Propuestas de mejora para la colaboración público-privada en España
9. Mejorar las condiciones de
mejoran las condiciones económicas para invertir en renovables, digitalización, transporte público, etc. o En el caso de la inversión dirigida a la digitalización, adquiere especial importancia invertir en intangibles (I+D, software, bases de datos, formación de los empleados, etc.), por lo que sería deseable que existiesen avales públicos para la financiación bancaria de estos. Así, sería el ICO el que asumiría las primeras pérdidas hasta un determinado umbral, en caso de impago del prestatario, lo que incentivaría la inversión privada en estos conceptos. o Además, el convenio con el ICO debería revisar la obligación de invertir en vein- ticuatro meses, so pena de la pérdida del aval. Este requisito desincentiva enormemente el desarrollo de inversio- nes que requieran más de doce-quince meses, por no arriesgarse a sufrir perjui- cios y para tener un tiempo extra hasta el límite de los veinticuatro, en el caso de que no se finalice en el plazo previsto. • Mejoras en las condiciones prudenciales de financiación de servicios públicos. El Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parla - mento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modificó recien - temente el Reglamento (UE) n.º 648/2012, que ya está en vigor, permite reducir el consumo de capital en un 25 % si se finan - cian servicios públicos esenciales, siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Se deben clarificar los criterios establecidos para considerar esos requisitos, incluyendo el alcance de los informes preceptivos, la estabilidad del flujo de finanzas (cashflows) y la seguridad jurídica sobre su interpreta- ción en el futuro.
financiación público- privada de empresas y proyectos de innovación En el pasado la CPP entre el sector financiero y las Administraciones públicas fue fructífera. Sin embargo, existe un importante margen de mejora. Se debe crear un marco regulatorio seguro y estable que facilite esa cooperación, de forma que, desde el inicio de cada proyecto, el Estado y el inversor privado dejen claro qué rentabilidad esperan obtener. Esa expectativa debería respetarse y blindarse ante cambios de Gobierno, ya sean normativos o tributarios, para proporcionar así seguridad jurídica. Asimismo, a lo largo de la vida del pro- yecto, el control de este ha de ser compartido, y para ello los técnicos de la Administración deben colaborar con los privados. Además, los avances deben controlarlos y asumirlos ambas partes. Para esto sería necesario que la Administración explicitase las posibilidades de cesión de los derechos de cobro que existan contra ella. Y, por último, en la parte del incum- plimiento, el impago, etc., la Administración debería estar en una situación pari passu con los inversores privados, sin preferencia en el cobro de créditos en caso de concurso. • Mejoras en las líneas ICO para la financia - ción de alianzas público-privadas. El ICO juega un papel determinante en la finan - ciación de proyectos complejos de interés público, por lo que las condiciones de su participación deberían adecuarse a la nueva realidad: o En las líneas ICO de inversión o liquidez, se deben incorporar como beneficiarias las sociedades y, por tanto, las entidades de propósito especial (special purpo- se vehicles) de nueva creación que se utilizan para la financiación de proyectos (project finance). De esta manera, se
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