Anuario 2024 de Cotec

Innovación y democracia

Del voto obligatorio al voto incentivado

E l voto, el modo de participación política más extendido, ha experi- mentado un progresivo retroceso en la mayoría de las democracias en las últimas décadas. Y este retroceso, que ha ido acompañado de una expansión de otras formas de participación, ha tendido a ser interpretado como una señal de desconfianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y de una apatía que daría muestras de la creciente debilidad de la democracia representativa. En la mayor parte de los sistemas políticos el voto es un mecanismo electoral que se concibe como un derecho y cuyo ejer- cicio, como tal, es de naturaleza voluntaria. Sin embargo, el voto puede ser concebido, además de como un derecho, como un deber cívico o moral de los ciudadanos, y si este deber encuentra apoyo legal, el sufragio se convierte en obligatorio. La universalización del sufragio durante el siglo XIX estuvo justamente ligado al debate de si debía entenderse como un deber. En el proceso de democratización, la introducción de la obligatorie- dad del voto buscaba inducir a la participación, evitar la abstención, combatir el fraude electoral y contribuir a la educación política de los ciudadanos, algo que parecía favorecer la igualdad. En conse- cuencia, la obligatoriedad del voto sostuvo y favoreció el proceso democratizador y reforzó las instituciones representativas. En la actualidad, sin embargo, son relativamente pocos los países que cuentan con voto obligatorio ⁴ y su aplicación no es homogénea. En algunos países la obligación de votar afecta a todos los ciudadanos, mientras que en otros la obligación solo afecta a algunos de ellos, que suelen ser la mayoría, y resulta voluntario para ciertos colectivos como las personas mayores, los jóvenes o los menores de edad, los analfabetos, los militares o los presos. La introducción de la obligatoriedad del voto puede impli- car, aunque no necesariamente, ya que en muchos países no sucede así, el establecimiento de mecanismos coercitivos. Estos van desde sanciones económicas o de tipo administrativo hasta la obligación de realizar algún tipo de trabajo comunitario cuando no se puede justificar la abstención. Si no hay sanciones, el voto obligatorio suele arrojar unos resultados en términos de participa- ción muy similares a los del voto voluntario, y de hecho, hay países con voto obligatorio que son altamente abstencionistas. E incluso cuando existen sanciones, dado que no siempre existe la voluntad o la capacidad para llevar a cabo el control y para ejecutarlas, la obligatoriedad acaba operando en la práctica como volunta- riedad. En cambio, cuando hay sanciones previstas y estas se ejecutan, los niveles de participación son elevados hasta el punto de que algunos países con voto obligatorio se encuentran entre los que más participan electoralmente. Esta evidencia, en un contexto de retroceso de la participa- ción electoral y de cuestionamiento de la legitimidad de las demo- cracias, puede llevar a pensar que extender la obligatoriedad del voto podría servir para incentivar el sufragio. Pero aunque así sea,

hay que tener en cuenta que la obligatoriedad del voto supone tam- bién una severa restricción de la libertad del individuo y por ello la obligación ha tendido a ser eliminada. Porque si votar es un dere- cho, no votar también puede serlo y la decisión de hacerlo o no, o de no tener interés político, forma parte de la libertad de la persona, con independencia del juicio positivo o negativo que de ella se haga de la abstención en términos colectivos, de modo que abstenerse también puede ser interpretado como otra manera de participar. ⁵ Con el objetivo de preservar la preciada libertad de los indi- viduos y a la vez contribuir a estimular una participación electoral que se percibe como positiva tanto desde el punto de vista indi- vidual como sistémico, una posible alternativa a la obligatoriedad del voto puede ser la introducción de incentivos selectivos que estimulen el voto, es decir, que puedan disfrutar de ellos solamente aquellos ciudadanos que ejercen ese derecho. Este planteamiento no es novedoso, sino que se inspira en las aportaciones de la teoría económica de la acción colectiva, ⁶ según la cual, para garantizar la provisión de bienes públicos es necesario establecer incentivos selectivos que garanticen la eje- cución de la acción que ha de proveer el bien. Y ello es así porque, de acuerdo con las teorías de elección racional, la racionalidad del individuo le lleva a no participar en la acción y a comportarse como un gorrón si sabe que, con independencia de su acción indi- vidual, va a poder disfrutar del bien público. El problema es que, si todos los individuos hacen la misma reflexión y se comportan como gorrones, la acción colectiva no se lleva a cabo y nadie podrá disfrutar de los bienes públicos, por lo que introducir incentivos selectivos a los que solo tengan acceso quienes participan direc- tamente en la acción resuelve el dilema de la acción colectiva. La cuestión, en este caso, es determinar qué tipos de incen- tivos introducir para que todos los potenciales votantes puedan beneficiarse de ellos con independencia de cuáles son sus carac- terísticas personales. Esto llevaría a descartar, por ejemplo, incenti- vos fiscales aplicados directamente sobre el impuesto de la renta o sobre tasas o tributos específicos, porque no todo el mundo podría beneficiarse de ellos o no en la misma medida, al igual que suce- dería si se introdujese alguna bonificación en la imposición indi- recta de algunos productos de consumo generalizado. Y lo mismo podría decirse de dar facilidades para acceder a algunos servicios, como el transporte, o a beneficios sociales o bonificaciones en los suministros, ya que el número de titulares es limitado. Lograr la universalidad en el acceso al incentivo resulta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en su disfrute. Identificar incentivos que satisfagan este requisito no es tarea fácil, pero en España, teniendo en cuenta que la penetración social del móvil es muy elevada y se sitúa en el 96 % de la población, medidas vincu- ladas a su uso como una bonificación en la tarifa o el pago de una mensualidad de acceso a internet podrían satisfacerlo.

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