La colaboración público-privada en España

Propuestas de mejora para la colaboración público-privada en España

1. Fomento de la iniciativa privada como eje vertebral en el modelo de gestión de los fondos europeos Actualmente, no existen incentivos adecuados para que el sector privado presente nuevos proyectos ni para proponer una mejora de los estándares técnicos y niveles de servicio de los proyectos existentes. No obstante, la utiliza- ción de la iniciativa privada podría servir de catalizador para la correcta implementación de los fondos europeos. Hoy en día, cuando un agente privado intenta proponer un proyecto, se encuentra con que o bien no puede hacerlo porque la Administra- ción no lo aceptará, o bien, en el caso de que sí que esté dispuesta a aprobarlo, en general, no otorga en la práctica ninguna ventaja, beneficio o compensación al promotor de la iniciativa, pese a que es el que ha incurrido en costos sig- nificativos para su estudio y su presentación. Conviene tener presente que la figura de la ini - ciativa privada ( unsolicited proposal, en termi- nología del Banco Mundial), en adelante IP, fue históricamente una de las técnicas principales usadas para el desarrollo de concesiones de infraestructuras y servicios públicos, y ha de ser el eje vertebral en el modelo de gestión de los fondos europeos Next Generation EU. En este sentido, la regulación vigente, conte- nida esencialmente en el artículo 247.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la legislación patrimonial y en determinadas regulaciones sectoriales, resulta insuficiente para otorgar a esta figu - ra el referido papel vertebral del modelo. Por ello, habría que reforzar la regularización y la práctica de la IP mediante medidas sencillas. Es decir, la actual regulación prevé la compen- sación de esos costos, e incluso una bonifica - ción en la licitación para el autor de la iniciativa, pero la condiciona a un supuesto de hecho ilusorio: que el estudio de viabilidad presen-

tado por el particular sea asumido sin ningu- na modificación, por mínima que sea, por la Administración. Resultaría necesario flexibilizar esta previsión legal para otorgar esas ventajas al proponente cuyo proyecto sea, en lo sustan- cial, acogido por la Administración.

Entre las medidas necesarias que hay que adop- tar para conseguir el fomento de la IP, están:

1.1. La creación de una comisión para la promoción de proyectos de iniciativa privada Esta comisión debería estar integrada conjun- tamente por funcionarios de alta cualificación técnica, así como por profesionales indepen- dientes procedentes del sector privado. De hecho, la actual Oficina Nacional de Evalua - ción, regulada en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, podría realizar esta función siempre y cuando se le otorga- se una nueva estructura y una composición público-privada y se incluyese entre sus funcio- nes la gestión y el impulso de los proyectos de IP, además de tener funciones transversales respecto a todos los proyectos financiados con cargo a fondos gestionados por la Administra- ción General del Estado. Un ejemplo de comisión de CPP en el mundo que destaca positivamente por su organización ágil y transversal, así como por su capacidad para concebir y gestionar proyectos de principio a fin con eficacia y para integrar aportaciones de operadores privados en la concepción de proyectos sería la Partnerships British Columbia. Creada por la provincia canadiense de Columbia Británica, regida por un Consejo de Administración y con un único accionista, el ministro de Finanzas. Su principal objetivo es mejorar la vida de las personas y las comunidades a través de las infraestructuras, trabajando con el sector privado para garantizar que la complejidad inherente de las infraestructuras públicas se adapte a un mundo en evolución.

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