desarrollados es económica en un sentido profundo, la ayu- da mutua representó un recurso otorgado sin mediaciones por la fuerza de trabajo 6 , contemplando a los sectores de menores recursos y sin la capacidad de ahorro que el otro subsistema requería, destinado a sectores “medios”. Asimismo, cada cooperativa podía diversificarse según el modelo de propiedad en cooperativas de “usuarios” –donde la propiedad es indivisa, el conjunto habitacional construido pertenece a la cooperativa y cede el “derecho de uso y goce” a sus integrantes–; y cooperativas de “propietarios”–donde se aborda colectivamente la construcción para luego asignar a cada integrante una vivienda en propiedad individual–. El modelo más utilizado por las cooperativas e impulsado desde las instituciones asesoras ha sido históricamente la propiedad colectiva, es decir, las cooperativas de usua- rios, que plantean “que la propiedad de la vivienda es de la cooperativa […] pero no hipotecable ni transferible en el mercado”. Por ejemplo, “si un socio desea mudarse, por las razones que fueran, solicita a la cooperativa que se- leccione un socio sustituto entre una lista de espera de los mismos cooperativistas que desean canje, por crecimientos o decrecimientos del núcleo familiar o nuevos socios que deseen ingresar” 7 .
Si este nuevo modelo coopera- tivo implicaba una cierta confianza en la autogestión popular, no libra- ba la producción –sus procesos y productos– a la deriva. El sistema cooperativo pretendía producir un nuevo modelo de gestión descen- tralizada, confiando su desarrollo a la conjunción entre cooperativas e Institutos de Asistencia Técnica (IAT), una nueva figura creada por la ley a efectos de brindar aseso- ramiento en las diferentes etapas de producción de los conjuntos habitacionales. Estos IAT, orga-
Se trató de un complejo proyecto de organización, gestión y construcción que otorgaba a los arquitectos un protagonismo sustancial en la posible resolución –formal, distributiva, constructiva– del “problema” de la vivienda social.
nizaciones privadas no gubernamentales conformadas por equipos multidisciplinares (ingenieros, arquitectos, asistentes sociales, entre otros), estaban destinados a proporcionar servicios técnicos de proyecto y dirección de obras, educación cooperativa, asesoramiento financiero, jurídico y social, asistiendo a las cooperativas en todo el proceso de producción de las viviendas. Cada unidad cooperativa tenía la obligación y el derecho de contratar un IAT, así como la posibilidad de elegirlo. Se trató de un complejo proyecto de organización, gestión y construcción que otorgaba a los arquitectos un protagonismo sustancial en la po- sible resolución –formal, distributiva, constructiva– del “problema” de la vivienda social. Entre 1968 y 1973 se conformaron y habilitaron para actuar más de treinta IAT en todo el país, entre los cuales se destacaron –por la cantidad de programas asesorados– los Institutos CCU (Centro Cooperativista Uruguayo) y CEDAS (Centro de Asistencia Técnica y Social).
6 El trabajo aportado por los cooperativistas en “ayuda mutua” se contabilizó en horas de trabajo, sin embargo ese trabajo no daba lugar a aportes jubilatorios y de seguridad social.. 7 Di Paula, Jorge “La federación de cooperativas de ayuda mutua de Uruguay como movi- miento social”, Cuaderno Urbano 7: espacio cultura y sociedad. 2008.
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AOA / n°45
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