Son múltiples los estudios que han demostrado 1 las gra- ves fallas que ha tenido la política de vivienda federal implementada a inicios de la década de 2000, la cual se ha caracterizado por la producción masiva de vivienda de interés social en las periferias de las ciudades mexi- canas, así como por un modelo de desarrollo dirigido por los intereses del mercado inmobiliario. Desde entonces,
manera desmesurada en los fraccionamientos de interés social de reciente creación. El Censo de Población y Vivienda 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2020) ha contabilizado más de 6 millones de viviendas deshabi- tadas en México, muchas de las cuales afectan la vida cotidiana de las personas que continúan habitando el
el otorgamiento de subsidios y créditos hipotecarios en manos de los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavi) ha sido promocionado como un camino para la estabilidad, la prosperidad y, sobre todo, la tenencia en propiedad (Harner, Jimé- nez y Cruz, 2009), pero que en la realidad únicamente es accesible para los trabaja- dores del sector formal.
territorio. El constante aumento y rápido deterioro físico de estos inmuebles tiende a provocar crisis de seguridad —tanto reales como percibidas—, dado que las viviendas son frecuentemente objeto de robos y actos vandálicos, ocupadas de manera ilegal o utilizadas como tirade- ros, situaciones que, a su vez, inciden en una mayor desocupación de vivienda y que originan la infrautilización del parque habitacional. La situación del mercado de alquiler La vivienda en alquiler surge, como señala Jaime Sobrino (2021), por la imposibili- dad que tienen los hogares para acceder
El alquiler se presenta como una de
las principales alternativas de tenencia para los hogares de escasos recursos.
Estos nuevos espacios residenciales aislados y destinados para una población socialmente homogénea ocasionaron fuertes demandas tanto de servicios como de equipamientos, de transporte público e incluso de fuentes de empleo, mismas que los gobiernos locales no pudieron pro- veer de manera adecuada por las limitadas capacidades institucionales que históricamente han presentado (Ziccardi y González, 2015). Ante las carencias del entorno, la falta de provisión de bienes y servicios, la adquisición de viviendas como inversión y la imposibilidad de pago de los créditos adquiridos, entre otras causas, surgió uno de los gran- des efectos negativos de la política de vivienda: la des- habitación. Este fenómeno —si bien es natural por los propios ciclos del mercado inmobiliario— 2 ha tomado una dimensión distinta desde la implementación de la política de vivienda. El Censo de Población y Vivienda 2010 mostró por primera vez una tendencia creciente en la deshabitación de viviendas en todo el territorio nacional (Sánchez y Salazar, 2011) y, en la actualidad, dichas viviendas suelen encontrarse concentradas de
a una en propiedad, especialmente por el alto valor que tienen. Informes internacionales han mostrado que, en México, la compra de una vivienda nueva solo resulta viable para personas que reciben más de cinco sala- rios mínimos, es decir, solamente aquellos que pueden acceder a créditos hipotecarios tanto del sector público como privado (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval], 2018), situación que excluye a un amplio porcentaje de la población. Para dimensionar lo inasequible que es el mercado actual, una familia que tiene ingresos mensuales de 2 720 pesos, en promedio, y que no califica para ningún tipo de subsidio o crédito hipotecario —es decir, pertenecientes al primer decil poblacional— tendría que destinar la totalidad de sus ingresos durante 22 años para adquirir
112 Vivienda Infonavit • DICIEMBRE 2022
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