MÉXICO/13
el horizonte Fin de semana del 1 al 3 de mayo de 2026 DESCARTAN INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN Avala Corte compensar a ejidatarios en Texcoco
La SCJN DETERMINÓ que el Estado debe analizar una RETRIBUCIÓN económica por el decreto AMBIENTAL
DEBATE POR FINANZAS
nunciarse sobre la procedencia de estímulos fiscales o retribucio- nes económicas, conforme al ar- tículo 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec- ción al Ambiente. El ministro presidente, Hugo El fallo generó división en la Corte. Mientras una mayoría avaló la compensación como justicia retributiva, la ministra Lenia Batres advirtió que el precedente podría comprometer las finanzas públicas, al abrir la puerta a pagos por restricciones de uso de suelo en otras zonas del país.
INTERÉS LEGÍTIMO La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una compensación, pero no indemnización, por el decreto al Lago de Texcoco como Área de Protección de Recursos Naturales
solución previa que había des- echado la demanda. La Corte determinó que los ejidatarios cuentan con inte- rés legítimo, al ser propietarios de 111 parcelas sujetas a restric- ciones ambientales; sin embar- go, precisó que no procede una indemnización, ya que no exis- tió expropiación. El fallo ordena que el caso re- grese a un tribunal colegiado para que instruya a la Secretaría de Me- dio Ambiente y Recursos Natura- les y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a pro-
REDACCIÓN El Horizonte
Aguilar Ortiz, aclaró que la reso- lución no fija montos ni periodi- cidad de los apoyos, sino que es- tablece la obligación de analizar medidas de compensación bajo un criterio de justicia retributiva. En contraste, la ministra Lenia Batres Guadarrama, aunque res- paldó la constitucionalidad del decreto, expresó reservas sobre la aplicación de estos mecanismos al advertir que podría sentar un precedente con impacto en las fi- nanzas públicas. A su juicio, equi-
parar las limitaciones al uso de suelo con obligaciones compen- satorias generalizadas podría ge- nerar cargas económicas. El mi- nistro ponente rechazó esa inter- pretación y subrayó que el pro- yecto no equipara la declaratoria de área protegida con una expro- piación, sino que se limita a reco- nocer la necesidad de evaluar me- didas de compensación en casos específicos. La Corte abre la puer- ta a revisar los mecanismos de apoyo a propietarios afectados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió amparar a un gru- po de ejidatarios de San Salvador Atenco al reconocer que el Esta- do debe analizar la posibilidad de otorgarles una retribución eco- nómica por las afectaciones deri- vadas del decreto que declaró al Lago de Texcoco como Área de Protección de Recursos Naturales. Por mayoría, el Pleno avaló el proyecto del ministro Irving Es- pinosa Betanzos y revocó una re-
La justicia diferenciada
COLUMNA
OPINIÓN
POR RAMÓN CABRERA
Los políticos mexicanos de la 4T parecen haber perfeccionado el arte de la MEMORIA SELECTIVA . Hace apenas unos años, el aplauso oficialista retumbaba en las paredes de Palacio Nacional cuando GENARO GARCÍA LUNA era enjuiciado en NUEVA YORK con base en los dichos de los testigos protegidos. S e nos dijo, una y otra vez, que aquel era el fin de una era de “nar- copolítica” y el símbolo máximo de la podredumbre del pasado. Sin embargo, hoy el espejo de la justi-
dad se entrelazan, impera una lógica cono- cida: quien primero aporta información ve- rificable suele colocarse en mejor posición frente a la justicia. La lealtad partidista, en esos contextos, rara vez resiste la amenaza real de una condena severa. Es una tragedia nacional que tengamos que depender de tribunales extranjeros para vislumbrar un rastro de justicia; que hechos presuntamente cometidos en Mé- xico se esclarezcan fuera, cuando sus efec- tos han cruzado fronteras —lo que justifica también la jurisdicción de los Estados Uni- dos para juzgar estos casos allá—. Igualmente preocupante es que nuestras autoridades, en nombre de una soberanía mal entendida, limiten la posibilidad de cons- truir un México más justo, mientras la percep- ción de impunidad se profundiza con cada negativa oficial. Si la vara para medir la co- rrupción depende del color del partido, no estamos ante una transformación, sino ante una sustitución de complicidades. Otro tema relevante es que algunos — en defensa de lo que denominan el “Movi- miento”— invocan la necesidad de agotar el proceso de desafuero (juicio de proce- dencia) de Rocha Moya e Inzunza, olvidan- do que dicha figura está diseñada para el ámbito penal interno. Los procedimientos de extradición, aunque puedan tener com- ponentes mixtos, han sido entendidos his- tóricamente como procedimientos de na- turaleza predominantemente administrati- va. La cuestión jurídica de fondo es clara: si las autoridades optarán por activar medi-
