7. Necesidad de mayor transparencia en la contratación pública En relación específicamente con el acceso a la información sobre los con- tratos públicos, todos los territorios deberían ofrecer la información relati- va a sus contrataciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (incluidas Galicia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid, que actualmente no vuel- can allí sus datos sobre contratos menores). Del mismo modo, el objeto del contrato debería ser suficiente- mente descriptivo como para permitir entender a cualquier tercero qué bien o servicio se está adquiriendo. Por último, debería ser obligatorio infor- mar acerca del tipo de procedimiento de contratación seguido (ordinario, ur- gente, de emergencia, etc.), así como ofrecer siempre acceso a los pliegos de la licitación. Sin esta información, la labor de fiscalización externa se ve seriamente comprometida.
6.
Dificultades de trazabilidad de las políticas públicas Es necesario que los sistemas pú- blicos de información permitan la trazabilidad del proceso completo de la política pública, que arranque en su diseño, y que permita seguir con el acompañamiento presupuestario, la monitorización de su ejecución, la evaluación de los resultados y la medición de su impacto. En general, ni las CCAA ni el Ministerio de Educación ofrecen un espacio con estas caracte- rísticas a través del cual poder acce- der a los documentos, normativas y presupuestos aprobados. Esta dificul- tad de acceso a la información pública no solo dificulta el conocimiento por parte de los centros educativos sobre los marcos legales a los que deben acogerse, sino que contribuye a la opacidad en el sistema educativo y dificulta la posibilidad de compartir, replicar y transmitir buenas prácticas dentro de la Administración educativa.
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