FORMACIÓN CONTINUA Y POLÍTICAS DE EMPLEO
Una vez dimensionado el problema de la for- mación continua en España, el objetivo de este apartado es el de recoger las mejores prácti - cas en formación continua y políticas activas de empleo de otros países para que puedan ayudar a mejorar nuestras políticas públicas y a pivotar desde un derecho a la educación vinculado a la educación obligatoria a uno que englobe las necesidades formativas a lo largo de toda la vida. A partir de los criterios descritos en el apartado metodológico, se ha construido un repositorio de buenas prácticas y se han seleccionado las más representativas para el contexto español, que se presentan a continuación.
4.1. Financiación de la formación
Una de las razones por las que las personas adultas no participan en actividades de forma- ción se debe a sus restricciones presupuesta- rias. El diseño y articulación de un sistema de formación continua requiere de una financia - ción adecuada, que combine distintas fuentes de recursos e incentivos para los individuos y las empresas para participar en este tipo de formación. Esto es especialmente relevante para las personas trabajadoras con baja cua- lificación, que tienden a alternar periodos de desempleo con trabajos con bajos sueldos y pocas opciones de formación financiadas por el empleador. Teniendo en cuenta los países de la OCDE, un 16% de las personas adultas con baja cualifi - cación que querrían realizar actividades for- mativas no lo hacen por ser demasiado caras. Estas restricciones presupuestarias son una importante barrera en el acceso a la educación continua en países como Estonia, Francia, Grecia o Eslovenia. En cambio, en España, este porcentaje es del 11%. Estas variaciones se deben tanto a actitudes distintas respecto a la formación continua como, especialmente, a la implementación de distintas políticas públicas.
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