ESTA CRISIS ES EL RESULTADO DEL ALZA DE PRECIOS DE VENTA Y ARRIENDO LA VIVIENDA, MUY POR ENCIMA DE LAS REMUNERACIONES, DE CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y MIGRATORIOS, DEL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS TERRENOS BIEN LOCALIZADOS Y, MÁS RECIENTEMENTE, EL ALZA DEL COSTO DE MATERIALES. This crisis is the result of the increase in home sales and rental prices, well above salaries, demographic and migratory changes, an increase in the prices of well-located land, and more recently, the increase in the cost of materials.
ing should make us reflect on how Chile today, with a per capita income of 25,000 dollars, has a distribution of wealth that means that 71,961 households are living in squatter camps and that other families live in situations of over- crowding, cramped living quarters or substan- dard housing. All this is not an abstract question but a political one. It is not reasonable that Chile has grown more than ever throughout its history and has reached these levels of inequal- ity, which have led to social outbursts and the constitutional debate we are currently facing. THE HOUSING CRISIS AND THE SQUATTER CAMP HOUSING In Chile, the number of families living in informal settlements is much lower than in neighboring countries. According to UN-Habitat, in Latin America and the Caribbean, 24% of the region's urban population lives in informal settlements. 1 Other countries' policies are based on a qual- itative deficit approach and not a quantitative one as in ours. Recently, we have had considerable growth, especially since the pandemic. This growth is an aspect of what we call the "housing emergency" that affects the entire country. We speak of a housing crisis because it has multiple struc- tural causes, which implies a comprehensive effort to solve it. This crisis is the result of the increase in home sales and rental prices, well above sal- aries, demographic and migratory changes, an increase in the prices of well-located land, and more recently, the increase in the cost of materials. In addition, families have had more difficulties in accessing mortgages due to increased financial regulations and rising interest rates, which is compounded by income instability and precariousness. In this context, families are unable to participate in the formal housing market. Data from the MINVU 2022 Cadastre indicates that squatter camps are made up of 71,961 households, which represents 16% of the quantitative deficit and 1.2% of urban households, according to Casen in the 2020 Pandemic. A NEW ROLE FOR THE STATE For almost half a century, the State has played a secondary, subsidiary role in urban and housing policies, whose inadequacies are aggravated by the lack of land regulation and urban planning that has not taken social housing into account. This has resulted in a segregated and unafford- able housing supply, which represents an enor- mous challenge for the current housing policy. The Emergency Housing Plan intends to address the growing lack of housing, which has its starkest expression in the increase in the number of people living in squatter camps. Fifty-five percent of households state that they live in a squatter camp due to low household income: not enough to live a dignified way in the city. (MINVU, 2022)
Casas autoconstruidas en la ladera del cerro, Lampa 2022.
Self-built houses on the hillside, Lampa 2022.
de la población urbana de la región vive en asentamientos informales 1 . La política que han tenido otros países, se basa en una aproxima- ción desde el déficit cualitativo y no cuantitativo como en el nuestro. Recientemente, hemos tenido un crecimien- to considerable, muy especialmente a partir de la pandemia. Este crecimiento es un efecto de los que denominamos “emergencia habita- cional” que afecta todo el país. Hablamos de crisis habitacional porque se trata de múltiples causas de carácter estructural, y que implica un esfuerzo integral para resolverlo. Esta crisis es el resultado del alza de precios de venta y arriendo la vivienda, muy por encima de las remuneraciones, de cambios demográ- ficos y migratorios, del alza de los precios de los terrenos bien localizados y, más reciente- mente, el alza del costo de materiales. Junto a ello, las familias tienen mayores dificultades en el acceso a un crédito hipotecario debido a mayores regulaciones financieras, así como a las alzas de tasas de interés, lo que se agrava por la inestabilidad y precariedad de los ingre- sos. En este contexto, las familias no pueden participar del mercado formal de la vivienda. Datos del Catastro MINVU 2022, indica que los campamentos están conformados por 71.961 hogares, lo que representa un 16% respecto al déficit cuantitativo y el 1,2 % de los hogares urbanos, según Casen en Pandemia 2020. UN NUEVO ROL DEL ESTADO Por casi medio siglo, el Estado ha tenido un rol secundario, de carácter subsidiario, en las políticas urbanas y habitacionales, cuyas insu- ficiencias se agravan con la falta de regulación
del mercado del suelo y por una planificación urbana que no ha considerado a la vivienda interés social. Ello ha generado una oferta de vivienda segregada e inasequible, lo que representa un enorme desafío para la actual política habitacional. El Plan de Emergencia Habitacional busca atender a la creciente carencia de vivienda, que tiene su expresión más cruda en el aumento de las personas que viven en campamentos. El 55 por ciento de los hogares declara que vive en un campamento debido a los bajos ingresos en el hogar: no les alcanza para vivir en forma digna en la ciudad formal. (MINVU, 2022) En vista de los resultados obtenidos por el Programa de Campamentos del MINVU en los últimos diez años, se hace necesario un nuevo enfoque de este programa. Solo se ha finalizado la intervención en un total de 204 campamen- tos, de un universo histórico de 1.509 de ellos, en el periodo 2011-2022. Una de las primeras estrategias es atender a las familias en los asentamientos informales integralmente, mediante la colaboración, coor- dinación y corresponsabilidad de las distintas partes del ejecutivo y, también, desde los muni- cipios. Si bien se han realizado experiencias en este sentido, creemos que la solución pasa por una cuestión de Estado, tanto por los distintos sectores involucrados y en las distintas escalas de gobierno, donde los municipios juegan un rol fundamental. El programa de Gobierno incorpora este accionar como Estado en la solución a los asen- tamientos informales, poniendo como princi- pal atributo el derecho humano a la vivienda adecuada. El Plan de Emergencia Habitacional recoge el enfoque de derechos y considera me- jorar los mecanismos para facilitar la movilidad o mejoras habitacionales y urbanas para las familias que viven en asentamientos precarios,
1 UN-Habitat (2013), The State of the World Cities Report 2012/13
1 UN-Habitat (2013), The State of the World Cities Report 2012/13
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AOA / n°47
Reportaje / Feature Article
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