tratamientos infantiles y adolescentes, pero respaldamos los principios subyacentes como principios aplicables a todo el psicoanálisis. Las recomendaciones son las siguientes: "La confidencialidad es uno de los pilares de la práctica psicoanalítica. El psicoanalista debe proteger la confidencialidad de la información y documentación del paciente". Con respecto al tratamiento de menores, se deben considerar algunos factores adicionales: cuando existe la preocupación por una amenaza creíble de daños graves contra uno mismo u otras personas, o de un suicidio inminente, podría requerirse la ruptura de la confidencialidad. Pueden tener que ser tomadas medidas apropiadas, que incluyan la notificación a un tercero (p. ej., padres/tutores, autoridad escolar, etc.). Cuando las leyes y/o regulaciones locales exigen denunciar (p. ej., el abuso sexual), el psicoanalista, al determinar cómo responder, debe sopesar el impacto de la denuncia sobre el tratamiento, teniendo en mente el mejor interés y la protección del niño y el adolescente, así como su derecho a un tratamiento de calidad. Cuando la posibilidad de hacer una denuncia o de informar debidamente a padres, tutores u otros profesionales se opone a la confidencialidad del paciente, el analista debe considerar la situación clínica, la edad y la etapa de desarrollo, y sopesar esto con la necesidad de mantener debidamente informados a padres/tutores y otros profesionales". 23 Algunos psicoanalistas que trabajan con niños y adolescentes han desarrollado formas de incluir el restablecimiento de la relación padre-hijo cuando es posible, como un objetivo del tratamiento concomitante con el restablecimiento del desarrollo progresivo del menor. (p. ej. Novick y Novick, 2013). Esta conceptualización evita la división defensiva que excluye a los padres, a la vez que protege la confidencialidad del trabajo del menor en sí mismo. Podría haber margen para una mayor discusión en este sentido entre los grupos de la API interesados en el psicoanálisis infantil y adolescente: el Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes (COCAP), el Comité sobre Abuso Infantil y el Proyecto Inter-Comités sobre Abuso Infantil. Creemos que la API debe, cuando se le solicite, brindar apoyo a las instituciones cuyos miembros se oponen por motivos éticos a los intentos de agencias externas de anular la protección de la confidencialidad. Esto no significa que defendamos el desprecio a la ley o la seguridad pública, ni tampoco que no reconozcamos las funciones importantes de los tribunales para hacer cumplir la ley en casos relacionados con violencia, abuso sexual, explotación, etc., así como en la resolución de conflictos, o las funciones de las compañías de seguros en la gestión de seguros de invalidez o seguros de vida. Más bien, creemos que el privilegio discrecional es un apoyo necesario para los psicoanalistas que tienen que tomar decisiones clínicas difíciles. Esperamos que, cuando surjan solicitudes para incumplir la confidencialidad, las sociedades psicoanalíticas locales y nacionales les expliquen a las autoridades legales e instituciones
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23 Recomendación del Comité de Ética a la Junta, enero de 2017.
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