das de aseguramiento para efectos de ex- tradición, o si intentarán extender indebi- damente los efectos del fuero a un ámbito para el que no fue concebido. Conviene recordar que el desafuero bus- ca proteger el funcionamiento de las insti- tuciones nacionales frente a presiones in- ternas derivadas del uso del poder puniti- vo del Estado. Es, en esencia, una garan- tía procesal del orden jurídico interno. Por ello, no resulta casual que la Ley de Extra- dición y los tratados internacionales omi- tan contemplar de manera expresa esta fi- gura como obstáculo para la cooperación internacional. Ese tema, ante la falta de ley expresa que lo resuelva, tendrá que ser resuelto a través de la interpretación jurídica, lo que coloca- rá a la 4T en una encrucijada, pues tendría que recurrir a argumentos que entran en franca contradicción con lo que ha hecho con antelación y, sobre todo, con lo que ha sostenido en los casos donde los imputa- dos son opositores políticos. Mientras la justicia siga siendo un ar- tículo de exportación, la soberanía co- rre el riesgo de convertirse en el refugio de quienes buscan evadirla. La verdadera prueba no está en el discurso, sino en la consistencia: si la exigencia de justicia es selectiva, deja de ser justicia y se convier- te en instrumento político. La pregunta no es solo si este será el único caso, sino cuántos más serán necesarios para que esa contradicción resulte insostenible. r.cabrera@spetsen.mx
dos, hoy salen a exigir “pruebas contun- dentes” y se envuelven en la bandera de una soberanía mal entendida para prote- ger a los propios. La pregunta es obligada: ¿por qué la evidencia del Departamento de Justi- cia de EUA era una verdad incuestiona- ble ayer y hoy es una “infamia sin susten- to”? La respuesta es tan incómoda como evidente: reconocer la posible responsabi- lidad en casa implicaría un costo político difícil de asumir para un movimiento que juró ser distinto. Ante la disyuntiva de depurar o cerrar fi- las, el oficialismo parece inclinarse por el atrincheramiento. Ha decidido esperar, apostando a que el ruido electoral diluya los señalamientos de una presunta “narco- nómina” que, según expedientes en Wash- ington, habría permeado estructuras rele- vantes del estado de Sinaloa. Pero hay un factor que la política no controla del todo: el instinto de supervivencia. Mientras en el discurso público se invoca el patriotismo, no sería extraño que, en paralelo, comien- cen movimientos discretos orientados a la autoprotección individual. Sería ingenuo descartar que existan ya actores operando en la sombra, buscando reducir riesgos personales mediante coo- peración con autoridades extranjeras. En escenarios donde la política y la criminali-
cia estadounidense nos devuelve un reflejo que el gobierno actual se resiste a recono- cer. Ahora, súbitamente, exigen un puris- mo probatorio que antes ignoraban, des- conociendo —o soslayando— que el Tra- tado de Extradición entre México y EUA, en su etapa de solicitud, no exige la acre- ditación del delito “más allá de toda duda razonable”. Basta con establecer la “cau- sa probable”: elementos que doten de ve- rosimilitud a la existencia del ilícito y a la presunta responsabilidad de los recla- mados. Pretender exigir desde ahora una sentencia anticipada no es rigor jurídico, sino una forma de confundir a la opinión pública sobre un proceso técnico que apenas comienza. Con la formalización de los cargos y las solicitudes de extradición contra el gober- nador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, entre otros po- líticos de la transformación, la narrativa de la “superioridad moral” ha chocado de frente con una realidad incómoda. Aquellos que celebraron la caída de fun- cionarios de sexenios anteriores bajo acu- saciones sustentadas en testigos protegi-
RAMÓN CABRERA: Soy doctor en Derecho por la UNAM, ex Magistrado Federal, ex Subprocurador Ju- rídico y ahora socio director de Spetsen, SC. También soy especialista en temas fiscales y de prevención de lavado de dinero. Me gusta jugar tenis y me apasiona el futbol soccer
Made with FlippingBook Ebook Creator