Desde el siglo pasado, autores como Luis Unikel (1960) han resaltado el proceso de urbanización que se ha dado en México, el cual destaca por la concentración de la población en las “grandes ciudades del país”. 1 Durante las décadas de 1980 y 1990 se dio un proceso de concentración polinuclear que dio como resultado que la población en México fuera predominantemente urbana. Ya para 1990, 51.4 millones de personas vivían en 304 ciudades mexicanas (Garza, 2007). Dichos centros urbanos, que han actuado como focos de atrac- ción poblacional debido a las actividades económicas que ahí se desarrollan, han requerido de la dotación de equipamiento urbano acorde a sus dimensiones y dinámicas. 2 Por otro lado, las localidades consideradas rurales (aquellas con menos de 5 mil habitantes) no han contado con equipamientos e infraestruc- turas básicas acordes a su estructura social, pues las políticas públicas han intentado satisfacer sus requerimientos a partir de la definición de localidades satélites. Por otra parte, la tendencia expansiva hacia la periferia que las ciudades han mostrado durante la última década del siglo pasado y la primera del siglo XXI (Secretaría de Desarrollo Social [Sedesol], 2012), en la que se desarrollaron conjuntos habitacionales cada vez más alejados de los centros de pobla- ción, implicó el aumento de requerimientos de equipamientos, servicios y transporte. Varios instrumentos y políticas públicas han tratado de aten- der la dotación de equipamiento urbano a los asentamientos humanos del país; no obstante, se han quedado cortos en los cri- terios que utilizan para la definición de la ubicación en diferentes escalas (regional, urbana y barrial) para hacer más eficiente el acceso a los servicios que prestan. Antecedentes En 1973 se instituyó el Programa de Inversión para el Desarrollo Rural (Pider), el cual tenía como prioridad elevar la capacidad productiva de los habitantes en localidades rurales mexicanas, a partir de la creación de infraestructura social básica y productiva en las consideradas como centros concentradores de servicios, para atender a los habitantes de las localidades aledañas (Banco Mundial, 1978). Criterios del Pider, como el número de habitan- tes y la influencia entre localidades, fueron retomados décadas más tarde en la estrategia Microrregiones (Programa para el Desarrollo Local, 2002), en donde se consideraron los Centros Estratégicos Comunitarios (CEC) 3 (Soto, 2007) con la finalidad de otorgar infraestructura y equipamientos a localidades satélites para la atención de la población aledaña. No obstante, ninguna de estas dos estrategias identificó criterios para determinar la localización de los equipamientos urbanos, por lo que aquellos que se construyeron no necesariamente fueron ubicados en localidades “atractoras”. En 1992 se puso en marcha el Programa de 100 Ciudades con el fin de impulsar los niveles urbanos intermedios para desalen- tar la migración a las zonas metropolitanas. Para ello se estable- ció como una acción principal la dotación de infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos para permitir que las ciudades respondieran a las necesidades de inversión, actividades económicas y dinámi- cas de crecimiento de la población y migraciones (Castro, 1995). Este programa fue implementado en 116 centros de población medios y peque- ños, donde se realizaron acciones de generación de empleo como componente importante para atraer población. Como lo menciona Castro (1995), se con- formó una estructura nacional de asenta- mientos humanos con centros de población de nivel regional conjuntamente con cuatro zonas metropolitanas. 4 Las líneas de acción del pro- grama estaban relacionadas con la regulación y consolidación del desarrollo urbano, así como con una visión hacia la expansión de las ciu- dades, pues se pretendía satisfacer la demanda de vivienda que se requería en ese momento; por lo que se buscaba tanto dar certeza jurídica a la regulación del suelo y aprovechar baldíos urbanos como promover el uso de suelo ejidal y comunal con fines urbanos. Este programa tuvo aciertos como la puesta en marcha de proyectos integrales que permitie- ron generar actividad económica y el aprovecha- miento del patrimonio histórico, en los cuales se incentivaba la participación de la población. Adicional a esto, se impulsó el primer programa de modernización catastral. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes para que las ciu- dades medias lograran establecer condiciones para el crecimiento urbano ordenado. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) (2002) relaciona la funcionali- dad de una ciudad con la calidad de sus servicios urbanos, mientras que su ausencia ocasiona un ineficiente funcionamiento. Con ello en consi- deración, en 1995, la Sedesol publicó el Sistema Normativo de Equipamiento, que hasta la fecha se ha aplicado en materia de diseño urbano para establecer los lineamientos y criterios de equi- pamiento para la funcionalidad de los centros poblacionales. En este se consideran como ele- mentos el nivel de jerarquía urbana y los rangos de población de las localidades; con ello se busca que los equipamientos asignados a una localidad con un rango de población mayor puedan satis- facer las necesidades de aquellas localidades de menor población (dependientes) ubicadas en un determinado radio de influencia, estableciendo un nivel de jerarquía urbana. Esto se muestra en la siguiente tabla.
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