Blog Sembrando hoy la Agricultura del futuro
Vivienda de trabajadores agrícolas en Sumas, Washington, proporcionada por Familias Unidas por La Justicia. Aunque a estos trabajadores se les ha considerado esenciales debido al rol fun- damental que desempeñan en el mante- nimiento del suministro de alimentos del país, el Gobierno federal no ha establecido las normas de prevención del virus como obligatorias, dejando en los terratenientes la decisión de cuáles medidas de seguridad desean adoptar. Los Centros para el Con- trol y la Prevención de las Enfermedades (CDC) emitieron directrices para los prin- cipales sectores del empleo; sin embargo, estas no son obligatorias. Aunque el De- partamento de Trabajo puede obligar a los empleadores a seguir dichas directrices en casos de emergencia, hasta el momento ha decidido no hacerlo. Los defensores de los derechos laborales están presionando para conseguir el establecimiento de requisitos legales, a fin de que los trabajadores pue- dan recurrir a ellos cuando los asuntos de seguridad constituyen una preocupación. Además, la Unión de Trabajadores Agrí- colas desea que las agencias federales y los distintos estados demanden licencias retribuidas por enfermedad, acceso a aten- ción médica y viviendas ampliadas para proporcionar un mayor distanciamiento social. El Departamento de Trabajo declaró que “Debido a la disponibilidad actual de autoridades de ejecución y al carácter flexible de esta crisis sanitaria, la Admi- nistración de Seguridad y Salud Ocupa- cional (OSHA) no considera apropiado aplicar un nuevo reglamento o norma en estos momentos”. Conscientes de que su capacidad para cosechar podría estar en peligro si un gran número de obreros se contagia de CO- VID-19, algunos grandes terratenientes han instalado voluntariamente más puntos de lavado de manos y han aumentado la cantidad de viviendas para los trabajado-
res y de autobuses desinfectados. No obs- tante, muchos propietarios de fincas pe- queñas aún no han implementado ninguna medida adicional de seguridad. Incremento en la vulnerabilidad de- bido a una mala salud Incluso antes de que iniciara la pande- mia de COVID-19, muchos obreros agrí- colas migrantes presentaban afecciones médicas subyacentes y un acceso limitado a atención sanitaria preventiva. De acuer- do con un estudio del Instituto de Salud Global de la Universidad de California, de los trabajadores agrícolas contratados en California, cerca del 70 % no está ase- gurado y el 95 % de los empleados por contratistas carecen de seguro médico por medio de su trabajo. Con poco tiempo y dinero para cocinar alimentos nutritivos o para visitar a un médico, muchos padecen de obesidad, altos niveles de colesterol, diabetes e hipertensión, afecciones que incrementan el riesgo de enfermar grave- mente de COVID-19. Desafíos planteados por las pruebas Immokalee, Florida, la capital na- cional del tomate durante el invierno, constituye el hogar de 25 000 personas durante dicha estación y el inicio de la primavera. Allí, el Departamento de Sa- lud de Florida reportó 1207 casos de CO- VID-19, lo que representa una tasa posi- tiva de 36 %. Por primera vez en su historia, Médi- cos sin Fronteras estableció una clínica en los Estados Unidos, en Immokalee, donde ofrecen pruebas a los trabajadores migran- tes, distribuyen productos sanitarios y pro- mueven la aplicación de prácticas de salud pública. La clínica móvil se desplaza de finca en finca para realizar pruebas a los obreros agrícolas; sin embargo, algunos se muestran reticentes a dar su dirección exacta o información de contacto por mie- do a ser deportados. Según Oscar Otzoy,
de la Coalición de Trabajadores de Im- mokalee, cuando las agencias los llaman para brindarles los resultados positivos de las pruebas, no hacen preguntas sobre la trazabilidad de los contactos ni les indican por cuánto tiempo deben permanecer ais- lados. En Immokalee, una vez finalizada la temporada de tomate, ya no hay trabajo, por lo que los trabajadores agrícolas mi- gran hacia el norte, a campos ubicados en Georgia, las Carolinas, Virginia y Míchi- gan. Los grupos defensores temen que es- tos obreros puedan llevar el virus a estos lugares. “Estamos muy preocupados porque lo peor está aún por venir”, afirmó Bruce Goldstein, presidente del grupo defensor denominado Justicia para los Trabajadores Agrícolas. Al respecto, señaló que “Con la escasa protección disponible, tememos que se produzca un aumento sustancial en los casos de COVID-19 entre los obreros agrícolas”.
Suzanne Driscoll es una escritora inde- pendiente de San Petersburgo, Florida. Ha escrito artículos para publicaciones nacionales sobre temas relacionados con negocios, asistencia sanitaria, educación e inmigración.
Nota: Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la opinión del IICA.
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El IICA ante el Covid-19
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