Los albergues, espacios de resiliencia urbana
Una vez atendidas, estas personas podían trasladarse a un lugar permanente, como el CIM-Leona Vicario, donde se colocaron carpas de aislamiento, baños y comedores, con el fin de cumplir con las medidas de mitigación. El Hotel-Filtro es considerado como uno de los principales logros de la gobernanza migrato- ria en la ciudad, porque requirió la permanente colaboración de cerca de 40 instancias del gobierno, la sociedad civil local y transfronteriza, así como de la iniciativa privada e instituciones de educación superior (OIM, 2020). No obstante, falta mucho por hacer para que todos los alber- gues sean espacios seguros y con buenas condiciones para acoger a las personas. Como ya se señaló, también suelen ser lugares de riesgo, que atraen y generan distintas formas de violencia. En el documento Diagnóstico de necesidades de acompañamiento en Ciudad Juárez , del Servicio Jesuita para el Migrante, se menciona que las extorsiones, el secuestro, las revisiones arbitrarias y el robo son los principales problemas de violencia que les afectan; que 22% de las agresiones contra las y los migrantes suceden adentro de un albergue; y que autoridades del gobierno, como la Policía municipal, son los principales agresores, además de grupos del crimen organizado, “coyotes” y guías migratorios. El recuento de las notas hemerográficas realizado para este ensayo constata esta problemática. De las 95 notas que hablan de violencia, 50% menciona la violencia física; 40%, la violencia verbal, y el resto, la violencia psicológica. Por tipos de agresión, 13% y 18% son acerca de violaciones y abuso sexual, respectivamente; 31% refiere golpes, y porcentajes cercanos a 10% mencionan explo- tación laboral, trata de personas, asaltos, corrupción de menores y homicidio. En 70% de las notas, los migrantes son víctimas, y en el resto, agresores; además, 85% informa de hechos ocurridos adentro o en las inmediaciones de estos espacios. Entre los casos más graves se informa de la incursión de grupos delictivos arma- dos para robar ropa, dinero y papeles de identidad, de extorsiones y amenazas de secuestro; violencia familiar por celos o problemas anteriores al ingreso; y el homicidio de un migrante a manos de un compatriota con quien compartía la vivienda. En el caso de abusos que involucran a responsables de alber- gues se citan la trata de personas, el maltrato psicológico, el acoso, el ofrecimiento de drogas y las amenazas. Sin embargo, el conte- nido de las notas refiere albergues y situaciones que, de acuerdo con otras fuentes (redes sociales, reuniones de coordinación), 3 podrían implicar formas de violencia institucional, como el condicionamiento de recursos y el acoso por parte de funciona- rios públicos, a los que se acusa de amenazar con la clausura del espacio por incumplir el reglamento de salud o cobrar cuotas a las personas ahí alojadas. Estas conductas son injustificadas, ya que en otros albergues no son hostigados. Las carencias materiales, el hacinamiento y la falta de controles eficientes, como puede verse, generan riesgos para la salud física y emocional de las personas, interacciones conflictivas y situaciones de abuso.
Ciudad Juárez es una urbe que desde el siglo XX experimenta una realidad contrastante. En ella se aprecia una pujante vida económica centrada en la industria maquiladora de exportación, con efectos secundarios que alimentan a una importante clase media. Pero exhibe enclaves de pobreza y segregación socioespacial cau- sados por un mercado laboral con bajos sala- rios y políticas urbanas guiadas por intereses inmobiliarios especulativos que provocan el crecimiento y dispersión de la mancha urbana. Desde hace dos décadas tiene un marcado déficit de gobernabilidad, patente en las carencias de cobertura y calidad de servicios, equipamientos e infraestructura urbana, así como en una crisis de seguridad con una elevada tasa de homicidios dolosos, que tan solo entre 2008 y 2012 arrojó más de 10 mil víctimas (Padilla, Olivas y Alvara- do, 2014) y alrededor de 1 500 al año entre 2019 y 2021 (Carmona, 2022). Ante este contexto se puede afirmar que la llegada de los nuevos flujos migratorios, si bien se presentan en lo inmediato como una con- tingencia que complica la problemática social de la ciudad, tiene más efectos positivos que negativos. Y estos, en el mediano y largo plazo, pueden ayudar a revertir los procesos sociales que afectan la calidad de vida de sus habitantes. Aunque no se pueden minimizar las carencias materiales y omisiones en las políticas de apoyo a esta población, puede destacarse que: 1. Hay nuevos actores sociales. 2. Mecanismos de articulación gobier- no-sociedad civil local. 3. Equipamientos humanitarios. 4. Presencia de organismos internaciona- les que traen consigo recursos y expe- riencia que fortalece el desarrollo de capacidades locales. 5. Derrama de recursos que beneficia a la economía local en renta de oficinas, salarios al personal reclutado por las agencias y apoyos monetarios a migran- tes para el alquiler de vivienda y la com- pra de alimentos. Sobre todo, existe una red de equipamien- tos dispersos en la mancha urbana, producto de la voluntad de comunidades que gradual- mente han consolidado su organización de base comunitaria y fortalecido su capacidad de interlocución con los distintos niveles de gobierno.
152 Vivienda Infonavit • DICIEMBRE 2022
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