por varios meses e, inclusive, avales con propiedades en determinados municipios y menores de cierta edad, por mencionar solo algunos. Asimismo, subyacen prejuicios y prácticas de discri- minación hacia grupos en específico, particularmente aquellos que presentan alguna discapacidad, jóvenes, adultos mayores, inmigrantes, miembros de la comu- nidad LGBT o madres solteras, que aun cuando pueden estar en condiciones de cumplir con los requerimientos, son descartados por su perfil. Dada esta combinación de dificultades, no sorprende que en México persista un mercado informal de alquiler considerable —que no es exclusivo de los asentamientos informales—, y que conlleva un alto grado de inseguri-
con los otros órdenes de gobierno (Ziccardi y González, 2015) y, por ende, a reaccionar ante los problemas y las necesidades más imperantes para así crear e impulsar nuevos mecanismos, como lo es el alquiler social. El alquiler social en el contexto internacional La Federación Europea de Organizaciones Nacionales de Trabajo con Personas sin Hogar (Feantsa) define la vivienda de alquiler social como aquella que busca corregir las fallas del mercado, que tiene como población obje- tivo a sectores de la población que no pueden solventar sus necesidades habitacionales, que presenta reglas de asignación claras, que reúne estándares adecuados
dad jurídica sobre las condiciones en las cuales una familia habita una vivienda. Especialmente en los fraccionamien- tos de interés social en donde existe un gran número de viviendas deshabitadas que, muchas veces, están sujetas a pro- cesos de recuperación por parte de una entidad financiera. En estas situacio- nes, el alquiler informal se oferta de manera recurrente por personas que aprovechan estos largos procesos lega- les para lucrar con el inmueble y, sobre todo, con la necesidad. En otros casos, que son menores, los líderes vecinales identifican viviendas abandonadas y las rentan a personas con necesidad habitacional, requiriendo cuotas de alquiler más baratas que en el mer- cado y utilizando dichas cuotas para la mejora del entorno o la rehabilitación de la vivienda. En este sentido, el testimonio de Irma, una mujer de 58 años que habita en el fraccionamiento Hacienda Santa
de habitabilidad, que tiene subsidios públicos y se provee sin fines de lucro, y que, además, es supervisada por las entidades públicas (Bosch Meda, 2021). Su origen se remonta a media- dos del siglo XIX con la gestión de la vivienda obrera, que impulsó la imple- mentación de esquemas innovadores para dar acceso a viviendas asequibles, las cuales en ocasiones se brindaban a cambio de mano de obra para su reha- bilitación (Muxí, 2018). Su paulatina adopción por parte de distintos países se ha basado en modelos del estado de bienestar o socialdemócratas (Falagán, 2019). Sin embargo, con la irrupción del capitalismo y principalmente del modelo neoliberal, esta forma de acce- der a la vivienda se fue abandonando, transformándola únicamente en un acceso dicotómico (alquiler privado y propiedad). No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países conti-
Actualmente persisten dos situaciones antagónicas: por un lado, un parque habitacional
infrautilizado, producto de la
desatinada política de vivienda; y, por el otro, a amplios sectores de la población que presentan cada vez más dificultades para acceder al mercado de alquiler.
Fe, en Tlajomulco de Zúñiga, es revelador: “Imagínese, con 500 pesos por casa, con eso podemos hacer el bacheo, limpieza del parque, poda y la iluminación. Así viven personas que necesitan las viviendas y nosotros también mejoramos el clúster”. Como se puede advertir, en materia habitacional actualmente persisten dos situaciones antagónicas: por un lado, un parque habitacional infrautilizado, pro- ducto de la desatinada política de vivienda; y, por el otro, a amplios sectores de la población que presentan cada vez más dificultades para acceder al mercado de alquiler. Problemáticas como estas —que se han ido complejizando con el paso del tiempo y que afectan el territorio, las for- mas de habitar y la calidad de vida de las personas— han llevado a algunos gobiernos locales a atraer gradualmente más temas que deberían ser concurrentes y coordinados
nuaron apostando por el alquiler social, 4 a pesar de que este mecanismo ha presentado una tendencia a la baja. Un claro ejemplo sobre el tema ha sido el Ayuntamiento de Barcelona y el gobierno vasco, que han impulsado el alquiler social mediante organismos como el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, 5 entidad que gestiona más de 6 mil viviendas en alquiler social (Ayuntamiento de Barcelona, 2016) y la Sociedad Pública de Alquiler de Vivienda Protegida en Euskadi, que alquila viviendas vacías para destinarlas al alquiler social, demostrando que la inversión puede resultar más rentable que la construcción de viviendas nuevas. Tan solo en 2017, esta sociedad pública captó 4 500 vivien- das con una inversión de 22 millones de euros, cifra que solo hubiera permitido la edificación de 200 inmuebles (Ampudia, 2017).
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