CARTA EDITORIAL
No hay ciudades resilientes sin vivienda adecuada
En los últimos años, el concepto de resiliencia —en sus diversas interpretaciones y matices— ha destacado de manera importante. No es para menos. A lo largo de este convulso año que termina, tanto los efectos de la crisis climática como los diversos malestares sociales —que van desde un ambiente generalizado de crisis económica hasta la agudización de la inequidad social global debido a la pandemia por la COVID-19— nos han mostrado que las amenazas al funcionamiento de las ciudades están siempre presentes y que no siempre son evitables. Es esencial contar con mecanismos y políticas públicas adecuadas para administrar estos riesgos. Por ello, muchas urbes en todo el mundo han comenzado a emprender acciones encaminadas a incrementar su resiliencia; es decir, su capacidad para identificar los riesgos, anticipar el impacto, responder al evento y recu- perarse prontamente, sin importar si la amenaza es de origen natural o antropogénico. Como es de esperarse, la vivienda está al centro de muchas de estas acciones. Es imposible hablar de ciudades resilientes sin tocar el punto de la vivienda adecuada, pues entre sus com- ponentes se cuenta la seguridad de las personas que la habitan; seguridad que no se limita al aspecto material del inmueble, pues también abarca al entorno. La ciudad y la vivienda no pueden ir disociadas, porque la vivienda es ciudad. De ahí que la planeación urbana sea una herra- mienta formidable no solo para el desarrollo sustentable, sino para el aumento de la resiliencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente en México existen 35.3 millones de casas, de las cuales 12 millones han estado sujetas a un financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Es por ello que la resiliencia nos compete, en tanto que somos la principal institución hipotecaria del país, y en esa medida debemos buscar incidir positivamente en el desarrollo de los barrios, los municipios y las ciudades.
Como consecuencia de dicha búsqueda, este año se firmó un convenio Infonavit con ONU-Habitat para apoyar a los municipios en la creación de planes de desarrollo urbano específicos que tengan impacto en el desarrollo óptimo de las ciudades. En este sentido, la reforma a la Ley del Infonavit que se realizó en 2020 amplió los objetos de crédito, pero cuidando que sean compatibles con la regulación urbana, ecológica y de riesgos. De esta forma, contribuimos al ordenamiento del territorio, abonando a que en México se viva con una mayor justicia social y espacial. Para asegurar la compatibilidad entre los instru- mentos de créditos y los de planeación urbana se crea- ron las zonas de consolidación urbana. Así, para que una vivienda sea financiada por el instituto debe estar ubicada en una zona que, en un radio de máximo 2.5 km, tenga escuelas, hospitales, centros de abasto, centros culturales y recreativos, vías primarias de comunicación y acceso al transporte público; los satisfactores básicos que toda familia debe tener al alcance para su bienestar. La finalidad de este esfuerzo es que nunca más se permita la construcción de viviendas en zonas prote- gidas —indispensables por los servicios ecológicos que prestan—, de riesgos o sin características de habitabili- dad. No se trata únicamente de financiar viviendas para cumplir con métricas, sino de impulsar directa e indi- rectamente la creación y mejora de viviendas adecuadas que contribuyan al desarrollo de ciudades prósperas, equitativas y resilientes. En los textos que conforman este número se muestran varios esfuerzos acertados en este sentido, pero también las deudas pendientes en las cuales se sigue trabajando. En este espíritu de autocrítica para el fortalecimiento, cerramos este año y nos preparamos para los retos que nos depara el próximo, seguros de que si aprendemos de lo vivido y sacamos lecciones de ello, nos volveremos más resilientes.
Carlos Martínez Velázquez Director General del Infonavit
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