horizontal e integrada, con una mejor coordi- nacion y comunicacion interinstitucional, que complementa y enriquece su propio actuar en torno de la garantía del ejercicio del derecho a la vivienda. Sin embargo, aunque esta transversalidad es uno de los conceptos más mencionados en los procesos de la GIRD, también es un tér- mino poco entendido, cuya operacionalización requiere la identificación de contenidos priori- tarios y de los límites de actuación para no poner en riesgo la sostenibilidad de la propia estructura institucional. Ante lo cual, la pregunta que surge es: ¿cuáles son los retos institucionales para la inclusión del enfoque transversal de la GIRD en la gestión habitacional? La relevancia de su revisión es que las accio- nes que lleva a cabo la Conavi trascienden el mero discurso sobre la necesaria transversalidad y explica cómo se traduce en acciones concretas (con avances, errores y acciones pendientes). El objetivo, entonces, es explicar los retos que enfrenta la Comisión Nacional de Vivienda para incluir el enfoque de la transversalidad de la GIRD en la gestión institucional. Metodológicamente, este trabajo es resul- tado de una observación participante y la siste- matización de datos del diagnóstico participa- tivo, producto de entrevistas a funcionarios de la Conavi que llevó a cabo el PNUD en el marco del trabajo con esta institución durante 2020. Para tales efectos, este ensayo se divide en tres apartados. En el primero se explica cuál es la relevancia de la GIRD en el acceso a una vivienda adecuada y en qué consiste su trans- versalidad en la gestión habitacional. En el segundo se expone la materialización de la estra- gia de la transversalidad desde la gestión habi- tacional de la Conavi. Finalmente, en el tercero se explican los retos. I. La relevancia de la GIRD en materia de acceso a una vivienda adecuada Un hábitat resiliente se integra, en conjunto, por la existencia de vivienda adecuada más la pro- visión de servicios, medios de vida, ecosistemas y comunidades resilientes que completan un entorno sostenible (Conavi y PNUD, 2020), lo que significa que, para tener territorios resilientes es necesario contar con viviendas que garanticen la seguridad de la vida y el patrimonio de los hogares ante la creciente amenaza de desastres (Conavi, 2018).
En este marco, la vivienda, como principal elemento del hábi- tat, es considerada no como una unidad mínima habitable —un objeto emplazado sobre el territorio para cumplir una única fun- ción y para un solo hogar—, sino como una ecoestructura flexible y diversa que permite crear condiciones resilientes y sostenibles en el entorno (Mercado, 2017). Por su parte, para la Conavi (2018), una vivienda resiliente es aquella que está construida con materiales de calidad, que cuenta con un diseño tanto arquitectónico como estructural que ofrece seguridad a sus habitantes y una rápida recuperación una vez que sucede un fenómeno perturbador; que conserva los rasgos arquitectónicos locales de acuerdo con las necesidades sociodemográficas y culturales de sus habitantes; y que se loca- liza fuera de zonas de riesgo. Con esta base, la materialización del acceso a una vivienda adecuada remite a un doble reto para la gestión habitacional: 1. Asegurar que las nuevas viviendas cumplan con las nor- mas de construcción y que se localicen en lugares seguros. 2. Mejorar las condiciones de la vivienda precaria, insegu- ras estructuralmente, sin servicios básicos apropiados y localizadas en zonas de riesgo (Conavi y PNUD 2020; Triveno y Nielsen, 2017). Para lograrlo, la experiencia demuestra que es necesario supe- rar dos desafíos estructurales: la vulnerabilidad institucional en el sector de la vivienda que no norma de manera clara y obliga- toria el análisis del riesgo en la gestión habitacional, así como un modelo de desarrollo de viviendas que está desarticulado de las políticas de ordenamiento territorial (SSPC, 2020). Atender a estos factores, como se menciona en el Programa Nacional de Vivienda, exige una apropiada vinculación entre dife- rentes elementos como el acceso a suelo apto, servicios públicos, financiamiento y normatividad, los cuales, a su vez, deben vin- cularse directamente con el manejo ambiental, el ordenamiento territorial y la GIRD (Sedatu, 2021b). De ahí la relevancia del enfo- que de la transversalidad. El concepto de transversalidad refiere al proceso que se realiza mediante el concurso de diversas dependencias gubernamentales, unidas bajo un objetivo común, mediante un esquema organizacional descentra- lizado, en respuesta a un problema público que no puede tratarse efectiva ni eficientemente desde un ámbito sec- torial o por una sola dependencia gubernamental o un grupo reducido de ellas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], 2004). En la literatura especializada existe un consenso de que son dos las dimensiones de intervención para lograr una transversa- lización exitosa de la GIRD: la primera, relacionada con la com- prensión y análisis del riesgo basada en la investigación desde la ingeniería y las ciencias sociales; y la segunda concierne a la toma de decisiones horizontal, coordinada y asimilada desde las instituciones que atienden las condiciones subyacentes de la vulnerabilidad física y social (vivienda, planeación urbana, marginalidad y pobreza, etcétera).
46 Vivienda Infonavit • DICIEMBRE 2022
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