ambas partes, pero son los inquilinos quienes descono- cen aún más la legislación y los mecanismos disponibles para hacer valer sus derechos. Por lo tanto, persisten las prácticas de intimidación y de acoso, los aumentos de precios injustificados, e inclusive los desalojos forzosos, lo que pone en riesgo a miles de hogares mexicanos. Con la crisis económica y sanitaria de los últimos años ha sido innegable que las vulnerabilidades socioe- conómicas se han disparado (Rodríguez, Jaramillo y Ramírez, 2021), dificultando aún más la situación eco- nómica y aumentando las disparidades de los hogares mexicanos. La pérdida de empleos y, en consecuencia, la disminución de los ingresos, impide que las familias puedan hacerle frente al constante encarecimiento de los precios de alquiler, los cuales no se encuentran regulados y en donde, además, persiste un desajuste entre los montos que se solicitan y la calidad de la vivienda (Sobrino, 2021). A la par de los altos costos, el mercado impone requi- sitos excesivos que disminuyen considerablemente las posibilidades que puede tener un hogar para alquilar una vivienda. La documentación que habitualmente se solicita —por ejemplo, la comprobación de ingresos, el historial crediticio o el aval con propiedad libre de gravamen— son requisitos difíciles de cumplir en con- textos donde impera la informalidad y la incertidumbre. A estos requerimientos se le han sumado nuevas con- diciones, como la firma de pagarés, pagos de depósitos
una vivienda 3 (ONU-Habitat e Infonavit, 2018). Es ante este escenario que el alquiler se presenta como una de las principales alternativas de tenencia para los hogares de escasos recursos (Blanco, Fretes y Muñoz, 2014). Sin embargo, el mercado de alquiler muestra una serie de dificultades que no han recibido suficiente aten- ción y que podrían hacerlo un mecanismo tan inac- cesible como la vivienda en propiedad (Gargantini, 2021). En primera instancia es importante enfatizar que, en América Latina y en especial México, la oferta de vivienda en alquiler es considerablemente menor que en otros países; esto responde a que, desde hace décadas, la esfera gubernamental no ha impulsado otras formas de tenencia o programas de apoyo al alquiler (Ponce Sernicharo, 2014) debido a que continúa considerándose a la vivienda en propiedad como un fin último, siendo una única transacción, en lugar de un proceso de admi- nistración, gestión y control, como pudiera ser con algún esquema de alquiler. Otra situación que se presenta es que el alquiler es únicamente regulado por el Código Civil y, por ende, se concibe como una relación contractual entre iguales. La realidad es que persiste una clara desventaja y vul- nerabilidad en una de las partes (Rodríguez, Jaramillo y Ramírez, 2021): la parte inquilinaria. Cuando existen contratos de alquiler de por medio, frecuentemente se dan incumplimientos en las condiciones y obligaciones por
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