municipalidades del país. Esto implica articular, en una misma plataforma tecnológica, los trámites vinculados al desarrollo habitacional: uso de suelo, impacto ambiental, disponibilidad de servicios, registro de planos, permisos de construcción y habitabilidad. Por ejemplo, hoy en la VAC hace falta incluir al Ministerio de Educación que impacta en ciertos trámites relevantes para la vivienda. Además, hay un aspecto que va más allá de la tecnología y la eficiencia y creo importante mencionar aquí.
densificación urbana y creo que ese es un camino irresponsable y que puede ser un obstáculo mental importante en querer que se digitalice y modernice el sistema público en los procesos de aprobación de la construcción de vivienda vertical. La vivienda vertical salva bosques. La vivienda vertical nos obliga a pensar en soluciones reales al problema del agua a gran escala. La vivienda vertical nos permite ofrecer mayor calidad de educación y salud porque permite economías de escala. Si no entendemos esto, y lo pregonamos, difícilmente vamos a poder avanzar en la simplificación y digitalización.
IMPULSAR EL SECTOR CON LA TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA
LISARDO BOLAÑOS COORDINADOR TÉCNICO GUATEMALA NO SE DETIENE
En un país donde el déficit habitacional supera las 1.8 millones de unidades, impulsar el sector vivienda debe ser una prioridad de política pública. Sin embargo, los obstáculos no son solo financieros o de acceso al suelo: también son institucionales y tecnológicos. El exceso de trámites, la duplicidad de requisitos y la falta de coordinación entre entidades públicas generan altos costos, demoras y desincentivan la inversión en vivienda asequible. Para resolver este problema, es imprescindible repensar la manera en que el Estado regula y gestiona el desarrollo habitacional, y en este sentido, la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC) representa una experiencia innovadora y repicable. La VAC surgió como una reacción a la perenne crítica del Banco Mundial sobre lo lento y costoso de obtener licencias de construcción pues es, en Guatemala, un claro obstáculo a la creación de nuevas empresas, nuevas industrias, y más empleo. La VAC se inspira, entre otras experiencias, en la experiencia mexicana de la Comisión de Mejora Regulatoria (CONAMER), empezó al revés. Mientras la CONAMER se enfocó en la mejora del
procedimiento de la licencia de construcción a nivel municipal, la VAC inició desde el Ejecutivo. Y, a pesar de ya pasar por dos Presidentes y cuatro Ministros de Economía, los resultados son positivos. Aunque aún tenemos mucho por hacer. La VAC demostró que es posible reducir los tiempos de aprobación de licencias de construcción, para ciertas categorías de edificación, logró pasar de más de 300 días a menos de 60, mediante un sistema integrado de revisión digital y simplificación de requisitos. Esto no solo agiliza la dinámica inmobiliaria, sino que también incentiva la formalidad, mejora la recaudación tributaria y disminuye los riesgos de corrupción. Ahora bien, como he señalado en otras ocasiones, el problema es que no siempre existe el compromiso de las autoridades por presentarle atención a las obligaciones que emanan de la Ley Antitrámites Decreto 5-2021. El Ministerio de Ambiente ha empeorado en los tiempos de resolución de los trámites. Lo mismo ha
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