16 Ultima Hora SÁBADO, 24 DE MAYO DE 2025
Opinión
CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS
Climent Olives Camps
Presidente de la Asociación de Constructores de Baleares
Las ECUs han llegado para agilizar las licencias
caso de que, los consistorios no se pronuncien, las entidades actuaran conforme a lo establecido en la Ley 7/2024 de medidas urgentes de simplificación y racionalización admi- nistrativa de las administraciones públicas de les Illes Balears. Ahora pedimos al resto de Consells máxima celeri- dad en la habilitación del registro y a los consistorios que no pongan impedimentos para que las ECUs puedan actuar y aprovechen la agilización en los trámites en beneficio de sus ciudadanos. Los ayuntamientos que no pueden garantizar la tramitación y comunicación de una licencia en el plazo de tres meses que marca la ley, deberían acogerse al uso de las ECUs para agilizar los plazos el máximo posible. Es de senti- do común y de responsabilidad. En las comunidades autó- nomas dónde ya está implantado, como Madrid o Valencia, se ha reducido de forma considerable el tiempo de tramita- ción. Se trata de una colaboración público-privada que fun- ciona sin restar ninguna capacidad de control a la adminis- tración local como garante final del cumplimiento de la nor- mativa. Esta colaboración consiste en posibilitar que entida- des privadas intervengan en verificar los requisitos de inte- gridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la documentación correspondiente a la licencia o declara- ción responsable, exigidos por la normativa aplicable. Com- probar que los proyectos y la documentación técnica cum- plen la normativa técnica aplicable, la legislación urbanísti- ca y el planeamiento de aplicación. Verificar la adecuación de la ejecución de las obras a la licencia o a la declaración responsable. Estas verificaciones se pueden llevar a cabo tanto de manera previa al inicio de las obras, como durante su ejecución, o una vez ejecutadas. Además, a las ECUs, como entidad privada que se contrata, se les puede exigir y reclamar que cumplan con los plazos establecidos, a diferen- cia de lo que ocurre con la administración pública.
El decreto ley de Simplificación Administrativa del Govern abrió la puerta a que las Entidades Colaboradoras Urbanísti- cas puedan emitir informes técnicos y jurídicos para reducir los plazos de la concesión de licencias urbanísticas y facilitar el trabajo a las áreas urbanísticas municipales. El Consell de Mallorca ha sido el primero en crear el registro y ya ha ins- crito y autorizado a tres entidades de certificación urbanísti- ca (ECUs) que podrán tramitar licencias de obra ante los departamentos de urbanismo municipales de los ayunta- mientos de Mallorca. A partir de aquí, cada ayuntamiento podrá regular mediante ordenanza el funcionamiento de estas entidades en su municipio y excluir, por acuerdo ple- nario, en todo o en parte, el ámbito de su actuación. En el ❝ «Ahora pedimos a los consistorios que no pongan impedimentos para que las ECUs puedan actuar y aprovechen la agilización en los trámites en beneficio de sus ciudadanos»
S i hay un problema cronificado en Baleares es la tramitación administrativa municipal de licen- cias de obra. Las largas demoras de hasta dos años generan una enorme indefensión y un gra- ve perjuicio económico e inversor a particulares y empresas. Además, estos retrasos agravan la crisis de la vivienda, incrementan costes y bloquean proyec- tos. Por nuestra experiencia, el retraso en la tramitación provoca, en muchos casos, que el presupuesto planteado deba modificarse al alza con el incremento del precio de materiales que supone iniciar la obra con meses o años de retraso. El coste de proyecto también se puede ver afectado si hay cambios normativos que obligan a actualizar proyec- tos. Las demoras provocan fugas de inversión previstas y se compromete la amortización de inversiones ya realizadas en la compra de suelo o en la misma edificación. A nuestro entender, en la concesión de licencias urbanís- ticas se produce un abuso de poder y una clara discrimina- ción entre administración y ciudadano. ¿Por qué los incum- plimientos de la ley en esta materia tienen consecuencias económicas y jurídicas para particulares o empresas y, en cambio, ninguna para las administraciones? Los retrasos solo los paga el ciudadano, sin ser responsable.
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