La vivienda es un derecho fundamental reconocido universalmente. Todas las personas deberíamos tener una y considerarla como un espacio de vida; es decir, el lugar donde acogemos lo mejor de nosotros mismos y de quienes nos rodean, el objeto espacial propio donde se pueden realizar las actividades básicas porque funciona bien y se adecua a las necesidades personales, familiares, ambientales y del entorno, cumpliendo con las funciones estructurales, de espacio y de seguridad. En resumen, un lugar donde se puede ser feliz. Sin embargo, esto no sucede. La realidad es que en las ciudades, los requisitos ideales de un “espacio de vida” no siempre se cumplen. Esto se debe a que la ocupación del suelo es diferenciada, respondiendo a la división de los grupos económicos que se asientan en ella. Unos pocos —quienes tienen más recursos— ocupan las zonas con mejores condiciones y con todos los servicios para su disfrute; mientras que otra parte muy grande de la pobla- ción resuelve su problema de habitación con viviendas construidas en serie que cuentan desde el inicio con la infraestructura básica, aunque no siempre sean del tamaño adecuado para sus ocupantes. Un tercer grupo, con menores ingresos que los dos anteriores, se ve orillado a satisfacer su necesidad de vivienda a través de casas construidas con materiales poco estables y generalmente asentadas en zonas carentes de muchos de los requeri- mientos mínimos para la vida cotidiana. Esta disparidad en las formas de vivir es el resul- tado de la política de vivienda que ha seguido el Estado mexicano a lo largo del tiempo. Los primeros indicios están en “el artículo 123 Constitucional [de 1917, donde se] establece la obligación de los patrones a emplear a trabajadores y proporcionarles habitaciones cómodas e higiénicas ” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021).
En la década de 1940 empieza la migración a las ciu- dades e inicia la inversión del Estado que, en un primer momento, construyó viviendas para renta. Entre las décadas de 1960 y 1970 se crean las agencias federales de financiamiento para vivienda nueva dirigida a trabaja- dores del sector privado formal y del sector público; 1 la solución fue vivienda en serie y multifamiliares, princi- palmente financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y fueron los arquitectos de mayor renombre en esa época quienes los diseñaron y construyeron. En la década de 1980 hubo dos factores que, si bien dieron pauta al incremento en la construcción de vivienda, no contribuyeron a disminuir el rezago de acciones para ofrecer a la población un espacio habi- tacional propio. El primero fue la crisis económica que permitió la entrada de capitales privados en la edifica- ción masiva, con lo que se inicia la etapa de los grandes desarrolladores de vivienda a nivel nacional; el segundo factor fue el Programa de Reconstrucción Habitacional, el cual comprendió numerosas acciones para recuperar las casas perdidas con el sismo de 1985 en la Ciudad de México. Durante la década de 1990 se consolida la banca hipotecaria, cambia la Ley del Infonavit 2 y los sectores privados, tanto nacionales como extranjeros, estable- cieron un nuevo modelo de construcción de vivienda: fraccionamientos horizontales y verticales, ciudades extendidas, crecimiento acelerado y consumo de las reservas territoriales. En el año 2000, con un enorme rezago habitacio- nal y casi agotado el sector de cuatro a ocho VSM como compradores de acciones, 3 el gobierno federal entrante vio la oportunidad de acelerar la economía mediante la industria de la construcción, edificar muchas acciones de vivienda nueva y disminuir el rezago habitacional
119
Made with FlippingBook interactive PDF creator