México es un país en donde siete de cada 10 habitantes viven en zonas de riesgo debido a su nivel de exposición a distintas amenazas relacionadas con numerosos y diversos fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, en combinación con los altos grados de vulnerabilidad física y social, propician un gran riesgo de desastre (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [SSPC], 2020). A partir del reconocimiento de estas condiciones, para el gobierno federal, uno de los aspectos claves para incrementar la resiliencia en el territorio es promover la Gestión Integral de Riesgos de Desastre (GIRD). La Ley General de Protección Civil (LGPC) la define como: el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un pro- ceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la crea- ción e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identifi- cación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción (art. 2). Al respecto, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) establece que, para hacer frente a los peligros y amenazas naturales, así como a la vulnerabilidad en el territorio, es necesario concientizar sobre la relevancia de la transversali- dad de la GIRD 1 a los responsables de las políticas públicas que intervienen en la gestión y ordenamiento del territorio desde la escala local, puesto que es en este ámbito donde los desastres se originan y desde donde, ante el riesgo, debe atenderse la reducción de la vulnerabilidad de las localidades, misma que permite, a su vez, la prevención de futuros desastres (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], 2021a). En el proceso de transversalidad de la GIRD en la gestión del territorio resaltan por su importancia las políticas y gestión habitacionales, debido a que tanto la experiencia como la lite- ratura especializada indican que no hay vivienda adecuada sin gestión de riesgo de desastre. Lo anterior porque, en el mundo, la mayor parte de las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por desastres son el resultado de una deficiente calidad de las viviendas (Triveno y Nielsen, 2017).
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 87.7 millones de mexicanos habitan en zonas de riesgo ante desastres naturales. Al respecto, es ampliamente reconocido que quien tiene mayor probabilidad de sufrir los impactos de los desas- tres producidos por fenómenos perturbadores es la población en mayor pobreza (tanto por la falta de recursos como por capacidad de adaptación). Se trata de una población que habita en barrios que, ademas de tener una alta exposicion, se caracterizan por la presencia de viviendas sobre- pobladas y de baja calidad, construidas progre- sivamente sin asistencia técnica, o de viviendas sociales localizadas, de manera frecuente, en entornos degradados y expuestos a peligros (es decir, propensos a desastres) con infraestructura y servicios deficientes o inexistentes (Palma y García, 2017; UNDRR, 2017; Sedatu, 2021b; Conavi y PNUD, 2020). Ante estos desafíos, desde 2019 la Conavi, en el contexto de la transición de la política habi- tacional hacia la garantía del derecho a una vivienda adecuada, estableció como objetivo principal del otorgamiento de subsidios: reducir la carencia de vivienda adecuada por parte de la población en situación de vulnerabilidad por riesgo, por ingreso o por condiciones sociode- mográficas (Conavi, 2021) a través de procesos de producción social de vivienda en los que se garantice tanto la seguridad estructural de la construcción como la seguridad por su ubicación. Para tales efectos, además de cumplir con los criterios de idoneidad que establece el marco internacional sobre la vivienda adecuada, 2 la comisión asumió como estrategia para dis- minuir las vulnerabilidades de personas que atiende y de los territorios en los que inter- viene, transversalizar la GIRD en la operación institucional. Sin duda, la propuesta es encomiable por- que permite potenciar la eficiencia y eficacia institucional para incrementar la capacidad de resiliencia de la población y los territorios en los que interviene la comisión, al instau- rar una tendencia organizativa distinta, más
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