Enfrentar un evento de desastre vulnera a las personas. Cualitativamente, los síntomas y vivencias reportadas pueden diferir dependiendo de la naturaleza del evento adverso (Makwana, 2019). Sin embargo, los hallazgos generales han permitido establecer que la ocurrencia de daños a la salud física y mental dependen del grado de contacto que tiene la persona con el evento, así como la severidad de la pérdida que experimenta. De esta forma, para las personas con alta exposición al evento puede presentarse hasta en 40% de ellas, mientras que apenas llega a 2.3% para la población con menor exposición al evento traumático (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2002; Álvarez Icaza y Medina Mora, 2018). La magnitud de los daños a la salud física puede ir desde los curables o tratables hasta los irreparables; la salud mental puede verse comprometida por el duelo complicado, la culpa por sobrevivencia, la depresión, la ansiedad, fobias, entre otros, y su ocurrencia depende de la cercanía de la persona con el evento, la forma en que este es asimilado y los recursos de afrontamiento con los que cuenta la persona. El panorama de afectación se acrecienta para las personas vulnerables y con condiciones médi- cas preexistentes quienes, tras la catástrofe, además, pueden enfrentar desabasto de medicamentos y factores de estrés que empeoran su situación de salud. La necesidad de que se incorpore una estrategia para que la población en general esté mejor preparada para enfrentar una emergencia, con mayor resiliencia frente a los eventos adversos, se vuelve indispensable ante la realidad de que estos no disminuirán y, por el contrario, la probabili- dad de que la población se vea impactada por uno es mayor. Cuando la salud mental de la persona se ve comprometida, suele tener efectos incapacitantes 5 que no pueden ser ignorados. Del mismo modo, su cuidado contribuye favorablemente a que las personas sepan enfrentar los sinsabores e incertidumbres propios de la vida, constituyéndose como un pilar de la resiliencia. La salud mental es un activo intangible cuya integridad debe ser resguardada con la misma importancia con la que se protegen y se buscan restaurar aquellos aspectos materiales producto de nuestra civilización y la vida, en tanto que, ¿qué es vivir sin salud mental?, ¿por qué las personas que enfrentan un evento adverso deberían contar entre sus pérdidas a su tranquilidad, seguridad y bienestar, cuando se cuenta con el conocimiento y las técnicas apropiadas para ayudarles a ayudarse? La salud mental como parte de la respuesta ante desastres México, por su distribución geográfica, se encuentra especialmente expuesto a desastres naturales. 6 Basta con mencionar que entre 1900 y 2018 se contabilizaron 231 eventos de este tipo (Alcántara Ayala, 2019). Uno que claramente marcó un cambio en la cultura de la protección civil en el país fue el sismo de 1985, ocurrido en la Ciudad de México, y el cual reveló fallas en los diferentes nive- les de gobierno, los impactos de la corrupción y la falta de organización entre dependencias para responder a situaciones de emergencia. El Plan DN-III —vigente desde 1965 (Secretaría de la Defensa Nacional [Sedena], 2019)— se ha abocado únicamente a las tareas de auxilio físico a la población, así como a la preservación de los bienes y el entorno en situaciones de emergencia. Sin embargo, la magnitud del terremoto de 1985 dejó en claro la necesidad de una cultura de prevención, pero también que, ante un desastre de gran escala, la participación conjunta era indispensable para alcanzar la recuperación. De esta experiencia se obtuvo como resultado la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), un organismo orientado a la generación de una respuesta organizada que involucre a los diferentes niveles de gobierno, las secretarías de Estado y a la sociedad en su totalidad para hacer frente a un desastre o emergencia, antes, durante y después de su ocurrencia. El SNPC encuentra sustento normativo en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción XXIX-I, en el que faculta a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios y a las actuales alcaldías de la Ciudad de México para coordinar las acciones necesarias en lo que a protección civil se refiere (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021). Así, la realidad que se vive en el manejo de situaciones de riesgo varía en todo el país. Por ejemplo, existe una gran diferencia entre las condiciones que se experimentan en la Ciudad de México con las del resto de la república. De igual forma, es diferente la situación para los estados que continuamente enfrentan desastres naturales en comparación con la de aquellos que raramente los experimentan. 7
76 Vivienda Infonavit • DICIEMBRE 2022
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