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Las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables ante el imparable fenómeno de la digitalización. Pese a sus esfuerzos por adaptarse a las nuevas circunstancias, para muchos de ellos es misión imposible. Es lógico, no han sido alfabetizados en el lenguaje digital y su autonomía se ve mermada cuando se enfrentan a la tecnología. Hoy día prácticamente todas las interacciones comerciales, bancarias y administrativas se realizan en línea, un proceso irreversible que además se ha acelerado con la pandemia de la covid-19. Las administraciones públicas deben proteger los derechos de los ciudadanos y las empresas deben cuidar la atención al cliente. Entonces, ¿se han olvidado de los mayores?, ¿hacen suficiente esfuerzo por eliminar esas barreras digitales que son fuente de desigualdad para los mayores? El estudio Administración electrónica y personas mayores, elaborado por Cotec y la Universidad de Murcia, aborda estas cuestiones. El trabajo expone algunas de las razones que impiden que los mayores de 65 años utilicen los servicios públicos digitalizados. La falta de competencias digitales para realizar trámites por internet, no disponer de instrumentos con los que completar estas gestiones o la desconfianza en el entorno virtual son algunas de las principales barreras. «Si alguien debe garantizar la igualdad de derechos en los servicios y administraciones
con la ciudadanía debe ser el sector público. Lamentablemente, no es así. La Administración electrónica no está puesta al servicio de las personas mayores, ni está adaptada a sus características, a sus necesidades», afirma el profesor de la Universidad de Murcia Salvador Manzanera, uno de los autores del informe. El documento establece una serie de medidas concretas para reducir la brecha digital de este colectivo y aporta soluciones a situaciones de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social generadas por el proceso de digitalización. Entre otras propuestas, plantea un plan de diagnóstico de las competencias y habilidades digitales de los empleados públicos, así como un programa de formación digital, tanto para los funcionarios, como para la población de más de 65 años. El estudio también recomienda la asistencia directa a este colectivo desde oficinas de apoyo y recurrir a la experiencia de los mayores que usan internet para el diseño de aplicaciones informáticas que les resulten más fáciles de utilizar, más comprensibles y más intuitivas. «La innovación debe ser plural y democrática, porque si no, la sociedad no avanza en calidad de vida ni en bienestar. Y esto tiene que ir de la mano de la preservación de los derechos a nivel público. No puede haber barreras en función de la edad ni del nivel socioeconómico y cultural», coincide
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