artificial y sus implicaciones en la educación superior. Asimismo, en este resumen ejecutivo, se examina el estado actual de las siete prioridades estratégicas identificadas en el Informe CYD 2021/2022 , sobre las cuales se han cimentado los trabajos y las acciones de la Fundación CYD durante este último curso. 1. Aumentar la inversión en educación superior Aumentar la inversión en educación superior es una de las demandas recurrentes de las universidades españolas. Los datos respaldan esta necesidad. En comparación con los países de la OCDE, España continúa enfrentando problemas de financiación. Según el informe Education at a Glance 2023 de la OCDE, en 2020 las instituciones de educación superior españolas destinaron, en promedio, 14.361 dólares por alumno, un 20,7% por debajo de la media de la OCDE, lo que situó a España en la posición 23 de 37. También el gasto en educación superior como porcentaje del PIB en España (1,46%) es inferior al promedio de la OCDE (1,50%). De hecho, en el año 2020, España destinó el 2,08% del gasto público total a la educación superior frente al 2,35% de la media de la Unión Europea y el 2,68% de la OCDE. Relativizando el valor anterior por el PIB (como medida del esfuerzo que puede realizar cada país), España sigue quedando en una posición desfavorable con respecto a los países de la OCDE, con un gasto público en educación superior en 2020 que representaba el 1,08% del PIB, en contraposición al 1,26% de la OCDE. Respecto al año anterior, se observa una mejoría en este indicador, con un crecimiento del gasto público en educación
superior en España del 1,8%. Sin embargo, sigue siendo una cifra inferior al crecimiento registrado en la OCDE (3,3%) y en la UE (2%). España también difiere del promedio de la OCDE en la distribución del gasto en educación superior entre fuentes públicas y privadas, con una mayor participación relativa del sector privado (en 2020, 32,5% en España, 29,9% en la OCDE y 20,2% en los países de la UE), que parece ir en aumento en comparación con hace una década (2012). Este incremento también se manifiesta al analizar el origen de los fondos de las inversiones en I+D. De hecho, en los últimos cinco años, España ha aumentado notablemente el peso de la inversión en I+D sobre el PIB, pasando de un 1,19% en 2016 al 1,43% en 2021, y han sido las empresas e instituciones privadas sin fines de lucro las que más han impulsado este crecimiento. Ahora bien, no todos los sectores institucionales han incrementado el gasto en I+D con la misma intensidad. Este es el caso de la Administración pública y la enseñanza superior (participación relativa del 16,91% y del 26,6%, respectivamente), que siguen sin recuperar los valores máximos alcanzados en 2010. Las cifras anteriores reflejan una brecha significativa en materia de financiación entre España y los países de la OCDE. Si bien en algunos indicadores ha habido un crecimiento respecto al año anterior, el ritmo al que crecen las cifras es insuficiente para conseguir los objetivos de convergencia o incluso los fijados por el regulador, con lo que difícilmente se cumplirá con el objetivo definido en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 de alcanzar un gasto en I+D del 2,12%. La escasez de recursos
está obligando a las universidades a hacer malabares con los recursos actuales para atender sus necesidades. Como consecuencia de la falta de recursos, las universidades han intensificado su interés y esfuerzos en la denominada financiación alternativa (o fundraising ). Dicho de otra manera: dado que no hay un impulso suficiente desde la Administración pública para mejorar la financiación, resulta inaplazable buscar fuentes alternativas, e, inspirándonos en los modelos de universidades americanas y anglosajonas, diseñar estrategias institucionales de captación de fondos filantrópicos. Sin embargo, la financiación alternativa todavía representa una parte muy modesta (1-2%) del presupuesto de las universidades españolas, por lo que está todavía lejos de conseguir una masa crítica de donantes y mecenas que perduren en el tiempo. Por otra parte, impulsar una formación de calidad y una investigación de vanguardia requiere no solo de inversión, sino de la adopción de nuevos modelos de negocio modernos, originales y audaces. Quizás una de las principales barreras a explorar nuevas vías radica en la tendencia a asociar una mayor inversión con un “café para todos”. Todo lo contrario. Una mayor inversión debería ir acompañada de la máxima confianza que dicha inversión de dinero público será bien aprovechada. Es decir, que haya una asignación de recursos meditada, basada en un sistema de justificación de impacto, y ajustada a las necesidades estratégicas de cada institución. Esta tarea requiere la participación tanto del Gobierno central como de las Administraciones autonómicas, pero, sin lugar a dudas, lograrlo también
depende de la acción de los directivos de las universidades y la colaboración de todos los actores del ecosistema universitario. El Ministerio publicará, próximamente, un informe sobre la financiación de las universidades. Será muy positivo que el alcance de este informe contribuya de forma efectiva al debate de la mejora del sistema de financiación. 2. Atraer talento y asegurar el relevo generacional del personal docente e investigador En el curso 2021-2022, 133.484 personas formaban parte de la plantilla del personal docente e investigador (PDI) del sistema universitario español. Respecto al curso anterior, representa un aumento del 2,6%, que resulta de tasas muy distintas entre las universidades públicas (1,3%) y privadas (10,3%). De hecho, desde el curso 2010- 2011, y en paralelo al aumento del número de universidades privadas, el PDI de dichas instituciones se ha más que duplicado, en contraste con el aumento del 5,2% en las universidades públicas. En el conjunto del sistema, este incremento del PDI, junto con la disminución del número de estudiantes de las públicas y el crecimiento menor de estudiantes que de PDI en las privadas, ha hecho que, en promedio, la ratio alumno/ profesor se haya reducido. Es en la composición de la plantilla del PDI donde se han observado mayores cambios en esta última década. En las universidades públicas ha habido una disminución continua del personal funcionario (7.924 en números absolutos de 2010-2011 a 2021-2022) y un aumento en el profesorado contratado (6.080 asociados y 6.426 otros contratados), que
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