XI. CONCLUSIÓN
Entre las políticas a implementar, es necesario: (1) adecuar las normas y prácticas empresariales que limitan la participación de socios minoritarios en los emprendi- mientos de riesgo, (2) adecuar los marcos normativos para facilitar las inversiones innovadoras, (3) Habilitar tratamientos fiscales preferenciales para las inversiones de capital de riesgo y eliminar las situaciones de doble tributación, (4) atraer talen- to local con conocimiento del ecosistema digital en la gestión de los capitales de riesgo, y (5) incrementar las opciones de salida para la inversión de riesgo. • Desbloquear barreras a la innovación a través de mejoras en las po- líticas públicas: el capital de riesgo privado por sí solo no solucionará las necesidades de los emprendimientos de menor atención para el capital privado, ya sea por su escala o industria específica. En este sentido, la participación pública en este rubro, que en la actualidad supera los US$ 20 mil millones, seguirá siendo fundamental para seguir creando condiciones sistémicas, como así también para salvaguardar los emprendimientos con mayor peso de retornos sociales. Esto in- cluye: (1) incrementar la calidad de la inversión en capital de riesgo público, (2) redistribuir la inversión pública de acuerdo a la necesidad de los ciclos de vida de los proyectos de innovación hacia las etapas precompetitivas, (3) generar en para- lelo metas de largo plazo y entregables de corto plazo y revisiones de las políticas de promoción de la innovación digital, y (4) crear y sostener plataformas de apo- yo a la innovación digital compuestas por el capital privado y los fondos públicos. • Promover la inversión de bancos de desarrollo: La propia naturaleza de los bancos multilaterales de desarrollo, como son la estabilidad en el tiempo, la alta concentración de talento humano, la multiculturalidad y la capacidad financie- ra ubica a estas instituciones en una posición para generar enormes incentivos y capacidades para apoyar a los proyectos de innovación. Estas pueden ayudar en cuatro áreas: (1) apoyo a la innovación de grandes empresas generando los vasos comunicantes entre las industrias de alta competitividad tanto regionales como internacionales y sus proveedores locales y, a su vez, construir esquemas de transferencia regionales entre centros de investigación y el sector privado, (2) apoyo no financiero a la innovación en materia de estudios de factibilidad, eva- cuación y monitoreo para el desarrollo de proyectos, (3) gestión de fondos de financiamiento agrupados (pooled funds ) para la promoción de iniciativas innova- doras, y (4) definición mecanismos de financiamiento innovadores (por ejemplo, financiamiento condicional, garantías para la gestión del riesgo). • Definir estímulos adecuados para promover la innovación: Las políticas públicas en materia de promoción de la innovación deben tener como objetivo dinamizar el proceso de aprendizaje de capacidades de innovación para que los países latinoamericanos puedan sobreponerse al proceso de selección compe- titiva y no quedar excluidos del comercio internacional de valor agregado y por tanto de la generación de riqueza. Es por ello que las políticas deben apuntar a adoptar las medidas de cambio estructural a fin de complejizar, diversificar la eco- nomía a partir del uso intensivo y difundido de tecnologías en aquellos sectores con potencial de competencia y derrame en el conjunto de la matriz productiva. Esto incluye la promoción de estructuras de mercado competitivas en el sector de infraestructura tecnológica, como lo son las telecomunicaciones. Esto implica
INICIATIVAS EMPRESARIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA DIGITAL IBEROAMERICANO
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