FORMACIÓN CONTINUA Y POLÍTICAS DE EMPLEO
2) Coordinación: el cambio de competencia del sistema de trabajo a educación implica sentar a la mesa a nuevos actores. Si bien el impulso a la FP ha venido acompañado de la revitalización de espacios de diálogo social, imprescindibles para que el siste- ma recoja las necesidades y demandas de empresas y trabajadores, no acaban ahí las necesidades de coordinación. Que los servicios públicos de empleo de las CC.AA. dialoguen con el sistema de formación profesional es fundamental para que los primeros puedan derivar a las personas tra- bajadoras con sentido y los segundos ade- cuarse a las necesidades que detectan los primeros. Por otro lado, solo la formación para el empleo vinculada al Catálogo Nacio - nal de Cualificaciones pasa a depender de la administración educativa. La formación en habilidades de tipo más general sigue sien - do competencia de los servicios de empleo. La coordinación de ambas formaciones es esencial para poder ofrecer a las personas trabajadoras itinerarios personalizados de inclusión laboral. 3) Barreras individuales a la formación: la indisponibilidad de tiempo, de ingresos o de seguridad laboral son problemas que afec- tan a una buena parte de las personas tra- bajadoras y, muy especialmente, a aquellas en situación de precariedad. El incremento de las plazas de FP y la modernización del catálogo o la calidad de la formación es, sin duda, necesario, pero no es suficiente si las personas no pueden adaptar sus hora- rios, no disponen de recursos propios para mantenerse si trabajan menos o no están totalmente seguras de que sus puestos laborales no peligrarán en caso de solicitar un permiso de formación. La inestabilidad e inseguridad laboral juegan en contra del principio de “formarse a lo largo de toda la vida” si no hay una acción pública decidida que limite los riesgos vitales asociados a volver a estudiar.
4) Incentivos a la formación: cualquier política de formación para el empleo, si quiere lograr la mayor equidad posible, debe ser consciente de una menor propensión a la formación de aquellas personas que no han cursado estudios postobligatorios en relación con aquellas que sí; y que esta propensión se reduce aún más entre aque - llas personas que cuentan con un nivel de estudios básico. La regulación de determi - nados sectores, en los que se exige titula- ción para trabajar, ha sido un incentivo para la formación, por ejemplo, en la atendencia domiciliaria a la dependencia. Sin embargo, esta vía de generar incentivos es limitada y es necesario buscar alternativas. 5) La articulación del sistema subsidiario y políticas de outreach: la actual legislación les da un papel a organizaciones sociales, escuelas taller o iniciativas locales y de proximidad varias, que tienen la capacidad de llegar y adecuar su oferta formativa a las necesidades de aquellas personas exclui- das de los circuitos formales o que, incluso, tienen déficits formativos previos a poder cursar una FP (lingüísticos, de habilidades sociales, etc.). Sin embargo, es una incógni- ta el papel que le dará la nueva FP. La mera disponibilidad de plazas no es suficiente para que estas personas puedan cursar formación profesionalizante. El sistema subsidiario de organizaciones y ayunta- mientos debe articularse con el principal y tener el tamaño y capacidades que requiere la sociedad actual. 6) Formación dual: el consenso del poten- cial éxito de la formación dual es enorme. Sin embargo, las dudas sobre la aplicabili- dad de ésta en empresas pequeñas y con pocas capacidades estratégicas o en sec- tores de menos productividad por persona trabajadora, persisten. Desde luego, es ne- cesaria una comunicación fluida y reforzada entre empresas y sistema educativo, pero aún está por ver si esta comunicación por
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